Acceso al agua, un derecho humano amenazado en Chile

Por Carolina Miranda

En mayo de 2023, el relator especial de derechos humanos relacionados con el medio ambiente, David R. Boyd, realizó una visita a Chile para evaluar el progreso del país hacia un medio ambiente limpio y sostenible. A pesar de la cooperación del gobierno chileno y la ratificación del Acuerdo de Escazú, se reveló que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes y lentas para abordar las graves crisis ambientales y las violaciones continuas de estos derechos. Las comunidades marginadas continúan enfrentando exposición a sustancias tóxicas, escasez de agua y contaminación atmosférica, lo que ha dejado a muchas personas desamparadas y abatidas. Los testimonios recogidos durante la visita muestran el impacto devastador en la salud de las personas, especialmente los niños, y subrayan la urgente necesidad de acciones más enérgicas por parte del gobierno y la comunidad internacional para proteger el derecho fundamental a un medio ambiente seguro y saludable en Chile.

En el contexto del Día Mundial del Agua, celebrado este viernes, presentamos los resultados de este informe respecto a este vital elemento. El informe reconoce que aunque la mayoría de los chilenos disfrutan de agua limpia, comunidades en áreas rurales y asentamientos informales sufren por la falta de un suministro seguro y suficiente que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Este déficit, exacerbado por décadas de privatización del agua, ha dado lugar a un control desproporcionado por parte de sectores como la agricultura industrial y la minería, en detrimento de comunidades rurales, indígenas y pequeños agricultores.

La situación se ve agravada por una megasequía prolongada y los efectos del cambio climático, que están agotando aún más las aguas del país. El caudal de ríos como el Loa en el norte de Chile ha disminuido considerablemente debido a la demanda de agua de la industria minera y el crecimiento urbano, afectando negativamente a las comunidades indígenas y al medio ambiente local. Además, la escasez de agua se ha manifestado en ríos y lagunas, como la laguna de Aculeo, al sur de Santiago, lo que pone en peligro no solo el acceso al agua, sino también los medios de subsistencia y la biodiversidad locales.

En el caso de la laguna de Aculeo, su desaparición ha sido impactante. Antes era una extensión de agua de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados, ahora se encuentra completamente seca, dejando atrás un paisaje desolador. Esta transformación drástica ha afectado a más de mil familias que residían en las cercanías de la laguna y dependían de ella para sus actividades económicas y de ocio. Además, se estima que la desaparición de la laguna ha generado pérdidas económicas que superan los millones de dólares, especialmente en el sector turístico y de servicios asociados a la laguna.

En Petorca, la situación del agua es igualmente alarmante. Según datos recientes, aproximadamente el 40% de la población rural de la región no tiene acceso a un suministro confiable, constante, seguro y suficiente de agua potable. Esto ha llevado a que muchas personas dependan del agua distribuida por camiones cisterna, pagando precios exorbitantes por un recurso básico: se estima que el costo de un metro cúbico de agua (mil litros) es de más de 8.000 pesos chilenos, lo que representa una carga financiera significativa para las familias ya vulnerables de la zona.

De nuestra región, el relator recibió a representantes de la Asociación Regional Ambiental de O¨Higgins, cuyos directivos alertaron que la situación del agua también presenta desafíos significativos dada la importante actividad agrícola, es que se enfrentan problemas de escasez y sobreexplotación de este bien común. La organización expuso el impacto de la agricultura intensiva, que incluye cultivos como la uva, cerezas, paltas y la fruticultura de exportación, y la agroindustria con planteles de crianza de pollos y cerdos entre otras industrias altamente contaminantes.

Todas ellas han aumentado la demanda de agua, ejerciendo presión sobre los acuíferos locales y disminuyendo la disponibilidad de agua para otras actividades y para el consumo humano. Y se repite lo que se ha descrito en todo el territorio nacional, los serios desafíos para las comunidades locales, los pequeños agricultores y el ecosistema.

El informe concluye que, a pesar de las recientes modificaciones en la legislación para priorizar el consumo humano, las medidas tomadas por el gobierno chileno siguen siendo insuficientes para abordar esta crisis. Se necesitan acciones más enérgicas, desde la implementación de tecnologías de riego eficientes hasta la construcción de desalinizadoras para comunidades afectadas, así como una reevaluación de la gobernanza del agua que garantice un equilibrio justo entre las necesidades humanas, ambientales e industriales.

Recomendaciones

El relator de la ONU termina dando una serie de recomendaciones, y respecto al tema hídrico dice que es obligación del Estado asegurar el acceso a un agua potable en cantidad suficiente y a un saneamiento adecuado:

• Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos a todos los aspectos de la gobernanza del agua, conforme a lo dispuesto por el relator especial.
• Tomar medidas para revertir la privatización del agua y reasignar el agua con el fin de hacer efectivos los derechos humanos y satisfacer las necesidades humanas.
• Dar prioridad a la sustitución del agua suministrada por camiones cisterna por infraestructuras hídricas que garanticen el pleno disfrute del derecho humano al agua.
• Garantizar en la legislación los caudales ambientales de los ríos y humedales, asegurándose que la cantidad, la cadencia y la calidad de los caudales de agua dulce sean suficientes para mantener unos ecosistemas acuáticos saludables, así como los medios de subsistencia y el bienestar humanos que dependen de ellos.
• Proteger las fuentes de agua de la sobreexplotación y la contaminación y restablecer la salud de los ecosistemas acuáticos.
• Garantizar la alta eficiencia de todos los equipos que utilizan agua, incluidos los sistemas de riego, los inodoros y los electrodomésticos. 
• Exigir que en la construcción y reforma de edificios se incorporen soluciones para la captación del agua de lluvia y accesorios de reducción de caudal, entre otras.
• Exigir a los usuarios, especialmente a las empresas, que paguen por el agua y por el tratamiento de las aguas residuales, y estableciendo salvaguardias para proteger los derechos humanos, de modo que se asegure acceso al agua y al saneamiento para las personas y comunidades con bajos ingresos.
• Reducirlos vertidos de aguas residuales sin tratar o insuficientemente tratadas, a través de la mejora de las instalaciones para el tratamiento de aguas residuales, financiada por tasas que abonarán los responsables de la contaminación.