Caravana de la muerte en el complejo Maderero y Forestal Panguipulli: 45 víctimas y un despojo.

Por Edison Ortiz

De Carranco a Carrán

Tal como lo describe José Manuel Bravo en su texto, “el fundo y la fábrica eran propiedad de los Echavarría y se extendía a ambos lados del río Fuy, dese el algo Pirihueico hasta el lago Neltume, llegando por un lado hasta los faldeos del volcán Choshuenco y por el otro hasta la cordillera de Lipinza”.

La zona, rica en vegetación y fauna nativa, había sido foco de conflicto desde inicios del siglo pasado, al calor de los procesos de transformaciones que se iniciaron con el gobierno de Frei Montalva y que se profundizaron con Allende.

EL 23 de noviembre, casi 20 días después de que ‘el compañero presidente’ iniciase su mandato, comenzaron una serie de tomas que, empezando por Carranco, terminaron en Carrán con la toma de 24 fundos para los cuales los obreros exigieron expropiación, solicitud a la que el gobierno popular accedió, procediéndose al traspaso de 21 de ellos. El 15 de marzo del año siguiente llegó el interventor, el ingeniero forestal Rodrigo Undurraga, a lo que pasaría a llamarse el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli (Cofomap).

El complejo tenía una superficie de bosque de 400.000 hectáreas, se creó bajo la administración de Corfo, y en torno a sus distintas dependencias, sus trabajadores constituyeron la Federación Provincial Campesina Indígena, Ranquil, que agrupó a 28 mil obreros, convirtiéndose en la industria maderera más grande del país con un circuito completo de producción, distribución y comercialización de la madera y de trigo, todo lo cual se gestionaba con vapores, tren, escuelas, supermercado, hasta una línea telefónica propias, al punto que el presidente Salvador Allende, acompañado por su ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, lo visitó el 7 de octubre de 1972, reuniéndose con cerca de 4 mil personas entre las que había trabajadores y familiares.    

Por ello, fue un objetivo prioritario de los militares intervenirla y de ahí las medidas ejemplificadoras que las nuevas autoridades tomaron, como ejecuciones de dirigentes y trabajadores. El propósito fue asfixiar el complejo que, pese a las opiniones iniciales favorables de los interventores militares,  como la del coronel René López García, igual se desmanteló bajo las manos del entonces yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, vendiéndose en medio de un confuso proceso en que, el entonces director de Conaf, fue acusado incluso de enriquecimiento ilícito en las querellas criminales presentadas en su contra tanto por el fiscal militar de Temuco, Alfonso Podlech como por el abogado Ricardo Claro.

Comienza la masacre

El 11 de septiembre de 1973, los trabajadores del complejo convocaron una asamblea y decidieron acciones para respaldar al gobierno. Como medida de presión acudieron al retén de Neltume la madrugada del 12 para solicitar a Carabineros cumplir con su deber de defender al gobierno constitucional.  Se intentó prender fuego al retén para que el humo hiciera salir a los policías, pero gritos provenientes desde el interior hicieron entender que allí había mujeres y niños.

La quema del retén aborta, aunque de inmediato se inició la balacera en un solo sentido, hacia los campesinos, y en la que intervienen activos de refuerzo movilizados desde otros lugares. Los campesinos y los principales activistas del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), encabezados por el ‘comandante Pepe’, todavía no dimensionaban que ese sería el motivo que se esgrimiría luego para una ejecución masiva de campesinos y trabajadores del complejo.

Como fue característico en esa zona fueron principalmente carabineros y efectivos del Ejército quienes participaron en los actos violatorios de derechos humanos cometidos, pero también tuvo protagonismo el paso por la zona de la siniestra comitiva del general Sergio Arellano Stark que coincidió con la ejecución de los doce obreros madereros de Neltume los días 3 y 4 de octubre de 1973. Incluso la ejecución del “comandante Pepe”,  José Liendo Vera, líder de los trabajadores que asediaron el retén de Neltume, se retrasó precisamente para que pudiera estar en ella presente “el delegado del comandante en jefe del Ejército”, tal como está relatado en el texto de Héctor Araya: “válido es también conocer el testimonio prestado ante la justicia por el capellán del ejército Diego Aldo Muñoz Fuentes, quien ratificó sus dichos extrajudiciales relativos a que el general Arellano estuvo presente en el fusilamiento de José Liendo que se postergó en espera de su llegada desde Cauquenes”.

Huelga señalar que no solo es la caravana la que explica las ejecuciones masivas de Neltume, Chihuio y Liquiñe sino también la fuerza que había adquirido el movimiento campesino en la región y que se expresó muy bien en las instalaciones y funcionamiento del complejo maderero y forestal Panguipulli así como sucedió, además, con la Hacienda Rupanco en Osorno, experiencias de empresas de propiedad colectiva que, al alero de la reforma agraria, se transformaron en modelos de empresas estatales gestionadas por sus propios trabajadores y que, por tal motivo, fueron un blanco prioritario a destruir por la dictadura. 

Los ejecutados de Neltume del miércoles 3 y jueves 4 de octubre fueron doce personas, nueve de ellas vinculadas a las faenas del complejo y tres estudiantes, entre los que se encontraban uno de filosofía, un músico de la orquesta de cámara de la Universidad Austral y el secretario regional del MIR.

La comitiva de la muerte continuó su itinerario luego, el 9 de octubre de 1973. Según relata el informe Rettig, ese día un convoy militar procedente de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, con jeeps y camiones y un total aproximado de 90 efectivos se dirigió hacia el sur del complejo, a las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono, donde secuestraron a campesinos desde sus propios domicilios y los llevaron al sector denominado Bañosde Chihuío, sitio en que el personal del Ejercito ejecutó a 17 trabajadores, en su mayoría obreros madereros y dirigentes campesinos del Sindicato Esperanza del Obrero.

Al día siguiente, un testigo percibió que los cuerpos de las víctimas tenían “cortes en las manos, en los dedos, en el estómago, e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar impactos de bala en los restos”.

Como se sabe, los cadáveres permanecieron ahí hasta que quince días después también militares los trasladaron a fosas y hacia fines de 1978, o comienzos de 1979, civiles llegaron hasta el sitio de las ejecuciones, trasladando los restos a un lugar desconocido.

En la revista Evangelio y Sociedad, número de septiembre-octubre de 1990, se señala que muchos de los familiares de estos obreros evangélicos vieron que la iglesia a la que pertenecían “no actuó correctamente, debió haberles dado respaldo a las familias en vez de ‘pedirles olvidar todo’ y uno de ellos llamado Juan Aceitón (que perdió 5 familiares) decía responsabilizar directamente a los pastores de no haber dado orientación a los 60 huérfanos que dejó esta matanza, muchos de ellos son ahora drogadictos o alcohólicos. Pero la gente no abandona la iglesia ya que tienen la idea que, si cometen errores los pastores, Dios no tiene la culpa”.

La caravana de la muerte del complejo continuo su tour sangriento y el miércoles 10 de octubre, entre las 21:00 y 23:00 horas fueron detenidas en el sector de Liquiñe, al interior del complejo, dieciséis personas, en su mayoría obreros madereros, doce de las cuales cumplían funciones en la madera, quienes casi en su totalidad -con excepción de 2 militantes del PS – eran miembros del MCR. En la nómina se incluía, además, la profesora Bernarda Vera Contardo, militante del MIR detenida en Trafún. Entre ellos dos núcleos familiares fueron apresados, de cuyos componentes hasta hoy no se tienen noticias de sus restos: los Reinante Raipán (3) y los hermanos Tracanao Pincheira (3).  

Como se hizo costumbre en esta zona, fueron carabineros del retén Liquiñe, acompañados también por civiles, quienes entregaron los campesinos a los uniformados, pertenecientes al grupo 3 helicópteros de Maquehua, y éstos, con lista en mano, los aprehendieron. La tropa, con el apoyo de un helicóptero, se movilizaba en un vehículo particular, una camioneta del SAG y en la ambulancia del retén y ejecutaron a los capturados en el puente viejo de Villarrica, en el río Toltén.

Homenaje a las víctimas de Liquiñe en el puente viejo sobre el río Toltén.

Testigos señalan que a las 02:00 am del jueves 11 de octubre se sintieron disparos en el puente sobre el río Toltén. Según el Informe Rettig “actuaron divididos en varios grupos, que se juntaron en el cruce de Coñaripe, cercano a todos los lugares en que se practicaron las detenciones. Allí tomaron el camino a Villarrica y en el puente sobre el río Toltén, ubicado a la entrada de la ciudad, les dieron muerte y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Dos de ellos fueron reconocidos por los lugareños, antes de sumergirse definitivamente en el río.” El puente quedó manchado de sangre. Todos ellos son desaparecidos.

Según se describe en el texto de Héctor Araya, “al pasar una semana de los fusilamientos, producto de los gases generados por la descomposición, algunos de los cuerpos comenzaron a emerger del cauce del río y quedaban enredados con las ramas ribereñas de algunos árboles o arbustos. Vecinos del sector que trabajaban como boteros los descubrieron y dieron cuenta del hecho a la subcomisaría más cercana… los carabineros exigieron a los boteros… que los trasladaran hasta el sitio del hallazgo de los cadáveres y una vez allí, los desenredaron para que siguieran su curso por las aguas del río, también le dispararon a los cadáveres”.

Como ironía del destino, la viuda de Carlos Cayuman, terminó trabajando como lavandera y empleada en Coñaripe para Hernán Carmach, hermano de Juan, quien facilitó uno de los vehículos en que trasladaron a los prisioneros que ejecutaron e hicieron desaparecer. Herminda, la viuda, alguna vez confesó: “hambre, miseria, explotación y por sobre todo miedo, desorientación, confusión, dudas, desconfianzas, pérdidas, soledades he tenido que vivir todos estos años”.

45 trabajadores del complejo ejecutados o desparecidos entre el miércoles 3 de octubre y el jueves 11 de ese mismo mes lo que dejó una profunda huella en la zona, al punto que a inicios de los 80’ otro foco guerrillero se abrió allí y la tragedia cobró nuevas víctimas.

En paralelo, Julio Ponce Lerou, se hacía cargo del complejo, lo vendía y comenzaba a construir su riqueza no exenta de acusaciones y polémicas como las señaladas aquí. El Chile moderno, por lo menos en el campo, pareciera haberse construido sobre la base del despojo.