¿Cómo las isapres se las arreglaron para que lo que nos tienen que devolver, lo paguemos los afiliados?

Equipo El Regionalista.

Primero fue la Corte Suprema (CS) que acogió solo parcialmente –a contar del año 2020– la retroactividad de la devolución de cobros indebidos por la aplicación de tablas discriminatorias que el Tribunal Constitucional ya había indicado en 2019 que se debían dejar de aplicar. 

Enseguida, las propias Isapres, que no tuvieron empacho en retirar millones de dólares de utilidades que en realidad había sido un robo a mano armada a sus afiliados, no acataron el fallo de la CS que había determinado que la devolución debía hacerse en mayo de 2023. Vino entonces el lloriqueo y la amenaza de la quiebra proferida por las propias entidades privadas de salud.

En el intertanto, una ministra de la CS, su vocera Ángela Vivanco, justo antes de una reunión de la CS en la que resolvería una apelación de las propias Isapres al fallo, relativizó su alcance. Afortunadamente, a comienzos de junio, la CS indicó que no había “nada que aclarar”, a propósito del escrito presentado por el propio gobierno de Boric a través de la Superintendencia de Salud y ratificó el fallo.

Lo que pasa cuando juegan los honorables

Luego, es el propio gobierno el que propone una ley corta para salvar a las isapres con el impulso de Mario Marcel desde el Ministerio de Hacienda. Y comienza la dilación del caso y el argumento de la quiebra de las isapres del que, parlamentarios, medios de comunicación, y las propias Isapres son cajas de resonancia mediáticas inmensas, en un mensaje que repiten a coro cada día. La Superintendencia de Salud, jugando el rol de abogado del diablo, solicita a la CS posponer el pago para evitar la supuesta quiebra del sistema y la Tercera Sala acoge la petición y posterga en seis meses la medida.

Entremedio, ya en la discusión de la Comisión de Salud del Senado – donde están, entre otros, Sabas Chauan y Juan Luis Castro, dos conocidos defensores de las Isapres- la deuda original calculada por la propia Superintendencia en torno a los U$ 1.415 millones se rebaja, con acuerdo de la ministra de Salud y del gobierno a U$ 1.000.

Pero eso no es todo, como si fuera poco, la Comisión Técnica Asesora del Senado, a comienzos de octubre de este año, estima que la deuda asciende a solo U$ 451 millones, rebatiendo la propia resolución de la Superintendencia y dejando en ridículo al Superintendente Víctor Torres, ex diputado DC, pero como se ha hecho costumbre, éste no responde ni renuncia.

La última jugada: el jaque mate de Marcel a la devolución

En la ley de reajuste del sector público a espaldas de los demás, y en un proceder cuestionable, Marcel incluyó una indicación que ha generado el rechazo en el oficialismo y en la mesa del sector público: “Se modifica, excepcionalmente para el año 2024, el procedimiento para la fijación del Índice de Costos de Salud (ICSA)”. En castellano: la iniciativa propone adelantar y aumentar el precio de sus planes unilateralmente a las Isapres – lo que es un cálculo que realiza normalmente y de acuerdo con reglas la propia superintendencia de Salud- haciendo que, en la práctica, lo que se pague en devolución salga de los propios bolsillos de los afiliados al sistema privado de salud. Esto, que ha generado la crítica transversal de diputados del Frente Amplio (FA) y del socialismo, raya en la inconstitucionalidad, como lo han advertido parlamentarios oficialistas y podría echar por la borda la resolución de la Corte Suprema, por un mero acuerdo negociado en los pasillos del Congreso.

Al igual que las AFP’S, una vez más las Isapres se han salido con la suya y con el respaldo de un gobierno que prometió en su programa “Un nuevo sistema de previsión social: Sin AFP y solidario Acceso a la salud gratuita y universal” y que diagnostico que “En Chile existen grandes inequidades en salud. Las personas de menores recursos están más enfermas y tienen mayor mortalidad, lo cual está determinado por las desigualdades sociales y económicas existentes en el país. Pero también, las inequidades se ven exacerbadas por la configuración de mercado del sistema de salud chileno, en el cual se accede en función de la capacidad de pago y no de la necesidad, existiendo una atención de salud de primer mundo para los ricos y otra con importantes falencias para el resto de la población”.

Como se lo señaló a Gabriel Boric allá por 2014 en un foro un ex miembro de los gobiernos de la Concertación, cuando éste criticó la transición: “Gabriel, otra cosa es con guitarra”.