Editorial

La ausencia del Estado (o cuando los ratones están de fiesta)

Una serie de hechos acontecidos en los últimos días marcan la presencia feble del Estado, cuando no su ausencia, lo que deja espacio abierto a la delincuencia, asesinatos “ciudadanos” o arrebatos populistas en el Congreso.

Por A.C. Mercado-Harvey

Esta semana y la anterior han sido excelentes ejemplos del problema de ausencia del Estado que tenemos en Chile. El lunes de la semana pasada partimos con balazos en la Araucanía en medio de la visita de la ministra Siches. Aún no sabemos si fueron las mafias madereras, narcos o grupos mapuche. En cualquiera de los tres casos la razón es la misma: la falta del Estado en esa región, lo que ha significado negocios ilícitos como el robo de madera, en el que podrían estar involucrados policías en la protección de los ladrones, y el tráfico de marihuana por gente mapuche y no mapuche. El entrante gobierno de Boric tiene una tarea gigantesca en reestablecer la presencia del Estado no solo en contingente policial o militar, que es la respuesta de la derecha para todo, sino con entrega de terrenos a los mapuche, el control del negocio de las grandes madereras y una policía antinarcóticos especializada en lidiar con el problema del tráfico. Y también con una autonomía concordada en territorios del Wallmapu.

Un segundo acontecimiento que ha marcado la semana fue la “detención ciudadana” en La Florida de un supuesto delincuente que no era tal, y que terminó con su muerte por asfixia a manos de vecinos del sector. Esta no es la primera detención de este tipo, pero sí es la primera que termina con una trágica muerte de un muchacho de 21 años que arrancaba de delincuentes. La ausencia del Estado es lo que permitió que la situación llegara a eso. Las policías no llegan a tiempo, ya sea por falta de dotación o por negligencia, pero eso significa que la gente tome “el toro por las astas”. Tampoco es justo solo culpar a las policías; el sistema de justicia hace su parte también. El hecho que las penas sean risibles y que los delincuentes salgan a la media hora por tecnicismos o de frentón por fallas en la ley no ayuda a que la población se sienta segura frente a una delincuencia que no hace más que crecer. Por ejemplo, el robo de vehículos por medio de portonazos ha aumentado en un 25% en relación al año pasado y eso que estamos empezando el 2022. Si bien la lucha contra la delincuencia fue una promesa de campaña, aún no vemos ningún plan concreto para cambiar el rumbo de aumento delincuencial que ya lleva muchos años en Chile. Boric tendrá que considerar todas las aristas, incluso la de la legalización de la marihuana, que ha sido la solución al narcotráfico en muchos lugares del mundo.

Otro notable abandono del Estado se vio en las tardías y agónicas ayudas que realizó el gobierno de Piñera durante la pandemia y que terminaron en los famosos retiros del 10%, que acabaron en una merma económica y en el empobrecimiento de las pensiones de casi todos los chilenos. La confluencia de la ausencia del Estado en las pensiones de los chilenos, más la falta de recursos por los bajos sueldos y falta de ayudas fueron la tormenta perfecta durante la pandemia. Hoy, sin embargo, hay parlamentarios que insisten en un mal llamado quinto retiro (el cuarto nunca fue) porque el clamor popular se ha convertido en un canto de sirena populista. Veremos si el gobierno puede enfrentar esto con una verdadera propuesta para la mejoría efectiva de las pensiones.

La fragmentación política es otro elemento que tiene que ver con la falta de Estado en su institucionalidad. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en la Convención, donde la gran mayoría son independientes, con cero experiencia política. Eso se ha traducido en la falta de capacidad para llegar a acuerdos. Algunos lo ven como algo positivo, porque son gente que no actúan como los políticos tradicionales. Bueno, eso tiene su lado negativo porque son personas con desdén por la política y que han demostrado no saber llegar a consensos en pos de imponer criterios no compartidos por la mayoría.

Con una nueva composición del Senado y la Cámara de Diputados también vemos una creciente fragmentación que se hizo patente con la teleserie de Elizalde y Ossandón. Si bien en este caso hubo un acuerdo, fue uno hecho en desmedro de una coalición (Chile Vamos o Vamos por Chile) que si sobrevive solo será por intereses económicos; no por principios políticos en común. La falta de un ejecutivo fuerte que ordene filas fue evidente en el gobierno de Piñera. Veremos si Boric tiene más muñeca y el ministro Jackson, en particular.

En la arena de autoridades electas, también hemos visto la falta de una institucionalidad fuerte cuando tenemos una exalcaldesa prófuga de la justicia, Karen Rojo, lo cual provocó la orden del fiscal nacional para investigar al fiscal de Antofagasta. Es obvio que alguien le avisó a la exalcaldesa antes de que se dictara la sentencia. Como hemos publicado en este medio, nuestra región lidera la lista de corrupción con alcaldes, exconcejales, en procesos judiciales. Sin un Estado que fiscalice de modo eficaz, los ratones saltan del barco, se comen todo el queso y siguen de fiesta.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el artículo publicado por Cíper Chile, resultado de una larga investigación sobre escuchas ilegales a figuras de la televisión, profesores, dirigentes mapuche en el marco de la violencia en la Macrozona Sur. Este nuevo intento de Huracán 2.0 es de un nivel que no habíamos visto. En plena democracia tuvimos a Carabineros escuchando las conversaciones de Daniel Alcaíno (Yerko Puchento), por supuesta conexión con la CAM, tras sus críticas en 2017 por Pacogate. Para lograr las autorizaciones judiciales de dichas escuchas telefónicas tuvieron que falsificar documentación para hacer pasar números de teléfono que no correspondían a los dueños en las peticiones judiciales. Esto es un fraude que debería tener serias consecuencias. La idea de disolver a la institución de Carabineros y crear una nueva fuerza policial puede ser la única solución frente a una policía que solo ha ganado desprestigio en los últimos años, desde el Pacogate en adelante y más aún tras las graves violaciones a los derechos humanos en 2019 durante el 18-O. De hecho, la semana pasada ya vimos el primer caso de abuso policial durante una protesta. Es decir, que los protocolos siguen ahí de adorno. El nuevo gobierno deberá evaluar y ver si es necesario tomar medidas drásticas, porque soluciones de parche ya no aguantan tal hemorragia.

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