Diez razones para votar en contra de la propuesta constitucional regresiva de la ultraderecha

Por Edison Ortiz

Nadia Romero, presa política de la revuelta, se quitó la vida. Siguió el camino de Jorge Salvo, víctima de trauma ocular, quien se suicidó en junio de este año reclamando que “ningún órgano estatal me ha contactado… Se hicieron investigaciones y no hay ninguna evaluación, no hay nada, no hay como dar con el efectivo que disparó la escopeta lanza gases”. Con las muertes de Jorge y Nadia, ya son cinco las víctimas del 18/O que han decidido tomar ese camino.

Por cierto, salvo dos medios alternativos –Piensachile e Izquierdadiario– ninguna prensa del establishment ha difundido la tragedia. Tampoco se ha pronunciado la ministra Orellana, feminista cuando le conviene, mientras diversas voces de mujeres ya denuncian un “nuevo femicidio estatal”.

El hecho trágico es coincidente con la difusión y pronta entrega de la nueva propuesta constitucional que patrocinó el gobierno de Gabriel Boric. En su oportunidad, varios de nosotros, que luego de la derrota del 4/S opinamos que ese hito había acabado con el proyecto político del gobierno, estimamos que era mejor no insistir en ello, y lo mejor era esperar un nuevo ímpetu del movimiento social para impulsar una iniciativa que equiparara la cancha en un país demasiado acostumbrado a las desigualdades de origen.

Esta vez los medios, financiados por el poder, no amplificaron voces minoritarias de la derecha, como Teresa Marínovic o Marcela Cubillos, como sucedió con la Convención Constitucional. No hicieron leña de árbol caído como sucedió con Rodrigo Rojas Vade, ni lanzaron una contraofensiva comunicacional sistemática, ni el gran empresariado pactó un acuerdo para pulverizar la propuesta, tal como lo reconoció Nicolás Ibáñez en octubre de 2022 en Emol. Tampoco se sumaron los errores que se cometieron desde la constituyente misma, todo lo cual hizo que el texto constitucional propuesto fuese rechazado. Esta vez no hubo escándalos pese a que, no pocos de los consejeros constitucionales o eran ellos mismos parte involucrada, o financiados directamente por los poderes fácticos. Luis Silva, el ultraderechista del Opus Dei reconoció recientemente en una radioemisora que el texto que votaremos en diciembre “es una constitución que está más cómoda desde la centroderecha hacia la derecha”.

Como escenario general, el texto promovido por la ultraderecha retrocede en derechos y privatiza aún más el modelo neoliberal que generó el estallido social. Detallamos aquí diez motivos para votarla en contra el próximo 17 de diciembre:

1.- Instala un cerrojo antidemocrático a la aprobación de leyes, al asimilar el quórum de aprobación de aquellas “que interpreten preceptos constitucionales”, es decir potencialmente casi todas, al quórum de las reformas a la constitución, que a su vez fue llevado de los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 3/5, que fue avalada por los propios “expertos” de este gobierno. Las leyes electorales se fijan en 4/7, lejos del principio de mayoría de cualquier democracia, que queda en varios tópicos mucho más limitado que en la constitución vigente. Para quienes creemos de verdad en la democracia, debiese ser el mayor fundamento para votarla en contra el 17 de diciembre.

2.- Con la disposición de “la ley protege la vida del que está por nacer”, coloca en riesgo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con tres causales, hecha norma durante el gobierno de Michelle Bachelet que puso a la sociedad en sintonía con los tiempos, y limita, también, otros derechos sexuales y reproductivos como el uso de la píldora del día después.

3.- Hace impracticable la paridad de género en el congreso, municipios y consejos regionales, un gran avance logrado en equidad durante el último tiempo y va en camino directo de la regresión en igualdad entre hombres y mujeres.

4.- Al explicitar la noción de “actos terroristas”, sin incluir su definición, aumenta la idea de un estado policiaco, en particular en los estados de excepción, retrotrayéndonos a los años 73-89 cuando se autorizaban detenciones en lugares distintos a las cárceles y sin órdenes legales.

5.- Preserva la lógica de un sistema político que favorece el empate, y junto con ello la parálisis gubernamental, como consecuencia de la disputa entre el ejecutivo y el legislativo con tantas malas consecuencias en la historia política de Chile, como sucedió entre 1891 y 1973. Se preserva un régimen político con mirada presidencialista en vez de una mayoría parlamentaria, sin aprender de experiencia como las de gran parte de Europa donde, cuando hay una crisis gubernamental, existe un llamado a anticipar elecciones para el ahondamiento de las eventuales crisis de un régimen coyuntural. No está demás señalar que los últimos cuatro gobiernos –Piñera 1 y 2, Bachelet 2 y Boric– han hecho agua al año de haberse instalado y, sin embargo, por la lógica presidencialista tradicional los chilenos tienen que soportar sus hedores por los cuatro años. Además, preserva el Tribunal Constitucional (TC) como tercera cámara legislativa, antidemocrática, un cerrojo de preservación del status quo que responde a los poderes fácticos y no a la demanda ciudadana.

6.- Extingue el principio que se ha ido consolidando desde la revolución francesa de la universalidad de los derechos sociales mediante instrumentos como la “libertad de elección” y la “propiedad de las cotizaciones”, blindando a las AFP e Isapres en un dispositivo que anula el Estado social. Hemos visto el “portonazo de cuello y corbata” que han realizado las isapres las que, por vía administrativa, se las están arreglando para no pagar lo que nos robaron, así como el “retiro de las utilidades” de los accionistas de las AFP’S mientras los fondos de sus cotizantes han caído permanentemente durante este año. Asimismo, la jungla legal en la que se desenvuelven permite que, contra el sentido común y el cuidado de los fondos de sus afiliados, sigan invirtiendo varias de ellas en empresa con números dudosos, por ejemplo, en Falabella pese a la evidencia del desplome de sus fondos.

7.- Culmina el proceso, comenzado con José Piñera, que hace de las concesiones una privatización absoluta de la propiedad y actividad pública al posibilitar que se compren y vendan en mercados, mientras ya no excluye de ellas ni los bienes nacionales de uso público ni el litio, al explicitar que el “dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso”. Esto jamás había sucedió, ni con Pinochet. De la misma manera, obstaculiza profundamente las regulaciones públicas a las actividades de las empresas privadas al limitar la potestad reglamentaria del Ejecutivo

8.- Se restringe profundamente un derecho básico como es el de asociación al indicarse, sin definirse, que “se prohíben las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado” y que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. Agrega, además, gravemente, que sean “incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos”. De igual modo, limita gravemente el derecho a huelga y la permite solo en la negociación colectiva, con escasa cobertura limitada a cada organización empresarial, haciendo ilegales las otras causas de paralización laboral propias de una democracia.

9.- Extingue el pago de impuestos a la primera vivienda, lo que exime sobre todo a los más ricos, dado que ya el 77% de las propiedades están exentas. Ello redunda en una medida de populismo tributario cuyo objetivo es obtener votos para la propuesta constitucional regresiva y anti-social de la extrema derecha. 

10.- Medioambiente y uso de aguas: en la práctica hace imposible la protección del medioambiente, al declarar que las actividades económicas se deben realizar promoviendo la sustentabilidad, pero también “el desarrollo”, obviando la urgencia de preservar la resiliencia de los ecosistemas. A su vez, explicita el aprovechamiento de las aguas como un “mercado de derechos privados”, pues los otorgados por el Estado “confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos”. Jaque mate a la noción de estado social de derechos firmado en el congreso en diciembre del año pasado, acuerdo que hizo posible el inicio de este proceso.

Mucha sangre, dolor y lágrimas, como la reciente muerte de Nadia Romero, ha corrido en nuestra sociedad desde 2011 para que lleguemos a una constitución regresiva de la ultraderecha que hará que, a la vuelta de la esquina, nos encontremos con un nuevo estallido social. Una coyuntura que ya podemos prever y cuyos costos, como sabemos, siempre los pagan los ciudadanos de a pie.

No tropecemos de nuevo con la misma piedra. A menos que los chilenos y chilenas tengamos una vocación casi natural por la violencia social.