Ganó la Junta de Vecinos de Cuesta Idahue Carretera

Por Equipo de El Regionalista

Aunque no trascendió mucho fuera del ámbito judicial, la resolución del 31 pasado, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que ordenó paralizar la extracción de áridos en Cuesta Idahue, Coltauco, fue un hito en la batalla ambiental que tiene distintos frentes en la región.

Primero, porque la Corte instruyó la paralización sin esperar un proceso de infracción que cursó Obras Públicas contra la empresa infractora, Áridos e Inversiones San Vicente, el que aún no está resuelto, y porque quien presentó el recurso de protección fue la Junta de Vecinos de Cuesta Idahue Carretera, una organización comunitaria de base. O sea, cuando la comunidad organizada alza la voz, suceden cosas.

El recurso de protección interpuesto por la junta vecinal en julio pasado se dirigía contra la mencionada empresa y también contra la Municipalidad de Coltauco. Y mientras sobre Áridos San Vicente pesaba la denuncia de extraer más material del permitido en la ribera norte del río Cachapoal, al municipio lo acusó de omitirse del deber de control frente a las infracciones de la empresa.

Desde 2018

La crónica de las infracciones de Áridos San Vicente arranca en octubre 2018, fecha en que solicitó autorización para extraer áridos en Idahue en un volumen máximo (19 mil metros cúbicos) y sin sobrepasar el fondo del cauce del río.

Ante los reclamos de los vecinos, la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, del Ministerio de Obras Públicas confirmó en abril de 2019 que la empresa había superado el volumen de extracción y la profundidad permitidos, por lo que el municipio solicitó el cierre de la faena. Dos años más tarde, la misma DGA certificó que la extracción de material había superado los 250 mil metros cúbicos, incluyó superficie no autorizada y afectó a un cuarto del cauce del río con el evidente daño ambiental. Por ejemplo, la evaporación de 23 mil metros cúbicos de agua y la modificación del cauce del río.

Tal fue el daño ocasionado que ya en 2019, la DOH anunció que a su inversión en defensa fluvial en el sector de 1.900 millones de pesos no sumaría más recursos por el estado de vulnerabilidad en que quedó el borde del río.

En marzo de este año, la DGA multó a Áridos San Vicente por 1.450 UTM, algo así como 85 millones de pesos, la paralización inmediata de faenas e inversión en la recuperación del cauce del río, sanción que no se ha hecho efectiva por la apelación de la empresa. Y pese a todo, hasta hace pocas semanas, seguía extrayendo arena.

Alvin Saldaña, abogado especialista en el tema ambiental, señala que a fines de junio, la empresa retomó la extracción (que debió estar paralizada hacía tiempo) pese a los temporales e inundaciones del 23 y 24 de ese mes. Por lo anterior, la Junta de Vecinos de Cuesta Idahue Carretera decidió apurar una acción legal: “cuando la empresa reanudó la extracción, ya viene inundado el sector, y justamente se inunda por el mismo sector donde ellos estaban, Idahue se inundó justamente por todo el sector donde ellos han extraído áridos, un montón de hectáreas intervenidas, son más de 20 hectáreas intervenidas del borde del río”.

Con todos estos antecedentes, la decisión de la Corte de Apelaciones fue categórica: paralización inmediata de la extracción. Junto con ello, remitió los antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente y a la Fiscalía, de manera que ambas instancias actúen según las irregularidades o los delitos cometidos.

En el caso de la Municipalidad de Coltauco, el tribunal desestimó la falta de omisión que había acusado la Junta de Vecinos.