Fraude en la Corporación Municipal de San Fernando: todos miraron al lado

Las señales de gestión cuestionable de la Cormun de Rancagua son alertas que la autoridad democrática y las entidades vinculadas con la educación deben tomar con urgencia, a menos que se quiera replicar la gravísima situación de la Corporación Municipal de San Fernando, Cormusaf, cuyos ex presidentes -dos ex alcaldes- se encuentran con arresto.

Por equipo de El Regionalista

Hace poco El Regionalista, con información de primera fuente, publicó un reportaje sobre los aumentos de sueldo y creación de nuevos cargos en la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun), decisiones que se contradicen con la baja sostenida de matrícula en sus establecimientos, es decir, un tercio menos de alumnos que en los 90’, cuando su dotación de personal de administración representaba no más que la cuarta parte de lo que es hoy.

Ni el alcalde Juan Godoy, ni el secretario general de la corporación, Mario Avilés, quisieron responder a la solicitud de entrevista planteada por este medio. Y la situación no ha variado, tal cual como cuando se hicieron denuncias y corrieron rumores sobre pagos abultados SEP a la ATE Conéctate Global del asesor jurídico del exalcalde Eduardo Soto, Álvaro Lavín, que también prestaba asesorías a los establecimientos de la Corporación (una ATE es una empresa de Asistencia Técnica Educacional que asesora a municipios).

Las señales de gestión cuestionable de la Cormun de Rancagua son alertas que la autoridad democrática y las entidades vinculadas con la educación deben tomar con urgencia. Porque una historia similar es la que llevó a la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf) a la situación en que se encuentra hoy.

Las denuncias por malversación de fondos públicos y gestión inadecuada en la Cormusaf se arrastran ya desde hace años, pero nunca nadie le puso el cascabel al gato. El asunto, al final, estalló hace muy poco cuando  el Juzgado de Garantía de San Fernando luego de una vista de formalización que tomó 16 horas, decretó prisión preventiva para el ex edil de dicha comuna, Luis Berwart (2012 y 2021), el ex administrador municipal, Pablo Bravo, el ex jefe de finanzas y secretario general subrogante de la corporación municipal, Leonidas Quiroga, y para el jefe de operaciones, Carlos Bozo, por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de documento público, ambos en carácter reiterado.

Fiscal de Alta Complejidad, Fabiola Echeverría: “(En la Cormusaf) existía esta asociación entre los funcionarios con más jerarquía dentro de la corporación, y el ex alcalde y su administrador municipal, quienes se reúnen y generan estos distintos negocios, sociedades y prestaciones de servicios útiles”

Fabiola Echeverría, la fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad señaló en la oportunidad que “existía esta asociación entre los funcionarios con más jerarquía dentro de la corporación, y el ex alcalde y su administrador municipal, quienes se reúnen y generan estos distintos negocios, sociedades y prestaciones de servicios útiles imposibles de transparentar administrativamente en la corporación», con el objetivo de «generar fondos que fueron destinados a su enriquecimiento personal, pago de favores, de campaña«.

El hecho es que el hoyo financiero de la Cormusaf tiene una historia de años. Y nunca se decretó su quiebra definitiva, ni se dictaminó su intervención por parte del estado. Por el contrario, cada parlamentario-broker de una u otra coalición –en especial Juan Pablo Letelier y en mucha menor medida los parlamentarios de derecha, exponentes de los dos conglomerados políticos más influyentes de la última década en la región, conseguían algunos recursos con el Ministerio de Educación a nivel central en cada crisis de la institución, lo que permitía a la Cormusaf seguir haciendo bicicleta y también abultando la deuda. A cambio, los parlamentarios enchufaban en la municipalidad de San Fernando o en la corporación a articuladores de su clientela electoral u operadores políticos. No es casualidad que de los cuatro imputados, los dos ya mencionados, Leonidas Quiroga (PR) y Pablo Bravo (PS), además del ex Dideco, Franco Ormázabal (PS), sean todos muy cercanos a algún senador en ejercicio. Sin embargo, tanto fue el cántaro al agua que este al final se rompió y la crisis de la Cormusaf se tornó inmanejable.

Los antecedentes del descalabro fueron varios; conforman las páginas de un manual no escrito de cómo hacer mal las cosas. Primero fue el desorden financiero. Luego, la gestión indebida dio un paso hacia la malversación (que es el uso indebido de fondos en fines para los que no estaban destinados), en especial desde que se comenzaron a recibir recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), con carpetas de acciones de Programas de Mejoramiento Educativo, PME, que en el papel estaban perfectas, pero que nunca se realizaron en los colegios. Así, se dieron casos de establecimientos que pese a recibir más de cien millones de pesos al año por SEP no veían jamás esos recursos. Más tarde, se instaló la mala práctica de cargar en rendiciones SEP los sueldos y honorarios de gente que no trabajaba en la Cormusaf, abultando además los sueldos. Otro paso más fue la apropiación de recursos de jubilación anticipada de docentes en edad de pensionarse. Fue una escalada de acciones que, según la Fiscalía, apunta a una probable asociación ilícita que tiene a los dos últimos alcaldes de la capital de Colchagua en prisión.

Conforme a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), solo entre 2014 y 2021 se desviaron más de tres mil millones de pesos con diversos fines desde el área de salud y educación de la corporación municipal. 

Los tribunales ratificaron la prisión preventiva para el exalcalde Berwart, en tanto Juan Paulo Molina, otro ex alcalde, quedó con arresto domiciliario total.

La Cormusaf: el palacio del automóvil

En la audiencia desarrollada el 17 de diciembre, la fiscal que lleva la investigación, leyó una conversación en que uno de los protagonistas es el ya mencionado ex jefe de Finanzas de la corporación, Pablo Bravo. En el diálogo, se ironiza con la posible amenaza de “fletar a un concejal” –“hay que operarse” (de él)–, cuya crítica a la gestión de Berwart la transforma en una imagen sobre la Cormusaf: dice que es como “el palacio del automóvil”, debido a la gran cantidad de vehículos nuevos que aparecían periódicamente en el estacionamiento de la institución. La contraparte de Bravo en la conversación, una persona a la que llama “Amiguita”, propone “fletarlo” y el entonces funcionario municipal sugiere hacerlo pasar por “robo frustrado”.

En el audio difundido por redes sociales se da cuenta del modus operandi de los imputados y cómo están involucrados exconcejales, abogados funcionarios y sicarios, al ritmo de un baile de millones y dineros para campaña.

Si eso no es Colombia, estamos casi en su frontera.

San Fernando: el Macondo chileno

Como se sabe, durante la audiencia de formalización el abogado defensor del exalcalde Berwart pidió una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, pero la fiscal Fabiola Echeverria sostuvo la pertinencia de la medida. Entre otras cosas se preguntó “¿de dónde provenían los fondos que se defraudaron de la corporación? Provenían en gran parte de la municipalidad de San Fernando. Y quien administraba esa municipalidad era precisamente Pablo Bravo”, el mismo ex funcionario de quien hoy se rumorea intentó suicidarse en prisión.

En seguida, el fiscal regional (s) Javier Von Bischoffshausen, planteó que “las defensas, todas las que han alegado hasta el momento se allanan a cualquier cautelar más intensa que venga después de la prisión preventiva y (…) cada vez que hacen eso, están reconociendo existencia del delito y participación… Por lo tanto, cada vez que un defensor se allana a una cautelar distinta a la prisión preventiva está reconociendo el delito y su participación y esa es una cuestión procesal sumamente básica”.

Con la prisión preventiva de Berwart y el arresto domiciliario total de Juan Paulo Molina, ambos exalcaldes, se cierra un ciclo de irregularidades que han hecho que Macondo, de la inolvidable novela de García Márquez, quede relegado a un segundo plano, eclipsado por el realismo mágico que creció y se consolidó en la gestión del principal municipio de Colchagua y del cual fueron cómplices activos o pasivos casi todos los actores locales.

Este primer clímax en la comedia de malos manejos de la Cormusaf requiere un análisis más fino, puesto que de lo que hablamos es de la educación pública. Es decir, no sólo se trata de observar cómo un grupo de ex funcionarios burlaron el encargo que se les confió, sino que es necesario no perder de vista que los grandes afectados han sido los estudiantes de los colegios municipalizados de San Fernando y sus familias. Frente al impacto de esa mala gestión, toca preguntarse cuánto aportó cada una de las instituciones involucradas en el estrepitoso fracaso de la Cormusaf.

Faltó mayor fiscalización del concejo municipal, a pesar de que se hicieron denuncias y presentaciones ante órganos fiscalizadores. Falló el concejo cuando no fue rápido ni diligente en su actuar, cuando ya había informes de Contraloría y del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ponían a este municipio como un símbolo de cómo hacer mal las cosas a la hora de administrar recursos públicos. Fallaron las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la educación a la hora de exigir cuentas a las autoridades por lo obrado mal en San Fernando. Falló la prensa regional y local en su tarea imprescindible de fiscalizar. Falló también la ciudadanía que, por acción u omisión, reeligió a las mismas autoridades que llevaron a San Fernando al podio de la corrupción institucionalizada.

A propósito de lo que está sucediendo en la Cormun de Rancagua, la comparecencia ante la justicia de la corporación de San Fernando y sus autoridades es una clara señal que nos indica que no podemos volver a fallar de nuevo, a menos que nos acomode el sayo que nos cuelga un conocido periodista:  que Rancagua es “la capital de la corrupción”.

Presidenta Regional de los Profesores: la situación de la Cormun no incumbe al gremio

En edición anterior, El Regionalista solicitó la opinión del presidente del Colegio de Profesores de Rancagua, Nicolás Salgado, sobre la situación de la Cormun, Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua.

El dirigente gremial calificó la decisión del actual alcalde, Juan Ramón Godoy, de aumentar los sueldos del personal directivo de dicha Corporación como poco ética.

Sobre la misma materia, enviamos una batería pregunta a la presidenta regional del Colegio de Profesores, Verónica Díaz, de quien quisimos conocer su postura.

En escueta conversación, la dirigente regional de los profesores señaló que en este asunto su organización no tiene postura. La designación de los directivos de la Corporación Municipal por parte del actual alcalde y de su secretario general, explicó, “no es un tema que incumbe al Colegio de Profesores. Distinto es si se comprobase malversación de fondos públicos, en cuyo caso, inmediatamente lo denunciaríamos. No vemos ilegalidad en lo que ocurrió en Cormun. En Cormusaf sí se comprobó que hubo malversación de fondos”.