Una semana agitada en la Municipalidad de Rancagua

Contraloría pondrá lupa en adjudicaciones de cargos en municipalidad de Rancagua

Se abre un nuevo foco de investigación en Rancagua: la Contraloría observa de cerca el proceso de adjudicación de cargos en la planta municipal y es posible que intervenga en los próximos días. En este ámbito, así como en varios proyectos, los antecedentes indican que el ex alcalde Soto ha dejado una estela de duda sobre su gestión en Rancagua.

Por equipo de El Regionalista

Una agenda intensa tuvo el alcalde de Rancagua, Juan Godoy, la semana pasada.

El lunes 20 se reunió con el subsecretario de Interior, Juan Galli, para abordar el incendio probablemente intencional que afectó al edificio Tomás Guaglén el amanecer del 19 de septiembre, y dejar constancia, una vez más, de las amenazas de las que ha sido objeto desde que comenzó su gestión edilicia. El miércoles 22, la cita fue con la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de La Fuente, en el contexto de la firma de un acuerdo con varios municipios de la región para potenciar los procesos de transparencia, aspecto clave en un municipio que ha sido golpeado por acusaciones y denuncias que involucran a la gestión anterior. El jueves 23, fue invitado por el contralor Jorge Bermúdez a la cita que tenía agendada con la Asociación de Funcionarios Municipales (Asemuch) local, en la que abordaron una serie de denuncias de funcionarios y de la entidad gremial en torno a las irregularidades en el proceso de reestructuración de las plantas municipales que encabezó el ex alcalde Eduardo Soto.

En la convocatoria, a la que asistió también la diputada Alejandra Sepúlveda, el contralor habría hecho una serie de preguntas a la directiva presente con el objetivo de conocer al dedillo las objeciones presentadas. La Asemuch había solicitado pronunciamiento de Contraloría por eventual vulneración del derecho de ascenso de las y los funcionarios, y del proceso de encasillamiento. En la visión gremial, los comportamientos denunciados radicaron en la discrecionalidad de criterios administrativos y en el exceso de atribuciones del alcalde. Ejemplifican este último móvil en las designaciones del ex alcalde Soto quien, una vez recibidas las propuestas de ternas para llenar vacantes, resolvía a su criterio, sin considerar factores como la trayectoria de quienes postulaban. Tal fue el caso del ex jefe de gabinete del edil, Rodrigo Maldonado, quien fue seleccionado por sobre funcionarios que llevaban años en la carrera municipal.

Tras una serie de preguntas de Bermúdez, contestadas por el presidente subrogante de la Asemuch local, Cristian Castillo, el contralor realizó una serie de observaciones y comentarios sobre el proceso de reestructuración de las plantas que se llevó a cabo en Rancagua, lo que fue interpretado por los asistentes cómo una crítica a lo obrado.

Vientos de intervención

El contralor Bermudez quiso saber si el edil rancagüino estaba dispuesto a asumir la responsabilidad política y administrativa sobre una posible intervención al proyecto de reestructuración de la planta municipal. La respuesta afirmativa del alcalde Godoy completó la idea de lo que viene: una revisión

De acuerdo a los participantes en el encuentro, la interpelación de Bermúdez al alcalde Godoy dio señas claras sobre los pasos que seguirá la Contraloría. El jefe del organismo de control nacional quiso saber si el edil rancagüino estaba dispuesto a asumir la responsabilidad política y administrativa sobre una posible intervención al proyecto de reestructuración de la planta municipal. La respuesta afirmativa del alcalde Godoy completó la idea de lo que viene: una revisión que, en parte, implicaría la anulación de parte de lo ya realizado en este ámbito, lo que sería otro golpe duro a la gestión del ex militante UDI. Un camino nada fácil si, como resultado de aquello, quienes detentan alguna de las 45 plazas nuevas creadas y asignadas, presentan requerimientos por verse afectados por una eventual revisión.

Se estima que el contralor se tomará un par de semanas para dar luces sobre el rumbo que dará a su gestión sobre las irregularidades denunciadas. Considerando que se trata de una situación que no sólo afecta al municipio de Rancagua, no sería extraño que Contraloría opte por dar una señal potente. La alternativa, sería continuar estirando un problema que, de cualquier modo, va a reventar casi naturalmente.

Hay un factor que llama la atención en este asunto de los malos manejos en municipios: no han sido los órganos encargados de controlar –unidad de Control de los municipios y/o Contraloría– o fiscalizar –los concejos municipales– quienes han encabezado las denuncias. En el caso de Rancagua fueron los propios funcionarios afectados por las decisiones de su alcalde; en Ñuñoa o Maipú, los alcaldes recién asumidos de signo contrario al que abandonó el cargo, con excepción de Lo Barnechea o, como fue en el caso de Las Condes, América Transparente, una institución externa. El caso extremo fue el de Vitacura, donde funcionarios de confianza del ex edil Torrealba, presionados por lo que se les venía, comenzaron a autodenunciarse.  

Para varios de estos municipios, incluyendo Rancagua, la pregunta es ¿qué habría sucedido si la ley no hubiese puesto límite a la reelección? Varios de los hoy denunciados habrían sido relectos y estos casos no se hubiesen conocido.

Control de gobiernos locales en la nueva constitución

Ya es una constante: Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, San Ramón o, a nivel local, Rancagua y San Fernando, u otros municipios de la región de menor tamaño. Casi en todos los casos, hay variables que se reiteran y que podrían configurar algo muy parecido a asociaciones ilícitas creadas para desfalcar las arcas locales. Las corporaciones que escapan al control público son una arista. Otra, los elencos de profesionales vinculados a determinados partidos políticos que se pasean por las diversas administraciones municipales, en especial si esas comunas son comandadas por alcaldes/as del mismo signo. Seguimos: profesionales aupados por grupos políticos con honorarios que escapan al sentido común y que son una bofetada al sueldo de un funcionario municipal promedio. Otrosí: la presencia de empresas que operan en la misma lógica y que deambulan por municipios análogos adjudicándose contratos y licitaciones.

El corolario perverso de estas situaciones es que no pasa nada, al menos hasta ahora. Por falta de herramientas legales, recursos o, por último, iniciativa, el hecho es que hay ausencia absoluta de controles institucionales, llámese concejo o unidad de Control en los municipios o las direcciones regionales de Contraloría. 

Ya sabemos que estamos recargando excesivamente la tarea del a Convención Constitucional, como si la nueva Constitución estuviera llamada a arreglarlo todo. Sin embargo, es innegable que en sus pocas semanas de funcionamiento, la Convención ha logrado instalar temas en la opinión pública. Y también es irrefutable que el deterioro de la función municipal es doblemente grave porque golpea directamente al territorio. Por eso, es clave que la Convención Constitucional aborde de manera sería la temática del poder local y la descentralización. Ello, sumado a los avances que en su hora hizo la Comisión de Descentralización, generará el espacio adecuado para fortalecer el control ciudadano. A partir de ese rayado de cancha, harán falta medidas específicas, no atribuibles a la responsabilidad de la Convención como, por ejemplo, facilitar los mecanismos para destituir ediles que rompan las reglas del juego e impedir, como ocurrió en la gestión anterior en Rancagua, que personas que ocupaban cargos de control sobre los municipios, puedan luego trabajar para la contraparte.

No actuar ahora o cruzarse de brazos puede llevar a que el sistema también termine reventando desde abajo.