El desafío de la prevención del acoso en universidades de la región

Nueva ley de prevención del acoso desafía a instituciones educativas de O’Higgins

Por Adriana Bastías

Hace unos días, el Senado aprobó la ley que previene y sanciona el acoso sexual en la Educación Superior, iniciativa que fue impulsada por la Asociación Red de Investigadoras a comienzos de 2018. Ese mismo año, en el último trimestre, la Universidad de O’Higgins saltó a los titulares nacionales luego de despedir a dos de sus académicas que denunciaron hostigamiento laboral.

El jueves 6 de agosto en la sala del Senado se aprobó la ley que previene y sanciona el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en educación superior, quedando lista para su promulgación por el presidente Piñera. 

En 2018, se produjo el recordado mayo feminista que surgió tras la toma feminista en la Universidad Austral de Chile, sumándose después tomas en muchas universidades a lo largo del país; la nueva disposición legal ha visto la luz y es el producto de este movimiento en el cual participaron miles de mujeres.

La ley fue impulsada por la Asociación Red de Investigadoras, entidad sin fines de lucro que nació en 2016 en O’Higgins. Su objetivo es asignar a la institución de educación superior la responsabilidad de generar un modelo de prevención y sanción ante la violencia de género con participación triestamental: académicos/as, estudiantes y funcionarios/as. Y establece los parámetros mínimos de ese modelo y encarga a la institución que entregue apoyo sicológico, médico, social y jurídico a las víctimas y las personas afectadas.

El punto de mayor resistencia durante la tramitación del proyecto de ley fue establecer que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género no podrán acceder a la acreditación institucional. Pero para nosotras era un punto clave, porque la acreditación implica financiamiento y necesitamos que estos temas se tomen seriamente.

Otro aspecto que considera la ley es que las personas que formen parte de las unidades de Género de las instituciones de educación superior estén capacitadas en derechos humanos y género, y no sólo que sean de confianza del rector o rectora.

Quizás el punto de mayor resistencia durante la tramitación del proyecto de ley fue establecer que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género no podrán acceder a la acreditación institucional. Pero para nosotras era un punto clave, porque la acreditación implica financiamiento y necesitamos que estos temas se tomen seriamente.

La denuncia en la Universidad de O’Higgins

En la región de O’Higgins no estuvimos ajenos al movimiento estudiantil. De hecho, durante el 2018 la universidad decidió desvincular a dos académicas: Karina Bravo y Vania Figueroa. Karina había interpuesto una denuncia por hostigamiento laboral de sus dos jefes directos y Vania declaró a su favor en la investigación. Se cerró la investigación interna sin encontrar culpables, a la semana del cierre ambas fueron desvinculadas, con la paradoja de que Vania tenía un PAI (proyecto de inserción en la academia de 3 años, y ni siquiera terminaba el primero de ellos) y que ella era la académica con mejores evaluaciones de parte de los estudiantes de la Universidad. Además, representó a la Universidad en los inicios de la Comisión de Género del CRUCH.

Muchas veces lo legal no se equipara a lo éticamente correcto: ambas fueron evaluadas por las personas denunciadas y, al estar a contrata, el rector legalmente tenía la facultad de desvincularlas sin mayor explicación. Tenemos un montón de ejemplos de esta contraposición entre lo legal y lo ético: las AFPs son legales, las isapres también lo son, el sistema de mercado actual es legal, el sistema neoliberal también lo es.

Sin duda, un golpe así a las carreras de ambas académicas fue brutal, pero actualmente siguen aportando desde distintos ámbitos.

El caso parecía adormecerse. A Karina no le fue acogido el recurso de protección por los jueces de Rancagua, en una sala donde estuvo uno de los jueces que pusieron en la palestra pública a la ciudad por los casos de corrupción existentes en el sistema judicial. Mientras, se determinó que la Universidad de O’Higgins sí había vulnerado derechos laborales de Vania Figueroa. Luego vino lo impensable, dado que el sueldo de Vania Figueroa había sido cubierto en gran parte por el proyecto de inserción de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología: la Universidad debía devolver el dinero pagado a ella hasta el momento de su despido. Pero, la universidad al parecer quería evitar esta devolución y mal utilizó la firma de Vania Figueroa ante Conicyt. Por esta razón actualmente se encuentra en curso una querella criminal interpuesta por Vania Figueroa el 28 de julio de 2020 por los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude al fisco. 

Uno pudiese pensar que en una universidad nueva no se instalarían tan fácilmente prácticas inadecuadas, machistas y violentas pero tanto la Universidad de O’Higgins con este caso, que aún no termina judicialmente, como la Universidad de Aysén con el caso de un académico (esta semana fue destituido), formalizado por violación a una alumna, son ejemplos lamentables y dolorosos de lo necesaria que era esta ley.

Tengo esperanzas de que su promulgación y puesta en marcha sea un aporte a cambios culturales importantes en la educación superior, para que todas las personas nos podamos desarrollar en ambientes libres de violencia.

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