Desafíos transformadores para la constituyente.

¿Cómo queremos, entre todos y todas, construir un nuevo pacto social? En la actual discusión constitucional existe un escenario ideal para ese propósito, con una convención constituyente representativa de la sociedad nacional, y una ciudadanía informada a través de canales diferentes a los medios de comunicación tradicionales.

Por Guillermo Herrera M., profesor y cientista político

Este año 2021 y gran parte del 2022 estaremos en plena discusión sobre nuestra nueva constitución, proceso que surge luego de la Revuelta Social de octubre de 2019, tras un acuerdo de la clase política del cual existen diversas y variadas lecturas.

A su vez, la Revuelta está precedida de varios síntomas que daban cuenta de las grietas del modelo construido tras la dictadura cívico-militar y avalado por los gobiernos que le sucedieron (de la Concertación 1990-2010 y del denominado ciclo Caburgua, Bachelet y Piñera 2010-2022). Entre ellos, la revolución pingüina del 2006, el movimiento estudiantil del 2011, las demandas medioambientales en rechazo a proyectos como Hidroaysén o Alto Maipo, movimientos de alcance territorial en Aysén, Magallanes y Freirina y el movimiento feminista. Todos esos hechos dieron cuenta, por un lado, del incremento de la participación política y movilización ciudadana y, por otro, de las contradicciones del hasta ese momento “oasis latinoamericano”, en palabras del presidente Piñera.

En ese sentido, las instituciones políticas no fueron capaces de canalizar las exigencias ciudadanas y sus representantes fueron cooptados por grandes poderes económicos, lo que queda en evidencia dada la transversalidad del financiamiento irregular (y regular también) de la política, al menos hasta el 2015, cuando estallan los casos de corrupción, como Penta y SQM.

En la coyuntura constitucional actual, y más allá de la legitimidad o de la interpretación del acuerdo del 15 de noviembre que le dio origen, lo cierto es que estamos en un proceso inédito: una Convención Constitucional paritaria, con escaños reservados para pueblos originarios, con una amplia mayoría de fuerzas transformadoras que entregará una propuesta sobre la nueva constitución a plebiscitar con voto obligatorio, si el cronograma se mantiene, el próximo 2022.

Proceso inédito

Es inédito, pues si revisamos la historia de Chile y sus instituciones políticas, nos daremos cuenta que todas las constituciones han sido dirigidas desde arriba, bajo tutela militar y sin participación política de las grandes mayorías. En ese contexto de subyugación de las mayorías por una minoría propietaria y detentadora de la fuerza estatal, se fue construyendo el relato nacional desde el siglo XIX hasta hoy, con un pequeño período de democratización (1938-1973), terminado abruptamente a punta de fusil e intervención extranjera. Bajo esta lógica, podríamos señalar que en esta forma de entender el país ha existido una sobrerrepresentación de las élites (principalmente económicas y políticas) y del mundo militar. Es cosa de pasearse por los centros históricos de las principales ciudades y verificar los nombres de sus calles: militares en su mayor proporción, luego políticos o comerciantes. ¡Para qué hablar de género! Y este modelo oligárquico de poder está presente incluso hasta el siglo XXI: durante el período 1990-2016, cerca de 75% de las y los ministros de Estado, 60% de senadores y más del 40% de diputados había cursado sus estudios secundarios en uno de 16 colegios de élite de Santiago y una de tres carreras en dos universidades de élite (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019).

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Lo anterior pondrá de manifiesto algo hasta ahora nunca discutido (o al menos no bajo un espacio institucional), a saber: ¿cómo queremos, entre todos y todas, construir un nuevo pacto social?

En la actual discusión constitucional existe un escenario ideal para ese propósito, con una convención constituyente representativa de la sociedad nacional, una ciudadanía informada a través de canales diferentes a los medios de comunicación tradicionales, que exige una ética y responsabilidad a quienes detentan algún cargo representativo, muy lejos del voto censitario decimonónico, el cohecho de la primera mitad del siglo XX, la represión política de la dictadura cívico-militar o los enclaves autoritarios y el binominalismo del Chile de la Transición.

Los sectores populares y medios no han tenido la costumbre de participar en este tipo de discusiones constitucionales, más que por decisión propia por exclusión de parte de quienes han detentado fáctica e históricamente el poder. Tampoco este último grupo ha tenido la costumbre no solo de no participar, sino de no imponer su visión sobre cómo el país debe organizarse: sus tradiciones, sus emblemas, sus ritos, sus héroes, la patria, las leyes, la forma de las ciudades, la vida privada, etc.

En el proceso actual, y a pesar del financiamiento de grandes sectores económicos a la opción rechazo y luego a los constituyentes de derecha, estos grupos conservadores solamente representan cerca del 24% de la convención constituyente (guarismo similar a la votación del rechazo y al denominado voto duro de derecha), terminando así con su sobrerrepresentación gracias, entre otros elementos, a la Constitución de 1980.

Participación y rendición de cuentas

En el proceso constituyente, dos aspectos juegan un rol crucial: la participación ciudadana y la rendición de cuentas, pues los estándares de la convención constituyente y sus integrantes, necesariamente deben ser más altos que los de instituciones tradicionales (Congreso, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, etc.).

Por lo tanto, lo inédito se transforma en realidad. Este nuevo escenario, por tanto, debe exigir responsabilidades que permitan dar sustento de legitimidad al proceso constituyente, en lo cual dos aspectos hoy juegan un rol crucial. Por una parte, la participación ciudadana que, si bien con niveles de movilización que han decrecido en comparación a octubre de 2019, aún permanece activa y especialmente ligada a algunas temáticas particulares (pensiones, derechos humanos, medio ambiente, feminismo, infancia, descentralización, entre otras); participación articulada, a su vez, en diferentes territorios. También, la rendición de cuentas, pues los estándares de la convención constituyente y sus integrantes necesariamente deben ser más altos que los de instituciones tradicionales (Congreso, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, etc.), que poseen niveles muy bajos de credibilidad. En ese sentido, una efectiva rendición de cuentas, sesiones abiertas y públicas y asociación entre lo votado y lo emanado desde las bases territoriales (los constituyentes son representantes de distritos, de espacialidades con su diversidad), serán fuertes pilares que le otorguen una base de apoyo y de transparencia a su trabajo, y, por lo tanto, al producto que resulte de la Convención.

Desde la región o los diferentes territorios que la componen, las necesidades suelen converger en torno a la protección del medio ambiente, evitando realidades como en La Estrella o Lo Miranda, lo que también obliga a repensar la estrategia de desarrollo económico y social; la protección del agua, considerando la sequía como efecto del cambio climático; la descentralización efectiva, disminuyendo el centralismo asfixiante que ha sido eje central del Chile que hoy comienza a ser reflexionado. En concreto, la tarea es dotar (nos) de una nueva carta magna que plasme en ella los consensos mínimos del contrato social de la comunidad política.

El desafío es enorme. Con unidad, convicción, paciencia y responsabilidad, las fuerzas transformadoras, que son mayoría en Chile, tienen en sus manos una posibilidad histórica, y la ciudadanía, por primera vez, de participar activamente de dicho proceso. No será fácil, pero vale la pena intentarlo.

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