Jorge Abbott y el colapso de la Fiscalía dispareja

Dos hechos han puesto en tela de juicio nuevamente la Administración de Justicia en Chile y la actuación del Ministerio Público. La condena en libertad vigilada al empresario Raúl Schüler, acusado de apropiarse de decenas de obras de interés histórico y propiedad fiscal y la revelación de una entrevista del Fiscal Nacional Jorge Abbott con el senador Jorge Pizarro, a semanas de su confirmación por parte del Senado en 2015. Los hechos reflotan un requerimiento en el que convergen muchas voces: reformular el modelo de Justicia y dotar de real autonomía al Ministerio Público.

Por Edison Ortiz

Raúl Schüler, empresario de La Punta de Codegua, en la comuna de Mostazal, fue condenado a 4 años y medio de presidio con beneficio de libertad vigilada “intensiva” por los delitos de “receptación y daño patrimonial de monumento paleontológico”. 

Durante años acumuló más de cien esculturas entre estatuas, fósiles y antigüedades, muchas de ellas protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales, por lo que fue imputado por el ministerio público, procesado y condenado en audiencia del Juzgado de Garantía de Graneros del pasado 25

La condena final no hace sino confirmar a los chilenos que hay una justicia para los ricos y poderosos y otra para los ciudadanos de a pie, lo que en otra época se llamó “justicia de clase”, lo mismo que también se puede decir en otros ámbitos de la vida como son la salud, la educación o la vivienda. La decisión sobre Schüler sirvió para retrotraernos al caso de Bastián Arriagada, joven que falleció asfixiado en el incendio de la cárcel de San Miguel hace 11 años, cuando cumplía una condena de 61 días de presidio por vender CD’s piratas.

Una cancha desbalanceada para los pobres

La Fiscalía es una institución que, tanto a nivel regional como nacional, hace noticia precisamente por el ambiente de irregularidades y controversias que la rodean, agregando una arista más a nuestra crisis institucional (y tal vez más grave que la propia política). Porque, además del cuestionado fiscal nacional, nuestra región es precisamente epicentro de las disputas entre fiscales, la intervención del poder político y el peso de la noche.

Como se sabe, la Fiscalía regional, a través de la fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la región, Fabiola Echeverría, solicitó 15 años de presidio para el imputado Raúl Schüler. En su defensa, llegó a señalar que había “gastado una brutalidad de dinero comprando todas estas cosas. Tenía un proyecto de vida y una de mis maneras de sentirme realizado era dejar todo esto como herencia, encuentro que en este país destruyen todo, no hay memoria de nada». Eso fue lo que dijo sin tapujos.

Las disímiles condenas (y destinos) de Bastián Arriagada y de Raúl Schüler son ángulos de la cancha dispareja que existe en Chile en todo orden de cosas, una de cuyas variantes es la administración de justicia. Todo ello es parte de un orden institucional cuyo hedor ya no soportamos. Se trata de la administración de justicia, que hacen los tribunales, pero también de la tarea de la Fiscalía, buque insignia de la Reforma Procesal Penal, instaurada en el 2000.

Porque la sanción aplicada a Schüler se hace pública la misma semana en que el fiscal nacional Jorge Abbott reconoció en entrevista televisiva que se reunió con el senador DC Jorge Pizarro a poco de ser ungido como fiscal. O sea, se reunió con un integrante del Poder que recién lo había ratificado y en el momento en que el legislador era investigado por el caso SQM. En la misma entrevista, la cabeza del Ministerio Público reconoció lo inapropiado de la cita. A buen entendedor pocas palabras.

Abbott: designación con atisbos de irregularidades

Hay que recordar el contexto en que surgió la búsqueda para encontrar al sucesor del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. El gobierno de Bachelet 2 había fracasado en su intento por instalar como contralor a Enrique Rajevic y los fiscales Gajardo y Norambuena desarrollaban los trámites y diligencias que tenían a una parte significativa del espectro político-empresarial como imputados o con causas abiertas por financiamiento irregular de la política. La lista incluía a un importante número de senadores y un grupo muy significativo de empresas y empresarios: Julio Ponce Lerou de SQM, quien finalmente ni siquiera sería citado a declarar, Carlos Lavín y Carlos Alberto ‘Choclo’ Délano ambos de Penta, Corpesca, entre otros. En el círculo de la mandataria había ministros comprometidos y, en carril aparte, el caso Caval involucró al hijo y la nuera de la presidenta. Era un cóctel que, entre julio y agosto de 2015, estuvo a punto de descabezar al gobierno.

En ese contexto, Michelle Bachelet se la jugó por imponer el nombre de Jorge Abbott como preferencia del gobierno para ese cargo.

Según informa el boletín del Senado de ese día la propuesta de la presidenta de la República recibió el respaldo transversal de 32 senadores, absteniéndose aquel día sólo dos que estaban demasiado involucrados como para haber votado por él: Iván Moreira y Jorge Pizarro.

Cuidar al Congreso pero… ¿quién cuida la Justicia?

La historia de lo que pasó luego ya es conocida: Abbott enuncia la famosa frase “hay que cuidar el Congreso Nacional” y empieza el despliegue de la operación “salvataje”.

Antes, en mayo, se había sacado del Servicio de Impuestos Internos a su director, Michel Jorratt, y en agosto se designó a Fernando Barraza, procedente del think tank bacheletista, como nuevo director. Y comenzó el zigzagueo de la agencia recaudadora de impuestos que la llevaría a no presentar querellas, situación que inhibió las acciones del Ministerio Público.

Luego de la elección del Fiscal Nacional, Jorge Abbott en 2015, se aleja del caso SQM a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y se instala la política de “ir acotando las causas”. Lentamente van desapareciendo de la palestra pública la mayoría de los legisladores involucrados en la emisión de boletas falsas, así como los em

Luego, el 15 de octubre el gobierno propuso a Abbott como su candidato a Fiscal Nacional, el 21 de ese mes lo nomina el Senado y se agudiza la maquinaria en marcha para limpiar no sólo a empresarios sino también a connotados políticos de los casos de financiamiento irregular. Junto con ello, la Fiscalía deriva causas a distintas fiscalías metropolitanas con el claro propósito de ir disminuyendo el control de las mismas que llevaban los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena –a quienes se aleja del caso SQM- y se instala la política de “ir acotando las causas”. Lentamente van desapareciendo de la palestra pública la mayoría de los legisladores involucrados en la emisión de boletas falsas, así como los empresarios comprometidos. Para Lavín y Délano, los delitos cometidos se sancionan con charlas de ética. En tanto, nuevamente Piñera alcanza la presidencia de la República e inmediatamente confirma a Fernando Barraza como director del SII, condición que acaba de extender.

En escena aparece el fiscal Dartagnan, Pablo Gómez, tomando la arista SQM de la investigación de las platas políticas. Gómez es brazo derecho de Abbott mientras fue fiscal regional de Valparaíso, y esposo de la ex ministra de Piñera 1, Patricia Pérez. A sólo dos meses de tomar la arista del caso SQM, Javiera Blanco, titular de justicia de Bachelet, designa a Patricia Pérez, su cónyuge, como conservadora de Bienes Raíces de Villa Alemana.

La cadena de hechos explica la renuncia de Carlos Gajardo a la Fiscalía en marzo de 2018, “no sólo por la decisión respecto del senador Moreira: a eso se suma la decisión de renunciar también al reproche penal en la causa espejo y hermana de Penta, que es el caso SQM. Ahí también el fiscal Pablo Gómez da una suspensión condicional a la persona jurídica de la empresa SQM”. Ambas decisiones dieron un giro radical en la política de persecución de la Fiscalía con repercusiones futuras pues favorecen “a otra serie de imputados de todo el abanico político, al senador Jorge Pizarro, al exsenador Fulvio Rossi, a Laurence Golborne y ya está pasando con Pablo Zalaquett”. “Abbott, dice el ex fiscal, no dimensiona la gravedad que tiene para la democracia que estas conductas terminen sin reproche penal».

Hora de repensar el modelo judicial penal

¿No será tiempo, a propósito de la discusión en la Convención Constitucional, de transitar hacia la elección de algunas autoridades del Ministerio Público o avanzar hacia cuerpos colegiados en los que se exprese el carácter democrático de nuestra república?

Pues bien, tres años después de aquellas palabras el Ministerio Público, su Fiscal Nacional, y los Tribunales están en entredicho. La sociedad chilena y su incipiente opinión pública ya no toleran prácticas clasistas en la administración de justicia.

Ya en octubre de 2018, el Frente Amplio, había pedido la remoción del Fiscal Abbott a la Corte Suprema, alegato que fue rechazado por el máximo tribunal el que, según el abogado patrocinante del FA “perdió la oportunidad de ordenar la casa en lo que se refiere al Ministerio Público”.

Nuevas voces piden su destitución a raíz de la revelación de su entrevista con Jorge Pizarro en 2015. Decisiones de tribunales, como el de Graneros, y todo el escándalo de lo ocurrido en el Ministerio Público en la región de O’Higgins, plantean hasta cuándo seguimos con un modelo judicial que repite las mismas dificultades del presidencialismo individualista y cooptado por el poder económico.

¿No será tiempo, a propósito de la discusión en la Convención Constitucional, de transitar hacia la elección de algunas autoridades del Ministerio Público o avanzar hacia cuerpos colegiados en los que se exprese el carácter democrático de nuestra república?

El ministerio público después de Abbott ya no puede ni debe seguir siendo el mismo.