El maridaje política-negocios, una sombra que aguarda al nuevo gobierno

Las dudas sobre la independencia que tendrán nuestras nuevas autoridades ante los poderes fácticos tienen un antecedente: la costumbre ya casi institucionalizada de la “captura del agente regulador”, como eufemísticamente se ha llamado al reclutamiento de ex autoridades públicas por parte del gran empresariado.

Por Edison Ortiz

Con el debate que se observó a propósito de la licitación del litio, se conoció cómo se están estructurando los hilos del poder en la conformación del nuevo elenco gubernamental, cuya composición en el nivel del gabinete ministerial se difundirá durante esta semana.

La visibilidad que tuvo la polémica puso luz y sembró dudas sobre el equipo del presidente electo que asistió al encuentro con el ministro de Energía. Durante el fin de semana, Jobet volvió a reiterar que dicho elenco no solo no pidió detener el proceso de licitación en marcha, sino que la administración Piñera incorporó todas las sugerencias que le hicieron sin que, hasta hoy, nadie salga a desmentir al secretario de estado. Tampoco hubo mención sobre el vínculo de la jefa de prensa del presidente electo, Tatiana Klima, con la minera Dominga. Luego de haber sido jefa de comunicaciones del Mineduc con Nicolás Eyzaguirre (otro hombre de los directorios de Luksic), la profesional se incorporó a una filial del empresario de origen croata. Las mismas inquietudes dejó la difusión del vínculo del asesor en temas mineros de Boric, Willy Kracht con el Cesco, think tank que también financia el multimillonario; o la procedencia de Espacio Público de Diego Pardow, quien durante Bachelet II, junto a José Roa y Ernesto Muñoz, redactó el proyecto original de la ley del consumidor que dejaba sin ningún rol a las organizaciones de consumidores. Similar impacto provoca, aunque en otra dimensión, la confirmación de Irina Karamaros como primera dama, luego que en campaña el presidente electo afirmara que esta institución debía ser abolida y su responsabilidad asignada «en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de afinidad y de relación sentimental o de sangre con el presidente o presidenta”.

Tales nombres, como también otros que quizás salten al ruedo durante esta semana, podrían levantar dudas sobre la independencia que tendrán nuestras nuevas autoridades ante los poderes fácticos. Es una preocupación asociada a la costumbre ya casi institucionalizada de la “captura del agente regulador”, como eufemísticamente se ha llamado al reclutamiento de ex autoridades públicas por parte del gran empresariado, en especial en áreas como Hacienda, Telecomunicaciones, superintendencias y Minería con una extensa lista de involucrados. Ante esta práctica, que ha resultado ser más o menos la regla durante la transición, importa destacar la mecánica o tecnología del poder en juego: actores políticos oficialistas que luego de ocupar puestos estratégicos en el estado pasan a los directorios de superintendencias y AFP’S, isapres o empresas que antes fiscalizaron.

En la derecha, esta práctica ha resultado casi natural: gente que ocupó cargos estratégicos en empresas privadas saltó luego a puestos públicos estratégicos, en funciones muchas veces de regulación. La perversión máxima pudo observarse en el gobierno de Piñera I con el subsecretario de minería Pablo Wagner, quien recibía un estipendio mensual de más de tres millones de pesos de Penta (propiedad de Délano y Lavín).

Pero debemos recordar que con Bachelet dos, Luksic aportó cuatro ministros provenientes de sus filas, más que cualquier partido político de la coalición gobernante. 

La reunión en el ex Congreso

El pasado viernes 7 de enero en las dependencias del ex Congreso Nacional se reunieron los tres senadores de oposición de la comisión de Hacienda del senado (Ximena Rincón, Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber) con parte del equipo económico del presidente electo encabezado por Miguel Crispi y sin participación del PC. A la actividad también asistieron, entre otros, Javiera Martínez y Hernán Frigolett del PS (el último, probable ministro del área económica) y Alejandro Micco del PDC. Lo significativo del evento fue la doble militancia de los economistas que asistieron por el PPD: Rodrigo Valdés y Álvaro García, ya que no solo son los profesionales que siempre orientan a Lagos Weber y a Girardi, sino que mientras Valdés fue designado miembro del directorio de la gigante eléctrica china State Grid al dejar su cargo ministerial, el ex ministro de Lagos es el presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, dominada por el gran empresariado del rubro. Es decir, en una comisión institucional, a la que asisten suponemos con el visto bueno del presidente electo, comparecen economistas representantes privados de dos de los grandes conglomerados que podrían ser afectados directamente por las principales reformas prometidas: tributaria y de pensiones.

Vista por uno de los asistentes como un arrinconamiento a Apruebo Dignidad y en particular al PC, la transversal reunión se presentó como una jornada para buscar puntos de acuerdo en torno al financiamiento de la PGU. Sin embargo, el encuentro derivó hacia otras instancias de debate como el royalty minero y el interés de Valdés, García y Frigolett –¿cómo representantes del PS y del PPD o de los intereses de privados?– por aplicar un royalty que no esté basado en el derecho exclusivo del poder soberano sino en los balances de las empresas. Ello permitiría que, eventualmente, los documentos contables puedan ser instrumentalizados en beneficio propio al momento de hacer efectivo el cobro del royalty. Los hechos descritos dan cuenta de la consolidación del maridaje institucionalizado entre política e intereses corporativos privados lo que, más allá de la poesía de cada gobierno, pareciera consolidarse en el tiempo, eventualmente incluso con una administración fresca como la del Frente Amplio.

La doble militancia de algunos asistentes a estos encuentros, que se han seguido dando, hace dudar de la verdadera naturaleza de su presencia allí, dadas sus posturas sobre el royalty y la reforma tributaria, que incluiría un impuesto a los superricos. Precisamente, el nuevo informe de la ONG británica Oxfam “Las desigualdades matan” vuelve el foco sobre las personas más ricas, pues señala que desde comienzos de la pandemia los diez hombres más ricos del planeta duplicaron sus fortunas en tanto el 99% de la población vio mermados sus ingresos (https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan).

El tema es tan relevante como para que en la Enade a la que asistió el presidente electo, Richard Von Appen, presidente de la Sofofa, señalara que el impuesto a las grandes fortunas sería el equivalente a “un despojo”.

Epílogo: regular la puerta giratoria

En países desarrollados como los europeos, incluso en Argentina, en general la práctica es que, una vez cesan en sus cargos, los ex personajes públicos de las coaliciones de centro izquierda, incluso de derecha en España, pasen a las universidades públicas a socializar su rica experiencia o a la judicatura como sucedía en Chile en el siglo XIX. Sin embargo, para los economistas y no pocos actores públicos del establishment, las prebendas y salarios fiscales no son los del mundo privado y optan, en el lenguaje de Carlos Altamirano, por “acomodarse al modelo”.   

Y no es que se quiera negar el derecho al trabajo de nadie, es simplemente que se debe impedir la captura de los agentes reguladores como hemos tenido la oportunidad de verlo en Chile cientos de veces con actores públicos que pasan sin ningún filtro desde los reguladores a empresas reguladas -en cargos directivos o puestos de directorio- o a ocupar cargos ejecutivos de empresas privadas o think tanks controlados por grandes empresas.

En Chile, el tiempo para no ser contratado en el mundo privado luego de ocupar un cargo estratégico es de solo seis meses. En los países más o menos serios es de dos años como mínimo.

Si esa mecánica del poder no cambia, y no se amplía el plazo para impedir ejercer cargos privados luego de pasar por el Estado, la teoría de la captura del ente regulador y del acomodamiento seguirán plenamente vigentes, aún con un gobierno que ofreció recambio.