¿Quién se beneficia de la violencia en el Wallmapu?
Por A.C. Mercado-Harvey
Esta semana comenzó con balazos al aire como película del Oeste norteamericano o como cualquier población en un barrio pobre de Santiago. La pregunta es: ¿quién se beneficia de esta violencia que lleva varios años en la llamada Macrozona Sur? La respuesta no es simple y es incómoda para muchos.
Si este gobierno pensó que un nuevo modo de hacer política sería suficiente, se equivocó.
El problema es multifactorial y no es de fácil solución. Al menos, el presidente Boric parece tener alguna idea al respecto cuando anunció que ciertas forestales estarían dispuestas a salir de la zona.
Otro signo importante fue el anuncio de la ministra de Bienes Nacionales respecto a que se usará el presupuesto de Conadi para compra de territorios disponibles para ese fin. Dicho problema es un tema que, en una entrevista a este medio, un comunero de la zona nos había advertido.
Esas son dos señales que, lejos de solucionar el problema, plantean herramientas que pueden ayudar a su búsqueda. Sin embargo, también hay algunas malas señales que podríamos llamar fuego amigo. Las declaraciones de la diputada Kariola y la constituyente Catrileo dejan entrever una justificación de la violencia que no debiese ser aceptada bajo ningún punto de vista. Cuesta creer que una visita a Marcelo Catrillanca no haya seguido protocolos mapuche y que eso hubiese generado los disparos.
Hay que recordar que en Temucuicui ya han muerto funcionarios policiales en operativos por actividades de cultivo y tráfico de drogas, asunto que también fue materia de entrevista a El Regionalista por parte de un policía retirado.
Está claro que, a quienes profitan del cultivo y venta de marihuana, no les conviene en absoluto que el Estado de Chile tenga una presencia en la zona. Esa es una teoría que tiene bastante lógica.
Otra, tiene que ver con motivos políticos. Hay que recordar que el exministro Moreno estuvo cerca de llegar a acuerdos importantes cuando se cometió el asesinato de Camilo Catrillanca, por parte de Carabineros, y todo quedó en nada.
Cualquiera sea el motivo o los motivos, este gobierno tiene que tomarse las cosas con la mayor seriedad y continuar poniendo sobre la mesa soluciones concretas. Asimismo, debe tener sumo cuidado al momento de sentarse a conversar con lonkos, machis, etc. No todos los grupos quieren lo mismo.
De fondo, la convocatoria a la búsqueda de soluciones debe sustentarse en que ellas no se encontrarán exclusivamente en el ámbito técnico o económico, impuestas desde la autoridad. Para una crisis en que el lastre histórico se combina con delincuencia vinculada al narcotráfico y el contrabando de madera y presencia de grupos armados, fórmulas hechas y sacadas del sombrero, se estrellarán con el cansancio, escepticismo y descrédito que anidan en los actores.
Tampoco el gobierno se debe dejar amedrentar, como ha anunciado la misma ministra Siches. Las declaraciones de ciertos dirigentes en las últimas horas con tonos amenazantes deben quedar fuera de la ecuación, porque nadie negocia con la pistola en la mesa. Se entiende que el gobierno de Boric no quiera continuar con el estado de excepción porque, como ha apuntado uno de nuestros columnistas: ya se probó por la fuerza; ahora hay que intentar la razón y el diálogo. Pero un diálogo con entendimiento y respeto mutuo. La búsqueda de caminos, en todo caso, debe encontrar armonía con los tiempos de la Convención. Lo que de allí aflore, principalmente en el ámbito del establecimiento de autonomías territoriales para los pueblos originarios, será un ingrediente central en la vía de respuesta al conflicto del Estado en el Wallmapu.