La corrupción en las instituciones armadas chilenas: ayer y hoy

A.C. Mercado-Harvey

            En 2022 publiqué en España (Pliegos) una novela que se titula La muerte no tiene traducción. Este texto del género policial es una historia totalmente ficticia sobre un exmilitar que muere de un infarto en un taller literario en 2013. La trama conduce al pasado de la dictadura chilena, mediante la aparición de un exmilitar corrupto que es capaz de cualquier cosa con tal de que los secretos de la institución no salgan a la luz. Suena a realidad, pese a ser ficción. ¿La razón? La realidad no es tan diferente y muchas veces ésta es bastante peor que cualquier ficción imaginada. Hoy se ha desatado uno de los casos más serios ocurridos durante los 34 años que llevamos de democracia. El asunto es que este caso no es aislado y es parte de una larga historia de criminalidad dentro de las instituciones policiales de nuestro país. Esto no comenzó con Pacogate o Milicogate en la década pasada. Para entender toda esta criminalidad hay que retroceder a los años 80, en plena dictadura.

El primer y más notorio de los casos de corrupción de la policía es lo que se conoció como La Cutufa, cuando dentro de la CNI se creó un sindicato financiero ilegal que ofrecía a los inversionistas, mayoritariamente oficiales del Ejército, tasas de interés del 20% al mes. El sistema fue creado por el mayor Patricio Castro Muñoz, un alto funcionario de la CNI (activo entre 1984 y1989). La Cutufa funcionó sin problemas y sin conocimiento de la opinión pública hasta que un inversionista descontento, el empresario de restaurantes, Aurelio Sichel, fue asesinado por agentes de la CNI el 19 de julio de 1989, es decir, en las postrimerías de la dictadura. Tras este hecho, 4 generales y 16 oficiales fueron destituidos y 200 sancionados. Según los denunciantes, durante los cinco años en que estuvo en funcionamiento, esta banda criminal del ejército manejó 50 millones de dólares. Uno podría pensar que este es un caso aislado de un grupo corrupto dentro de una institución igualmente corrupta, creada para arrestar ilegalmente a personas, torturarlas y matarlas. Este diagnóstico no es equivocado: la CNI cometía crímenes mucho más graves que los financieros descubiertos tras el asesinato de Sichel. Sin embargo, esta es una conducta arraigada en las instituciones militares y policiales de Chile hace décadas.

            Veamos otra joyita criminal de la dictadura: el caso conocido como Pinocheques. Este fue un caso de fraude financiero que además amenazó a nuestra joven democracia en 1993. Este es un caso que involucró a toda la familia Pinochet y que nos daría un primer aviso de la verdadera mafia en la que se convirtió la familia Pinochet Hiriart, que luego sabríamos se apropió de edificios públicos, a través de Cema Chile, y escondió el botín de la suma de sus robos en cuentas en el extranjero, siendo la más notoria la del Banco Riggs en los EE.UU. Para las generaciones más jóvenes y los que sufren de desmemoria, el caso Pinocheques partió en 1984 cuando el hijo mayor de Pinochet, usando a un amigo como “palo blanco”, compró la empresa de metalurgia Nihasa LA, cambiando su nombre al de PSP. Entre sus contratistas estaba la empresa Cema Chile, dirigida por su madre, para la cual elaboró los adornos de metal de sus sedes, así como el Ejército, para quien acondicionó camionetas y jeeps para adaptarlos para el enfrentamiento contra manifestantes en protestas. Este caso explotó en 1991 en el primer año de retorno a la democracia y su intento de persecución judicial tuvo como consecuencia los “juegos de enlace” y luego el “boinazo” en 1993, durante la época en que Pinochet era comandante en jefe del Ejército.

En 1999 Pinochet fue detenido en Londres y gracias a la nueva transparencia bancaria establecida tras los ataques a la Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 salieron a la luz pública las cuentas secretas de la familia Pinochet. Esto fue solo el comienzo, ya que luego se conocerían todas la propiedades que Lucia Hiriart mantuvo como propias tras la disolución de Cema Chile. La familia Pinochet operaba verdaderamente como una banda criminal similar a cualquier mafia. Esta cultura de criminalidad, sin duda, permeó a las instituciones armadas de Chile. Esto se hizo más que evidente con el caso conocido como Pacogate. Este caso comenzó el 9 de diciembre de 2015 cuando el general Flavio Echeverríarecibió un llamado del Banco Estado, informándole sobre la alerta de un movimiento extraño en una cuenta corriente de Carabineros. Echeverría fue puesto en prisión preventiva y acusado de ser el cabecilla de una organización que robó miles de millones de dólares. La investigación de este caso lleva casi 9 años y en octubre del año pasado la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte pidió más de 20 años de cárcel para los exgenerales directores de Carabineros Bruno Villalobos, Gustavo González Jure, y 14 para Eduardo Gordon por el caso hoy conocido como «gastos reservados». Además, la Fiscalía solicitó penas de cárcel efectiva para los exgenerales Iván Whipple Mejías, exdirector de Finanzas de la institución; Flavio Echeverría Cortez, exjefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros, y para Hugo Zúñiga Pailamilla, exjefe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, el mismo 2015 el diario The Clinic destapó lo que hoy conocemos como Milicogate. Sí, los periodistas chilenos tienen una terrible falta de imaginación cuando se trata de ponerle nombre a escándalos políticos o financieros. El modus operandi de los fraudes consistían en el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero, las cuales no estaban reconocidas por el SII, mediante la compra de material bélico inexistente. Dentro de los involucrados se encuentran el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, ambos relacionados con las finanzas del Ejército. El dinero pertenecía a saldos sobrantes de, por ejemplo, cambios de peso chileno a dólar. Se emitían facturas por servicios no prestados de proveedores del Ejército.​ El encargado de extraer los fondos era Cruz, que trabajaba en la contabilidad del Ejército, mientras Montero se encargaba de conseguir las facturas y apurar los pagos.

Este caso, al igual que el robo dentro de Carabineros, tiene que ver con algo que se arrastra desde 1958: la Ley Reservada del Cobre. Sí, leyó bien, 1958, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Este verdadero lastre que dejó amarrado un exmilitar y exdictador significó que el 10% de los ingresos generados por nuestro metal precioso fueran directo a las arcas de las fuerzas armadas. Esto no tuvo ninguna fiscalización durante décadas, menos durante la dictadura y una mínima en los primeros 30 años del retorno a la democracia. Se asumía que ese dinero era para mantener el equipamiento militar, pagar jubilaciones doradas de los funcionarios, etc. En la realidad, tanto en el Ejército como en Carabineros era un pozo de dinero que los altos mandos robaban sin control.

Estos escándalos no fueron en vano, porque pavimentaron el camino para que en 2019 se derogara una ley que estuvo en vigencia durante 61 años. La Cámara de Diputados aprobó y dejó en condiciones de convertirse en ley de la República el proyecto que establece un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas y que derogó la Ley 13.196 Reservada del Cobre que establece que el 10 % de las ventas de Codelco se utilizan para financiar las compras militares. De todos modos, la nueva ley establece que el impuesto del 10% a beneficio fiscal que aporta Codelco subsistirá por un período de nueve años, disminuyendo desde el año diez un 2,5% por año hasta llegar a 0% en el año doce. El proyecto introdujo nuevos controles civiles y democráticos a los dineros de las FF.AA. por parte de la Contraloría General de la República y por el Congreso Nacional.

La derogación de esta ley fue un importante paso, pero no resuelve una cultura de corrupción que existe hace mucho en nuestras instituciones armadas. El caso del ahora exdirector de la PDI era totalmente predecible. Si bien este no es un caso de desfalco directo, no cabe duda que hay dinero por la información privilegiada que el exdirector le entregó al abogado Luis Hermosilla en el marco del caso “audios”. La gravedad particular de este caso es que estamos en un momento bastante complejo en términos de seguridad y tenemos a ambas policías con casos de corrupción. Tampoco es de fácil solución porque el anterior director de la PDI también salió en medio de un escándalo que sí tenía que ver con desfalco. El presidente Boric tendrá que elegir a un reemplazante entre las 8 antigüedades de la institución. Dada la historia de corrupción institucional, la pregunta sería: ¿es posible encontrar a alguno que no esté teñido por la corruptela? Veremos si ese funcionario existe.

Ya hemos visto que con las Fuerzas Armadas esto también ha sido complejo, esa es la razón por la que en los casos de Pacogate y Milicogate vemos a la plana mayor involucrada y en el caso en Carabineros a tres exgenerales formalizados. En la PDI el anterior director, Héctor Espinosa, fue representado por Luis Hermosilla en el caso en su contra por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento de uso público y lavado de activos. Ahora Sergio Muñoz se ve involucrado en la filtración de información privilegiada al abogado Hermosilla en el “caso audios”.

Muñoz refleja bien el problema que he desarrollado en esta columna, es un producto directo de la policía bajo la dictadura de Pinochet: ingresó en 1985 a la escuela de oficiales de la PDI, donde hizo carrera funcionaria y entre sus destinaciones estuvieron la Brigada de Investigaciones Criminales (Bicrim) de Providencia, la Brigada de Robos, la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique y la Bicrim de San Fernando. Fue prefecto en Colchagua, Santiago, Antofagasta y Valparaíso, y en 2019 (bajo el mandato de Héctor Espinosa) quedó a cargo de una de las subdirecciones más delicadas de la PDI, la de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

Muñoz tuvo una tensa relación con el presidente Boric, a quien le negó el saludo en la Cuenta Pública. Al parecer no solo había una falta de afinidad política, sino que cuando murió un tío de Muñoz, involucrado en violaciones a los derechos humanos, esto fue obviamente mal evaluado en La Moneda en relación a los funerales oficiales en la Escuela de Investigaciones.

Esta historia ilustra bien que este es un problema institucional de compleja resolución, porque es una tarea casi imposible encontrar a un alto mando que no tenga ligazones con la dictadura y la corrupción institucional que data de esa época. Sumado a esto está el problema de crimen organizado que tenemos hoy. Esto es claramente una bomba de tiempo porque, si tenemos autoridades policiales corruptibles por dinero, es muy fácil para los capos de bandas criminales infiltrar a esas policías. Dicho sea de paso, ese es el gran problema en toda Latinoamérica. Siempre hemos salido bien ranqueados en informes de corrupción a nivel mundial. El asunto es que esos informes miden corrupción a nivel de cúpulas políticas. En este caso estamos hablando de corrupción de uniformados. Su corruptibilidad está bastante probada con todos estos casos. Por tanto, es crucial que el presidente encuentre al funcionario adecuado, porque si no tendremos muy pronto titulares sobre la infiltración del Tren de Aragua o el cartel de Jalisco en nuestras policías.