Por equipo de El Regionalista
Tras dos años desde que el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, endureció la aplicación de la norma a la hora de autorizar loteos en el territorio rural, en los últimos días la cartera presentó un proyecto de ley sobre parcelaciones rurales.
La iniciativa se propone limitar el efecto nocivo que se está produciendo en el mundo rural con verdaderos pueblos surgidos fuera de lo que establece la ley, que impactan el ambiente, sobreexigen los servicios municipales, los suministros de energía y agua y alteran la vida de las comunidades del campo.
La propuesta de ley fue secundada por dos carteras: los ministerios de Vivienda y de Agricultura. Este último, que inició la ofensiva a través de la gestión del SAG, intervino con urgencia porque las restricciones derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania desnudaron las falencias del sistema alimentario nacional. Mientras prosperaba la pérdida de terreno productivo de alta calidad a expensas de las parcelas de agrado, la superficie sembrada en Chile descendió casi a la mitad en 40 años y, como consecuencia de ello, la dependencia de legumbres y cereales procedente de otros países nos recordó todo lo que hemos perdido de producción propia y llevó la vista a la vulnerabilidad del abastecimiento importado.
Por eso, el gobierno se ha empeñado en regular el tema y deberá enfrentar el poder de la industria inmobiliaria que hasta ahora sacaba gran provecho de la subida de la demanda de parcelaciones rurales, que subió explosivamente casi en un 50% entre 2015 y 2022.
Pero la propuesta de ley que acaba de ingresar al parlamento no llegó sin controversia. Inmediatamente Agricultura y el SAG quisieron cumplir rigurosamente su rol, entidades del mundo inmobiliario privado acudieron a tribunales, acusando a ambas entidades de exceder las atribuciones que la ley les dio. Según aquellas entidades, como la Asociación Chile Rural que reúne a inmobiliarias, el SAG solo debía restringirse a verificar que las subdivisiones no tuvieran superficies inferiores a media hectárea.
La justicia falló a favor del ministerio y del SAG por lo que, hoy, el ingreso del proyecto de ley al parlamento se produce en un momento en que la empresa privada no ha tenido más remedio que esperar la propuesta, sabiendo que la intervención del capital en el área tendrá restricciones a futuro.
La propuesta legal de Agricultura y Vivienda tiene por fin dar sustentabilidad a la ocupación del territorio rural, estableciendo condiciones claras para iniciativas habitacionales con el fin de mitigar sus impactos.
De esta forma, cuando las parcelaciones no tengan finalidad silvoagropecuaria y sean destinadas a vivienda, la norma admite la figura de “conjuntos residenciales rurales” y define que sus impulsores deberán resolver los servicios básicos como agua, luz, recolección y transporte de residuos, sus caminos de acceso; comprometer normas de seguridad y convivencia y de tenencia responsable de mascotas, cierres perimetrales, y medidas para prevenir y reducir la ocurrencia de incendios forestales. También deberán destinar un porcentaje a actividades silvoagropecuarias y definir métodos de mitigación de impacto ambiental.
La propuesta de ley también admite la opción de construcción de viviendas en una parcela en la medida que la vocación de esta sea silvoagropecuaria y al menos un 70% de su superficie tenga finalidad silvoagropecuaria.
Respecto de la superficie mínima parcelable, el proyecto de ley mantiene la conocida media hectárea que deberá dedicarse a fines agrícolas, ganaderos o forestales y agrega una presunción legal. Según ella, en relación con todo proyecto de subdivisión que contemple seis o más lotes colindantes cuya superficie individual por lote no supere las tres hectáreas físicas, individualmente considerado o sumado a una subdivisión anterior adyacente, se presumirá que el proyecto se destina al establecimiento de uno o más conjuntos residenciales rurales, debiendo cumplir con los requisitos aplicables a éstos.
Y como la misma autoridad ha reconocido que la presión por las parcelas de agrado ha sobrepasado su capacidad para hacer cumplir la ley, la iniciativa legal eleva las facultades de los organismos controladores y también las multas por infringir lo dispuesto por la ley. Las infracciones, según ello, podrán sancionarse con multas de hasta el 200% del avalúo fiscal de los terrenos hasta un máximo de mil UTM, cerca de 66 millones de pesos, cobro que podrá reiterarse cada año mientras la parte infractora se mantenga en la ilegalidad.
En síntesis, si la propuesta de ley avanza en el Congreso, es posible que sucedan varias cosas: una, que construir una parcela de agrado ya no sea “tirar y abrazarse” como se diría en buen chileno. Otra, que se frene la proliferación de urbanizaciones irregulares y su impacto en la vida rural. Y lo tercero es que se detenga la tendencia a la baja de la superficie cultivable.
Si todo ello pasa, tendremos buenas noticias para el campo chileno y la alimentación de quienes habitamos el territorio.