Conflicto de interés en Superintendencia Del Medio Ambiente

Los conflictos socioambientales ocurren con cierta frecuencia. Federico Valdés nos informa sobre este que es originado por el proyecto inmobiliario residencial Alto Maullín, que impactó gravemente, y de manera ilegal, una ladera del Río Maullín, en la comuna de Llanquihue de la Región de Los Lagos.

Federico Valdés Bize

Un conflicto socioambiental al sur de Chile

Los conflictos socioambientales suceden. Este es originado por el proyecto inmobiliario residencial Alto Maullín, que impactó gravemente, y de manera ilegal, una ladera del Río Maullín, en la comuna de Llanquihue de la Región de Los Lagos. Ha tenido varios ingredientes: afectación en un Santuario de la Naturaleza; amenaza al ecosistema y biodiversidad; violencia hacia una comunidad indígena; gran movilización ciudadana intercomunal para denunciar el proyecto; procesos institucionales y judiciales que están en marcha, con una industria inmobiliaria expectante a la resolución del caso. Se suma, ahora, la importante cuestión que involucra el conflicto de interés de la autoridad encargada de fiscalizar, sancionar y hacer cumplir la normativa medioambiental en el país.

El río Maullín: Un patrimonio ambiental amenazado

El Río Maullín nace como único desagüe natural del lago Llanquihue, sus aguas recorren las comunas de Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt y los Muermos para desembocar en un gigantesco estuario en la comuna de Maullín. Sus ecosistemas de humedal, bosques inundados, pantanos, turberas, totorales y marismas, donde habita gran biodiversidad de especies nativas, endémicas y migratorias, conforman una importante fuente de vida, subsistencia y servicios eco-sistémicos para las poblaciones humanas cercanas a sus riberas. Su importancia es tal que el río y sus humedales son reconocidos por el Estado como áreas naturales, bajo protección oficial como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, Santuario de la Naturaleza y Zona de Interés Turístico. Estos intereses públicos se ven ahora afectados por un vínculo no declarado de un alto directivo de la Superintendencia del Medio Ambiente y el representante de un proyecto privado.

La movilización y denuncia ciudadana para detener el proyecto

En agosto de 2020, las retroexcavadoras contratadas por la inmobiliaria Alto Maullín, propiedad del empresario inmobiliario y gastronómico de la zona Rolando Winkler, comenzaron a intervenir la inclinada y boscosa ladera del río para construir hasta su orilla un camino vehicular de doce metros de ancho por mil doscientos metros de largo. Una serie de denuncias alertaron: primero el 14 de diciembre, por la comunidad huilliche habitante de la ribera, que recibía en su vivienda las rocas arrojadas por las máquinas desde el cerro; luego, las denuncias ciudadanas individuales; después, las realizadas por el Seremi de Medio Ambiente, CONAF y por el alcalde de la municipalidad de Maullín.

Finalmente, el 27 de enero de 2021, vino una denuncia realizada en conjunto por veinte organizaciones de la zona, entre ellas las fundaciones ambientales Conservación Marina, Legado Chile, Geute Conservación, M.A.P.A, además de comités ambientales de varias comunas, agrupaciones ecológicas y turísticas, firmada asimismo por decenas de ciudadanos. Esta denuncia fundamentó la elusión del proyecto inmobiliario al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la vulneración de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y el daño ambiental en el complejo e interconectado ecosistema fluvial, donde lo que sucede río arriba afecta incluso a quienes habitan en su desembocadura.

Entra a escena la Superintendencia Del Medio Ambiente

Solo a partir de las reiteradas denuncias, impacto mediático y conmoción social que generaba el caso, junto a fotografías de una ladera cortada hasta la roca y remoción en masa, donde había bosque nativo, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) realizó fiscalizaciones en terreno, a fines diciembre de 2020 y a principios de febrero de 2021. El 12 de febrero, el funcionario público Emanuel Ibarra, abogado y entonces jefe subrogante de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, solicitó al Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia autorizar la medida provisional de detención total de las obras, indicando que no tenía la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Servicio de Evaluación Ambiental, aplicable a este tipo de proyecto de gran magnitud e impacto ubicado, en parte, dentro de doce hectáreas de un área protegida. Ante el daño provocado e inminente, el Tribunal Ambiental autorizó la medida el día 16 de febrero (rol 1-2021), pero, aunque fue notificada de ello. la empresa continuó sus obras. El 19 de febrero, hubo una audiencia de lobby entre Emanuel Ibarra por la SMA y Francisco Rivadeneira, abogado representante de Alto Maullín, para tratar la medida provisional.

La SMA realizó tres fiscalizaciones más y el 9 de abril de 2021 formuló cargos por realización de proyectos y actividades al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y por incumplir la orden de paralización de obras dictada por el Tribunal, determinando infracciones clasificadas como gravísima y grave, con posibles sanciones de clausura del proyecto y multas de hasta 10 y 5 mil UTM por cada infracción.

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El lobby y una vía alternativa a la evaluación de impacto ambiental

La formulación de cargos (SNIFA D-092-2021) implicó el incentivo para que la infractora, Alto Maullín, presentase un programa de acciones y metas, donde se comprometiera a cumplir la normativa ambiental infringida y evitase así las sanciones. Se intensificó, entonces, el despliegue ante la SMA de los representantes legales de la empresa, liderados por el abogado Felipe Riesco Eyzaguirre, socio del estudio de abogados Barros Silva Varela & Vigil, exsubsecretario del Ministerio del Medio Ambiente en el segundo gobierno de Piñera, actual consejero del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, y hermano de Ricardo Riesco actual fiscal nacional económico.

El 23 de abril, hubo reunión de asistencia al cumplimiento con Felipe Riesco y Francisco Rivadeneira por la empresa y Emanuel Ibarra, y otros dos abogados por la SMA. El 5 de mayo de 2021, la empresa presentó un programa de cumplimiento que fue rechazado por la SMA, con posibilidad de mejorarlo y aprobarlo en base a sus observaciones. El 16 de junio, hubo audiencia de lobby donde asistieron el fiscal Ibarra, por la SMA y Felipe Riesco, Francisco Rivadeneira y Raúl Arteaga, por Alto Maullín. El 6 de julio, la empresa presentó un nuevo programa de cumplimiento “refundido”. El 27 de julio, Felipe Riesco y Francisco Rivadeneira tuvieron audiencia de lobby con la jefa regional de la SMA, Edith Mansilla.

El 9 de agosto Emanuel Ibarra, entonces fiscal titular de la SMA, aprobó el programa de cumplimiento argumentando que de esta manera se: “corrigen por una parte los hechos infraccionales, se hacen cargo de controlar y corregir efectos ambientales u aseguran que en lo sucesivo se dé cumplimiento a la normativa ambiental aplicable”. El programa consistía en un desistimiento parcial del proyecto, pasando desde 87 a 66 parcelas, fusionando lotes dentro del área bajo protección oficial. La realización de obras de infraestructura dentro del área protegida, consistente en un talud para el tránsito vehicular y para contener el desprendimiento hacia el río del material removido, la re-forestación de bosque nativo, un reglamento de convivencia y la instalación de señaléticas. El procedimiento sancionatorio y las sanciones se suspenderían, en tanto se cumplieran las obligaciones contraídas en este programa.

La reclamación ante tribunales por la resolución ilegal de la SMA

Sin embargo, el 30 de agosto, fundaciones y organizaciones ambientales y turísticas de la zona presentaron un reclamo ante el Tercer Tribunal Ambiental (rol 15-2021), por considerar que el programa de cumplimiento aprobado: “adolece de falencias graves y contradice la legislación ambiental, al permitir la ejecución de un proyecto que vulnera la protección ambiental otorgada a dicho territorio mediante tres instrumentos de gestión ambiental, sin contar con RCA”. Alegaron que se intentaba reparar el daño construyendo infraestructura de alto impacto en un área protegida sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siendo que la elusión al Sistema era la principal infracción determinada en un inicio por la misma SMA. Más aún, se permitía que la empresa     se aprovechara de su propio dolo, algo prohibido por la normativa ambiental, al aprobar la construcción de un camino al río, enmascarado ahora como talud de contención, siendo este el principal objetivo de la empresa desde un inicio. Añadieron que el proyecto se estaba fraccionando, también prohibido por la normativa, pues nada aseguraba que el desistimiento parcial del proyecto no se revirtiese a futuro. Por último, los científicos de las fundaciones ambientales, con décadas de investigación en el río Maullín, detallaron las graves falencias técnicas en que el programa intentaba sustentarse; por ejemplo, al minimizar sin evidencia científica la presencia en el lugar del huillín, nutria de río en peligro de extinción.

Los amigos del abogado Riesco en lacorte piden inhabilitarse

El Tercer Tribunal Ambiental aceptó la reclamación, comenzando un juicio que se prolongaría hasta abril de 2022. El reclamo era contra la resolución de la Superintendencia, pero la empresa se hizo parte como tercero independiente, para también defender el programa de cumplimiento aprobado. Ante tribunales, la empresa fue representada por los abogados José Vial Barros y Felipe Riesco. Este último trabajó en dicho tribunal entre 2015 y 2018 como abogado secretario, lo cual generó que los actuales secretarios del tribunal solicitaran inhabilitarse de la causa al señalar su “amistad” y “estrecha familiaridad” con él.

Sentencia: La única acción eficaz es someter el proyecto al SEIA

En la sentencia del 14 de abril de 2022, los magistrados del Tribunal Ambiental resolvieron anular la resolución de la SMA que había aprobado el programa de cumplimiento de Alto Maullín, declarando su ilegalidad. Los jueces determinaron que dicho programa no permitía eliminar los gravísimos efectos ambientales provocados y, principalmente, que el programa: “no permite asegurar el cumplimiento de la norma infringida, que es la ejecución de un proyecto sin RCA, pero que se encuentra obligado a tenerla”, expresando que aceptar el programa es “permitir que se eluda la responsabilidad del infractor”, agregando que “la única acción eficaz” respecto a la infracción de elusión ambiental es “el sometimiento del proyecto al SEIA”. En otras palabras, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Ambiental, el programa de cumplimiento aprobado por el fiscal Emanuel Ibarra permitía a la empresa Alto Maullín continuar eludiendo la normativa ambiental.

La SMA se obstina y queja ante las Cortes

La Superintendencia y Alto Maullín quedaron inconformes con el fallo y el 29 de abril presentaron por separado dos recursos de apelación ingresados a la Corte de Apelaciones de Valdivia (rol 4-2022). Días  antes, el 22 de abril, hubo una audiencia de lobby de los abogados Felipe Riesco y José Vial con Emanuel Ibarra, quien para entonces ya ejercía el cargo de superintendente subrogante del Medio Ambiente, donde analizaron la sentencia del Tribunal Ambiental que anuló el programa de cumplimiento. La SMA alegó la legalidad del programa pues contaría con las facultades para aprobar la    ejecución del proyecto sin que este ingresase al SEIA, instancia donde existiría, además, la posibilidad ambientalmente desfavorable de que se aprobase por completo. Mientras Alto Maullín alegó que el fallo atentaba contra la seguridad jurídica, era regresivo en materia ambiental y contrario al principio de legalidad. Finalmente, el 25 de junio, las ministras de la Corte de Apelaciones, “compartiendo los fundamentos ampliamente desarrollados en el fallo” del Tercer Tribunal Ambiental, confirmaron su sentencia.

Después de perder en dos instancias, el 2 de julio, la Superintendencia interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema (que hasta la publicación de esta nota se encuentra en estudio de admisibilidad), buscando que el máximo tribunal corrigiera lo que considera faltas o abusos graves cometidos por las ministras al dictar su fallo al “limitar arbitrariamente las facultades discrecionales de la SMA”.

El no declarado vínculo del superintendente (S) Ibarra con el ex Subsecretario Riesco

Investigando antecedentes de los actores involucrados en el caso, quien escribe encontró una causa de tutela laboral (rol 304-2019), que revela un antiguo y estrecho vínculo de amistad y afinidad política entre Emanuel Ibarra, quien como fiscal titular ha sido el principal encargado de la SMA en este caso, y      Felipe Riesco, quien es el abogado principal de la empresa infraccionada.

La causa de tutela laboral anteriormente señalada tuvo origen en una denuncia por despido discriminatorio, presentada por quien fuese fiscal titular de la Superintendencia durante un breve periodo a fines de 2018, Raimundo Pérez Larraín. Pérez alegó que su renuncia no voluntaria fue motivada por discriminación política, cuyos indicios fueron acreditados por el tribunal laboral. El subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente de la época Felipe Riesco, conocido militante de la UDI y “operador político”, presionó para sacarlo de su cargo, pese a haber sido elegido en un concurso de alta dirección pública, pues su candidato era el entonces fiscal subrogante Emanuel Ibarra, quien, pese a no ser elegido en la terna del Servicio Civil, era de “su absoluta confianza”, por su cercanía política y porque ambos tenían “una relación de amistad desde hace largo tiempo”, según atestiguaron ante el juez dos abogados de la Superintendencia. “Lo que pasa es que igual Emanuel es cercano a él [Riesco] en términos personales”, declaró un testigo, agregando que ambos vienen de la misma universidad (Universidad Católica) y habrían trabajado juntos durante los años 2013 y 2014, cuando Ibarra llegó a trabajar a la SMA y Riesco se desempeñaba como asesor jurídico del Superintendente de la época Juan Carlos Monckeberg. Otro testigo agregó que Ibarra le explicó personalmente que: “la persona que tenía que haberse ocupado de ese cargo era él, porque él era el candidato del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente de don Felipe Riesco”.

Mientras los dos secretarios abogados del Tercer Tribunal Ambiental dieron cuenta de un estrecho vínculo de amistad con Felipe Riesco, y pidieron inhabilitarse de la causa que reclamaba el programa de cumplimiento, el fiscal Emanuel Ibarra, desde hace unos meses superintendente subrogante, no ha transparentado hasta hoy su vínculo con Felipe Riesco, siendo quien, como autoridad, ha tomado importantes decisiones administrativas del caso, y se ha reunido personalmente con Felipe Riesco en tres audiencias registradas para tratar el asunto: dos por la ley del lobby y una por atención al cumplimiento ambiental. Emanuel Ibarra aprobó directamente el programa de cumplimiento ambiental, que permitía a la empresa no ingresar al SEIA y ha fungido como fiscal jefe de los abogados que han defendido ante los tribunales de justicia el programa reclamado como ilegal por las fundaciones ambientales, llevando el caso hasta la máxima instancia luego de que dos cortes fallaran su ilegalidad.

Desde hace un mes Felipe Riesco es asesor jurídico de Chile Rural A.G., agrupación de cincuenta entidades inmobiliarias con proyectos en zonas rurales, haciendo lobby frente a la posición del gobierno actual de fiscalizar y normar loteos y parcelaciones que afectan suelos agrícolas y zonas de alto valor ambiental.

El conflicto de interés que afecta el interés público

El recurso de queja interpuesto ante la Corte Suprema por la SMA implica la continuación de un juego con distintos intereses. En primer lugar, pareciera estar el interés personal entre Emanuel Ibarra y Felipe Riesco, caracterizado por una larga amistad, afinidad política, absoluta confianza, la otrora presión ejercida para despejar el camino al cargo de fiscal de la SMA y la actual representación del interés privado de un proyecto inmobiliario infraccionado. En segundo, está en juego el interés público -ambiental afectado, el Río Maullín, cuya protección es deber del Estado y sus instituciones ambientales, entre ellas la SMA, pero que también es protegido de manera activa por la ciudadanía de la zona. En tercero, pareciera jugarse, además, la legitimidad de la Superintendencia del Medio Ambiente como institución pública encargada de supervigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, y la probidad administrativa de su máxima autoridad, el actual superintendente subrogante. Por último, se juega la jurisprudencia ambiental porque, de fallar a su favor, la Suprema Corte podría reconocer como facultades discrecionales de la Superintendencia el evaluar proyectos inmobiliarios en áreas con protección oficial, al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En síntesis, se trata de un conflicto de intereses que afecta a importantes bienes públicos ambientales e institucionales del país.