Editorial

La urgencia de abordar integralmente la migración

Como suele suceder en los países o regiones de países con crisis políticas, sociales o económicas, su población migra por oleadas, buscando mejores horizontes. L@s profesionales casi siempre lideran la exploración de nuevos territorios, de lo que en Chile pudimos ser testigos hace algunos años, por ejemplo, con ingenier@s eléctric@s y de mantenimiento arribados de Venezuela. Si las crisis se prolongan, siempre es esperable que los flujos se masifiquen, lo que implica que en las fronteras del país de recepción, sea posible encontrar de todo: también profesionales, técnic@s, trabajador@s con y sin calificación, desocupad@s, pero también delincuentes.

Si lo señalado es una dinámica habitual en los procesos migratorios, en Chile contamos con un elemento adicional que estimuló la migración masiva y, con ello, el ingreso irregular al país. Nos referimos a la desafortunada invitación al país del presidente Piñera en Cúcuta a migrantes venezolan@s, en un tiempo en el que el presidente albergaba la esperanza de proyectarse como líder latinoamericano. Ser solidarios con el mal momento que viven l@s connacionales de un estado, por supuesto, que no es reprobable. Sí lo es, en cambio, lanzar el convite sin que las estructuras del estado y sus fronteras estuvieran preparadas para lo que dicho llamado pudiera provocar. Lo que pasó después de Cúcuta es una muestra de ello: los ingresos irregulares a Chile se multiplicaron casi diez veces y la frontera norte se transformó en pasadizo para migrantes no sólo de Venezuela, entre ell@s no pocos con antecedentes oscuros. No olvidemos que Caracas lleva 30 años con los índices más altos de delincuencia del continente, que solo le pelean ciudades brasileñas (ver nuestra crónica testimonial de la migración en Iquique)

Hay consenso en torno a que frente a la masividad del fenómeno migratorio no hay estado ni gobierno preparado y también que el problema excede a esta administración, aunque también lo hay sobre las deficiencias del gobierno saliente a la hora de gestionar la migración. Desde 2019, al menos, ha quedado claro que la administración no tiene una propuesta clara para abordar el tema, que no se coordina suficientemente con los estados vecinos y que tampoco lo hará hoy, a menos de dos meses de salir de La Moneda. Queda, por tanto, aguardar la urgente gestión del nuevo gobierno en cuyas propuestas programáticas observamos varios elementos:

  • Ante una frontera permeable, regulación de los flujos y combate a las mafias de tráfico de personas. Negar la permanencia en el país a quienes tengan antecedentes penales (una tarea difícil, si se habla de antecedentes penales previos al ingreso a Chile, puesto que no es difícil que quienes estén en esa situación, “limpien” sus papeles en el país de origen).
  • Ratificación de acuerdos internacionales que protegen derechos de migrantes y desarrollar acciones nacionales, bilaterales y multilaterales para enfrentar la migración.
  • Enfoque intercultural en políticas públicas, especialmente salud y educación, de forma que se capitalice el aporte cultural de l@s migrantes.
  • Apoyo a comunidades receptoras de migración y sus gobiernos locales y regionales para asegurar su bienestar y evitar conflictos con migrantes.

La urgencia de acciones en este terreno se relaciona con el deterioro objetivo de las condiciones de vida de las personas de comunidades donde hay flujo descontrolado (por ej., Colchane e Iquique, Arica) y, a nivel nacional, la trata de personas irregulares (un reflejo de ello fue el accidente que cobro la vida a migrantes bolivianos en Peumo, fenómeno que en todo caso tiene sus peculiaridades) y el crecimiento aún en etapa inicial de un sentimiento de rechazo a l@s extranjer@s.

Quienes vienen de otras latitudes, que ya viven y contribuyen en Chile o sueñan con oportunidades en esta tierra, merecen un espacio digno para su desarrollo personal y familiar. Y las comunidades locales requieren que las autoridades tomen el control de la llegada de quienes migran, de forma que la presencia de personas de otras latitudes no altere sus condiciones básicas de vida.

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