Pukara de La Compañía, historia de una demolición (y de un Estado ausente)

Hace 700 años comenzó la ocupación del cerro Grande de la Compañía, en cuya cima los promaucaes, primero, y luego el imperio inca, levantaron fortificaciones que les permitían una visión perfecta en 360 grados de cualquier amenaza que se aproximara. Sus vestigios han sido arrasados en tres oportunidades por obras de levantamiento de antenas de celulares, sin que hasta ahora el Estado haya hecho valer la titularidad que le confiere la ley sobre este y todo vestigio arqueológico.

Equipo de El Regionalista

En menos de 40 años, luego de su registro científico a fines de los 80, el pukara de La Compañía ha sido arrasado por tres grandes intervenciones, todas ellas destinadas a instalar antenas de telecomunicaciones. Ninguna ha contado con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, gestión a la que estaba obligado su dueño desde 1990, el conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle.

El pukara de La Compañía, en la comuna de Graneros, se ha transformado en el símbolo del triunfo del derecho de propiedad por sobre el interés común y la historia de una comunidad.

En menos de 40 años, luego de su registro científico a fines de los 80, ha sido arrasado por tres grandes intervenciones, todas ellas destinadas a instalar antenas de telecomunicaciones. Ninguna ha contado con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, gestión a la que estaba obligado su dueño desde 1990, el conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle, quien fue conservador de Rancagua entre mediados de los 80 y 1998.

Un pukara es una fortificación con fines defensivos característica del imperio inca que, en el centro de Chile, fue levantada en distintos puntos, principalmente cerros isla como son el cerro Grande de La Compañía y el cerro Chena de San Bernardo. En el caso de La Compañía, el pukara fue un verdadero complejo con muros perimetrales, colcas (depósitos de piedra para almacenamiento de grano) y una acequia al pie del cerro, que tenía doble fin: riego y defensa, esto último pues en caso de amenaza, los ocupantes del pucará inundaban los accesos.

Para el imperio Inca, que llegó hasta el centro de Chile hacia 1470, la importancia de este pukara se refleja en su proximidad al Qapaq Ñan, sistema de carreteras inca trazado en cerca de 30 mil kilómetros a lo largo de Sudamérica. A los pies del cerro, se desplegaba uno de los brazos de esta red vial.

La investigación que permitió describir esta fortificación, realizada a partir de 1988 por los arqueólogos María Teresa Planella y Rubén Stehberg, encontró más: ciertas características de los vestigios incas indicarían que también pudo ser una instalación con fines rituales. Y en el entorno se encontró parte de la abundante flora comestible que existía en el sitio, por ejemplo, la cebolleta (Brodiaea porrifolia). No sólo eso. Dentro de la fortificación, había restos de construcciones de mediados de 1300, atribuibles a la etnia promaucae que habitaba la zona antes de la llegada de los incas.

O sea, el cerro Grande de La Compañía guarda un tesoro patrimonial de altísimo valor que aún no revela todos los secretos del paso de etnias locales, el Tahuantinsuyo (la organización política inca) y los españoles.

Estado de la vegetación “parte el alma”

El miércoles 8, el área de Patrimonio del Ministerio de las Culturas en nuestra región organizó un diálogo ciudadano en el que dio cuenta de la gestión posterior al 7 de junio, fecha en que se difundió el tercer atropello sufrido (y hasta ahora conocido) por el pucará.

Para Rubén Stehberg, quien visitó el cerro hace unas semanas y realizó la primera investigación en 1988, el estado actual de la vegetación “parte el alma”. En la cima del cerro, entonces poblada de arbustos y vegetación que cubría los vestigios, prácticamente no queda nada, y no todo es atribuible a la sequía. El tránsito descontrolado de personas, vehículos y animales llevados a pastar, han tenido un resultado catastrófico.

Pero lo más grave ha sido las obras asociadas a las dos antenas de compañías de telefonía móvil y la base de una tercera, cuya construcción fue paralizada el pasado junio por intervención de Monumentos Nacionales.

El pucará tiene una doble protección: por el sólo ministerio de la ley es un monumento arqueológico propiedad del Estado, calidad que la ley le otorga a “los lugares, ruinas, y yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional”. Pero, además, en 1992 el pucará fue declarado monumento histórico.

Por ello, su propietario no podía hacer nada sin solicitar la expresa autorización de Monumentos Nacionales.

Pero ya en 1998 intervino la autoridad por el levantamiento de una primera antena; entre 2014 y 2020 se levantó una segunda antena, hallazgo que la autoridad hizo recién al ingresar al predio el pasado junio para detener las obras de la tercera antena.

Los daños son incalculables. No es sólo la remoción de material para instalar las bases de las antenas con lo que se destroza todo lo que pudo haber en el subsuelo sino que, principalmente, todas esas obras han implicado trazado de caminos que, entre otros daños, arrasaron centenares de metros y uno de los muros perimetrales. Y esto, sin que la autoridad competente se enterara ni menos autorizara.

El desinterés del propietario por el patrimonio

La conducta del titular del terreno frente a estos vestigios que son propiedad de todos los chilenos, el mencionado conservador Luis Maldonado, hasta aquí no deja lugar a dudas: no parece importarle más que el uso discrecional e individual de su propiedad y el beneficio que le pueda reportar.

En 1998, tras la primera intervención, llegó a acuerdo con la autoridad para desarrollar un plan de recuperación del pucará, luego de pagar una multa que representaba acaso la décima parte de sus ingresos anuales por arriendo a la compañía de telecomunicaciones. Sin embargo, en 2000 todos los investigadores a cargo del trabajo renunciaron por el incumplimiento de sus compromisos con el plan de recuperación.

Previamente, se supo que Maldonado tenía voluntad de entregar el dominio del terreno, pero a cambio de una isla en el sur de Chile, que debía entregarle el Estado.

Hace algunos años, el conservador fue convocado por una autoridad local para desarrollar un proyecto conjunto que permitiera poner en valor el monumento histórico y su beneficio para la comunidad. Su respuesta no admitió interpretaciones: no, porque a ese cerro le gustaba ir a los niños de su familia a andar en moto.

Si sólo nos atenemos a las conductas del propietario, surgen varias preguntas: ¿qué acción legal interpuso Monumentos Nacionales en 2000, cuando se produjo la denuncia de incumplimiento de compromisos? Se podría pensar, por lo narrado, que los organismos públicos estaban alertados. Sin embargo, la municipalidad de Graneros conoció hacia el 20 de abril pasado que se iniciarían obras de levantamiento de la tercera antena, lo que se concretó en mayo. ¿Por qué no desplegó alguna acción preventiva?

¿Donar el cerro o sólo la cima?

Punto aparte debe ser la acción severa que adopte la justicia por estas reiteradas acciones. Si habrá o no donación y quién administrará el terreno donado, son temas pendientes. Pero ni lo uno ni lo otro deben desviar la mirada sobre la aplicación ejemplarizadora de la ley sobre quien ha causado tanto daño al patrimonio regional.

Desde mediados de agosto, está funcionando una mesa de trabajo presidida por el subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, en la que también participa Luis Maldonado, quien en esta oportunidad ofreció donar el bien al Estado. El objetivo de la mesa es avanzar en la entrega de la propiedad y definir acciones reparatorias, de protección, recuperación arqueológica y ambiental y puesta en valor. Pero el propósito de la mesa es también delimitar el perímetro de lo que el actual propietario donará.

Definir el perímetro es fundamental, si lo que se quiere es resguardar la integridad del pukara. Se sabe hasta ahora que la mesa ha considerado que la donación abarque la cima y 20 metros hacia abajo desde el muro incaico inferior. Lo restante, hasta el pie de cerro, estaría protegido sólo por la calidad de monumento nacional. Pero ya se sabe que el real entorno arqueológico del pucará considera también la acequia inca que está al pie del cerro. Y se conoce también cuál ha sido la conducta del propietario con este monumento arqueológico en 1998, 2000, 2014 y 2021.

Punto aparte debe ser la acción severa que adopte la justicia por estas reiteradas acciones. Si habrá o no donación y quién administrará el terreno donado, son temas pendientes. Pero ni lo uno ni lo otro deben desviar la mirada sobre la aplicación ejemplarizadora de la ley sobre quien ha causado tanto daño al patrimonio regional.

La seremi de Cultura, Lucía Muñoz, cerró el diálogo ciudadano del miércoles 8 llamando a autoridades edilicias, expertos en patrimonio y representantes de organizaciones comunitarias a “confiar en lo que viene”. Confiar es bueno y desconfiar es mejor, dice un viejo dicho. En este caso, la confianza sólo puede depositarse en una propiedad real del Estado para todo el complejo que representa el cerro Grande de La Compañía desde el pie y hasta la cima. Lo contrario, es mantener un hito de la identidad regional en manos de quien ha priorizado siempre su beneficio personal por sobre la ley y el interés comunitario.

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