Elección de autoridades regionales: cómo saltar de la discrecionalidad al mérito.
En El Regionalista estimamos que es nuestro rol invitar a quienes nos leen a repensar la región y el Chile que queremos. Construir territorio es un ejercicio que desafía a salirnos del marco de acciones y conductas aprendidos y repetidos por decenios e indagar en nuevas miradas que inspiren un despliegue de capacidades sin las cortapisas del libreto heredado.
En política, nacional y regional, y aún a riesgo de vestirnos con el sayo del moralizador, asumimos y proclamamos la necesidad de alentar una mirada crítica, principalmente sobre las prácticas que han deteriorado el ejercicio del poder en democracia y, de paso, han dañado la instituciones y mermado la representatividad de quienes detentan cargos que directa o indirectamente, emanan de la voluntad popular.
El lunes 20 pasado se dio inicio a la etapa de búsqueda y selección de quienes, en todos los niveles del aparato estatal y desde las más diversas funciones y quehaceres, ocuparán la responsabilidad de llevar adelante el programa del presidente electo. Una tarea de enorme peso ya que implica poner toda la energía en la columna vertebral del programa que dio el triunfo a Gabriel Boric: empujar las transformaciones que conduzcan a una sociedad más equitativa.
En este punto, compartimos nuestras preocupaciones respecto de la búsqueda de quienes asumirán cargos en secretarías ministeriales y direcciones regionales.
Primero, relevemos que desde el retorno a la democracia nunca hemos contado con un sistema de reclutamiento basado en el mérito para llenar esos cargos. Cuando hablamos de mérito nos referimos a una formación y trayectoria mínimas que respalden habilidades técnicas y políticas.
Hagamos un poco de historia. En la primera parte de la transición, hasta cerca del 2002, las designaciones en los cargos regionales eran realizadas directamente por las carteras ministeriales desde Santiago; un modelo que distaba mucho de ser ideal. Lo que vino después, sin embargo, comprobó el viejo dicho: “toda situación es susceptible de empeorar”. Ese año, y a poco de iniciar su período el presidente Lagos, el impacto del caso MOP-Gate que desestabilizó el gobierno al punto que se temió su continuidad, condujo a la instalación de un criterio tácito orientado a apuntalar la institucionalidad debilitada: se confirió autonomía a los partidos políticos en las regiones para designar a las autoridades de confianza de la presidencia de la república.
Con organizaciones políticas debilitadas, la tarea principal de los caciques de los partidos locales -léase diputad@s y senador@s de la coalición gobernante- se desplegó cada cuatro años, a la hora de definir quién ocupaba qué cargo. El resultado está a la vista: autoridades cuyas cuestionables habilidades estaban únicamente al servicio de quienes los habían designado. El efecto que ello ha tenido sobre regiones como la nuestra es lamentable: estamos en los últimos lugares en los dos o tres rankings de desarrollo a nivel nacional y la consistencia de las instituciones es deplorable.
¿Cómo abordar la tarea de las designaciones en la región?
A medio plazo, el primer anhelo es que las nuevas autoridades apunten a establecer un sistema de reclutamiento adecuado. Un modelo conversado abiertamente que permita que las designaciones cada cuatro años aseguren la gente adecuada para las tareas requeridas y con la misión de aportar al desarrollo de la región desde las prioridades del programa del gobierno al que se sirve.
Sin ese sistema de reclutamiento, para el tiempo inmediato lo necesario es que las colectividades asociadas a la coalición que nos gobernará desde marzo actúen desde dos criterios. Respecto de la búsqueda, esperamos que prioricen el mérito y se abran a la procedencia diversa de l@s candidat@s, sean militantes o no de sus organizaciones. En un segundo aspecto, consideramos que la tarea de mayor responsabilidad la tendrán las dos parlamentarias electas de Apruebo Dignidad en la región, la senadora Alejandra Sepúlveda y la diputada Marcela Riquelme, y las estructuras institucionales de su coalición política. A ellas, principal pero no únicamente, les tocará ejercer el poder con ponderación, sentido de país y de territorio. Como dice un dicho, por sabido, lo obvio se calla y por callado se olvida, y por eso hay que repetirlo: la función pública y las herramientas que brinda el poder no están diseñadas para asegurar reelecciones ni para gestionar empleo, menos en un momento como el que vivimos desde 2019. El soberano adhirió a Gabriel Boric porque vio en él la opción de transformaciones para una comunidad harta de abusos. Y en el repertorio de esos abusos está la discrecionalidad del ejercicio parlamentario y de los partidos en las regiones.
No menos importante es la búsqueda de figuras jóvenes que, cumpliendo el primer criterio, reflejen el recambio de la generación que jubiló el pasado domingo 19. Es una urgencia de nuestra democracia y, probablemente, de muchas sociedades que necesitan adecuar sus estructuras a los requerimientos de transformación hasta ahora pospuestos.
Por todo lo anterior, esperamos que los nuevos aires que acompañan al mandatario más joven de la historia de Chile soplen también en nuestra región y anuncien un ejercicio de la autoridad que reflejará la nueva etapa de transformaciones anunciada. Por cierto, un elemento favorece la expectativa y es la relevante presencia femenina de la región entre l@s representantes en el parlamento: sobre 9 diputados electos, 4 son mujeres y una de 3 representantes en el Senado, también lo es. De ese colectivo, esperamos un ejercicio del poder fresco, democrático y que recupere la prestancia de las instituciones.
En El Regionalista estimamos que es nuestro rol invitar a quienes nos leen a repensar la región y el Chile que queremos. Construir territorio es un ejercicio que desafía a salirnos del marco de acciones y conductas aprendidos y repetidos por decenios e indagar en nuevas miradas que inspiren un despliegue de capacidades sin las cortapisas del libreto heredado.
En política, nacional y regional, y aún a riesgo de vestirnos con el sayo del moralizador, asumimos y proclamamos la necesidad de alentar una mirada crítica, principalmente sobre las prácticas que han deteriorado el ejercicio del poder en democracia y, de paso, han dañado la instituciones y mermado la representatividad de quienes detentan cargos que directa o indirectamente, emanan de la voluntad popular.
El lunes 20 pasado se dio inicio a la etapa de búsqueda y selección de quienes, en todos los niveles del aparato estatal y desde las más diversas funciones y quehaceres, ocuparán la responsabilidad de llevar adelante el programa del presidente electo. Una tarea de enorme peso ya que implica poner toda la energía en la columna vertebral del programa que dio el triunfo a Gabriel Boric: empujar las transformaciones que conduzcan a una sociedad más equitativa.
En este punto, compartimos nuestras preocupaciones respecto de la búsqueda de quienes asumirán cargos en secretarías ministeriales y direcciones regionales.
Primero, relevemos que desde el retorno a la democracia nunca hemos contado con un sistema de reclutamiento basado en el mérito para llenar esos cargos. Cuando hablamos de mérito nos referimos a una formación y trayectoria mínimas que respalden habilidades técnicas y políticas.
Hagamos un poco de historia. En la primera parte de la transición, hasta cerca del 2002, las designaciones en los cargos regionales eran realizadas directamente por las carteras ministeriales desde Santiago; un modelo que distaba mucho de ser ideal. Lo que vino después, sin embargo, comprobó el viejo dicho: “toda situación es susceptible de empeorar”. Ese año, y a poco de iniciar su período el presidente Lagos, el impacto del caso MOP-Gate que desestabilizó el gobierno al punto que se temió su continuidad, condujo a la instalación de un criterio tácito orientado a apuntalar la institucionalidad debilitada: se confirió autonomía a los partidos políticos en las regiones para designar a las autoridades de confianza de la presidencia de la república.
Con organizaciones políticas debilitadas, la tarea principal de los caciques de los partidos locales -léase diputad@s y senador@s de la coalición gobernante- se desplegó cada cuatro años, a la hora de definir quién ocupaba qué cargo. El resultado está a la vista: autoridades cuyas cuestionables habilidades estaban únicamente al servicio de quienes los habían designado. El efecto que ello ha tenido sobre regiones como la nuestra es lamentable: estamos en los últimos lugares en los dos o tres rankings de desarrollo a nivel nacional y la consistencia de las instituciones es deplorable.
¿Cómo abordar la tarea de las designaciones en la región?
A medio plazo, el primer anhelo es que las nuevas autoridades apunten a establecer un sistema de reclutamiento adecuado. Un modelo conversado abiertamente que permita que las designaciones cada cuatro años aseguren la gente adecuada para las tareas requeridas y con la misión de aportar al desarrollo de la región desde las prioridades del programa del gobierno al que se sirve.
Sin ese sistema de reclutamiento, para el tiempo inmediato lo necesario es que las colectividades asociadas a la coalición que nos gobernará desde marzo actúen desde dos criterios. Respecto de la búsqueda, esperamos que prioricen el mérito y se abran a la procedencia diversa de l@s candidat@s, sean militantes o no de sus organizaciones. En un segundo aspecto, consideramos que la tarea de mayor responsabilidad la tendrán las dos parlamentarias electas de Apruebo Dignidad en la región, la senadora Alejandra Sepúlveda y la diputada Marcela Riquelme. A ellas, principal pero no únicamente, les tocará ejercer el poder con ponderación, sentido de país y de territorio. Como dice un dicho, por sabido, lo obvio se calla y por callado se olvida, y por eso hay que repetirlo: la función pública y las herramientas que brinda el poder no están diseñadas para asegurar reelecciones, menos en un momento como el que vivimos desde 2019. El soberano adhirió a Gabriel Boric porque vio en él la opción de transformaciones para una comunidad harta de abusos. Y en el repertorio de esos abusos está la discrecionalidad del ejercicio parlamentario en las regiones.
Por todo lo anterior, esperamos que los nuevos aires que acompañan al mandatario más joven de la historia de Chile soplen también en nuestra región y anuncien un ejercicio de la autoridad que reflejará la nueva etapa de transformaciones anunciada. Por cierto, un elemento favorece la expectativa y es la relevante presencia femenina de la región entre l@s representantes en el parlamento: sobre 9 diputados electos, 4 son mujeres y una de 3 representantes en el Senado, también lo es. De ese colectivo, esperamos un ejercicio del poder fresco, democrático y que recupere la prestancia de las instituciones.