El programa de Boric para la descentralización

Para sumarnos a los países desarrollados y equitativos se requiere tanto pasar de 21 a 30% de carga tributaria como de 16% a 30% en el gasto público subnacional de municipios, regiones, autonomías indígenas y otras formas flexibles de gobiernos territoriales.

Por Esteban Valenzuela VT

Integrante Mesa Programa de Gobierno Apruebo Dignidad)

Felizmente, en el encuentro de l@s nuev@s gobernador@s en Concepción de hace semanas, la mayoría de los candidatos presidenciales se comprometieron a eliminar el delegado presidencial. Sobre todo Gabriel Boric quien, enriqueciendo el foco municipalista de Jadue en la coalición Apruebo Dignidad, expuso una agenda de descentralización sustantiva, que acá exponemos y contextualizamos.

El proceso de mayor descentralización impulsado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet logró la elección de gobernador@s, empoderar al Consejo Regional en fomento y desarrollo social y en planes estratégicos de ordenamiento territorial, medio ambiente (residuos y descontaminación), infraestructura y transporte, así como coordinación de gobernanza de ciudades. Sin embargo, la tecnocracia centralista de segmentos de la Concertación y la derecha bloquearon la ley de rentas regionales, no traspasaron competencias relevantes ni servicios claves.

Para sumarnos a los países desarrollados y equitativos se requiere tanto pasar de 21 a 30% de carga tributaria como de 16% a 30% en el gasto público subnacional de municipios, regiones, autonomías indígenas y otras formas flexibles de gobiernos territoriales.

Retomando muchas propuestas inconclusas consensuadas por la Comisión de Estado para la Descentralización el 2014, además de otras demandas de movimientos territorialistas, propongo:

1.- Estado democrático social plurinacional y territorialista con gobiernos municipales y regionales autónomos con control social. Dicha definición constitucional asegura la autonomía, el pluralismo jurídico y el incremento de capacidades de los gobiernos subnacionales para el diseño de políticas y creación de instituciones y reglamentos.

2.- Una ley de rentas regionales con fondo de convergencia territorial para que todos los gobiernos cumplan sus competencias con eficacia bajo el principio de equidad horizontal. En la base de dichas rentas estará el royalty del diez por ciento a las ventas de la industria extractivista (minería, pesca y salmonicultura, forestal, agroexportación, energía) que se compartirá entre zonas productoras y el fondo de convergencia, ecualizado con la debida coparticipación en las rentas centrales del Estado. Del mismo modo, las regiones podrán generar tasas adicionales para su desarrollo y endeudarse para mega proyectos, así como generar programas y otorgar subsidios complementarios para el desarrollo.

2.- Fortalecer la colegiatura, paridad e interculturalidad de los gobiernos regionales, avanzando a un modelo de elección semipresidencial. En las elecciones de gobernador/a regional donde no haya candidatos que obtengan el 40%, el cargo será electo por el Consejo Regional entre las dos primeras minorías. A su vez, debe existir paridad en el Consejo Regional y escaños reservados en todos los distritos con más de diez por ciento de población indígena.

3.- Traspaso de las competencias y servicios claves para el desarrollo regional coherente con sus nuevas divisiones y planes a su cargo: fomento productivo (CORFO; SERCOTEC), desarrollo agrícola inclusivo (INDAP); gestión de ciudades grandes, intermedias y pequeñas (SERVIU, SECTRA, Vialidad Urbana); medio ambiente, parques nacionales (SEA, CONAF), desarrollo social en todos los territorios (FOSIS, Deportes, FONADIS, SENAMA).

4.- Empresas públicas regionales y poder territorial en recursos naturales y universidades:

Posibilidad de crear empresas productivas y de servicios, mixtas, propias o asociadas con otros gobiernos subnacionales, incluyendo trenes de cercanía y autoridades de transporte. También nombrarán al menos un tercio de los directores de las empresas públicas y universidades en su territorio.

5.- Elección de los Fiscales Regionales junto a la elección del Consejo Regional, a partir de una quina definida por la Corte de Apelaciones respectiva, tras concurso público. Se creará también el Consejo Regional de Seguridad Comunitaria con participación del GORE/CORE, Fiscal Regional y representantes de los consejos comunales, las policías y entidades de prevención y rehabilitación.

6.- Región Wallmapu plurinacional autónoma y territorios indígenas con sus propios consejos, Universidad Indígena que rescate y promocione las cosmovisiones.

7.- Autoridad Regional de Aguas y Cuencas, AREGUAC, con observatorio del agua, planes integrales de manejo de cuencas multiactor y tribunal de resolución de controversias, lo que conlleva también la creación de Sistema Regional de Parques, Bordes Costeros y Humedales.

El programa de Apruebo Dignidad está en construcción aún y a la espera de resultados de mesas participativas y prioridades regionales. Esto mismo da muestra de creer en este proceso y profundizarlo como una de sus tres prioridades transversales (paridad, medio ambiente y descentralización)

Muchas de estas ideas han sido acogidas por el equipo programático de Gabriel Boric, quien agradeció públicamente nuestro aporte como regionalistas verdes y, en lo personal, por el trabajo la Comisión de Estado para la Descentralización, en la que logramos articular un gran consenso y un mapa de ruta que ha empujado el proceso. El programa de Apruebo Dignidad está en construcción aún y a la espera de resultados de mesas participativas y prioridades regionales. Esto mismo da muestra de creer en este proceso y profundizarlo como una de sus tres prioridades transversales (paridad, medio ambiente y descentralización):

“Nos comprometemos a distribuir el poder del Estado de forma igualitaria a nivel territorial. El centralismo hoy es un problema para la democracia y hoy tenemos un escenario de oportunidad para impulsar una descentralización cuyo horizonte sea la redistribución de poder y el desarrollo territorial equitativo, construyendo una unidad en base a la diversidad territorial del país.

Esta postura, nos compromete a revisar las leyes pertinentes, así como a fortalecer el rol de los municipios en nuestro país, tanto en atribuciones como en materia fiscal. En lo primero, fortaleceremos el rol en empresas públicas, como por ejemplo en sistemas de transporte integrado, reciclaje y otros servicios básicos. Y en materia fiscal, enviaremos el esperado proyecto de Rentas Regionales y modificación y ampliación del Fondo Común Municipal.

También, en el proceso de cambio productivo, las regiones jugarán un rol vital para establecer prioridades productivas bajo un nuevo rol del Estado, en una coordinación del mundo científico tecnológico, productivo, educacional y organizaciones sociales, apoyados por la futura Banca del Desarrollo. Ejemplos de ese esfuerzo son visibles al plantear la creación de oficinas municipales para promoción de la diversidad, la inclusión de población LGBTAIQ+ y el resguardo de sus derechos humanos o en impulsar la reforma al Convenio Marco para adaptarlo a las características y necesidades de cada región, la disminución de las brechas de infraestructura y servicios en las localidades, o en el desarrollo de una estrategia minera de adaptación a la crisis climática, que considera la seguridad y sostenibilidad de las zonas mineras y sus comunidades, así como la recuperación ecológica de los territorios.

También, velaremos por el desarrollo de las zonas agrícolas con igualdad de servicios, conectividad integral y fomento de la agricultura para la seguridad alimentaria.

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