La corrupción en los municipios de Chile

Por A.C. Mercado-Harvey

Para nuestr@s lector@s no debería ser ninguna sorpresa lo que ha sucedido con el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. No solo hemos seguido el caso desde un comienzo, sino que le hemos entregado información exclusiva a nuest@s lector@s. Rancagua se ha convertido en un bastión de la corrupción cuando se trata de su municipio. Tal como dice coloquialmente nuestro columnista Edison Ortiz, la elección en Rancagua no es entre izquierda y derecha, sino entre qué lado te va a robar.

Es importante recordar que nuestra alcaldía venía teñida por el sucio color de la corrupción desde la administración del ex UDI Eduardo Soto. Y aquí no se trata de jugar a la teoría del empate, sino a dejar claro que este es un problema sistémico más que un problema de individuos corruptos.

Recuerdo haber tenido esta conversación con un amigo y vecino venezolano, quien me dijo años atrás que él veía el germen de la corrupción en Chile que vio en su país antes que se desatara en Venezuela con el chavismo y ahora con Maduro. En su momento, yo pensé que era una tremenda exageración y que Chile no estaba ni cerca de los niveles de corrupción endémica que afecta a países como Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, etc. Lo cierto es que siempre nos destacamos en el continente y en el mundo por los bajos niveles de corrupción. Desgraciadamente, en los últimos años hemos visto cómo Chile ha bajado varios peldaños en los índices de Transparencia Internacional; aun así -junto con Uruguay-, Chile continúa en la cima de los países latinoamericanos con menos corrupción.

Rancagua, sin embargo, está dentro de los municipios más corruptos del país, aunque no es el único. Tristemente, solo en el último año hemos visto una danza de alcaldes circulando por juzgados en todo el país. Inolvidable es el caso de la antofagastina Karen Rojo, que robó relativamente poco (23 millones) y que se arrancó a Países Bajos (con quien no hay acuerdo de extradición con Chile), donde terminó presa. Finalmente, la petición de extradición fue admitida por un tribunal holandés y ahora estamos a la espera de su ejecución una vez clarificado su pedido de asilo. Es decir, es cuestión de tiempo antes de que Karen Rojo llegue a cumplir su condena en Chile.

También fuimos testigos durante el verano de la estrepitosa caída de la mediática Cathy Barriga, quien estuvo con arresto domiciliario y que se salvó de la prisión preventiva pese a la acreditación de “exorbitantes recursos públicos” involucrados entre 2016 y 2021. El Ministerio Público aseguró que el desfalco llegó a $ 31 mil 533 millones de pesos (equivalente a 55 veces más que el fraude de Democracia Viva). Debido al monto y la notoriedad, este caso tiene potencialidad para una condena severa, pero debido a la lentitud de estos casos, es difícil pensar que este tendrá una pronta resolución.

Antes de la exedil de Maipú, se había conocido el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Este fue uno de los mayores robos realizados por un alcalde en Chile, con la acusación de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Según las indagatorias, no se pudo acreditar gastos por un total de $1.414.488.629. Torrealba había quedado en prisión preventiva, tal como lo está hoy Juan Ramón Godoy. Sin embargo, en febrero de este año, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocar la medida, donde determinaron finalmente que el exalcalde de Vitacura quedara bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional y prohibición de acercarse a los querellantes.

Antes de que robar en los municipios se “pusiera de moda”, nuestro municipio de Rancagua estuvo a la vanguardia con Eduardo Soto. A fines de 2016 explotó el caso de fraude en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, presidida por Eduardo Soto. El exalcalde figuró como imputado y la Fiscalía investigó su nexo con una productora de su campaña electoral que era la “proveedora favorita” de la corporación. A esa teleserie se le agregó el capítulo de la acusación por parte de un joven, quien lo acusó de pagarle millones por su silencio acerca de favores sexuales. Soto acabó reconociendo que le entregó dinero, pero bajo la figura de extorsión. Estos hechos involucraron una investigación por parte de la PDI para esclarecer si esos traspasos se conectaban con el manejo irregular de los fondos del municipio. Al final, Eduardo Soto quedó en libertad. Sin embargo, los problemas legales de Soto no acabaron allí. Tan pronto como Juan Ramón Godoy tomó el cargo en 2021 comenzaron las acusaciones de irregularidades en la administración de Soto.

De ese modo, Godoy interpuso una querella por estafa, fraude al fisco y apropiación indebida contra la administración de Eduardo Soto. Un informe de la Contraloría General de la República de 2020 expuso graves irregularidades en la adquisición de pulseras para la medición de estadísticas biométricas y nutricionales de alumnos de establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua en 2018. Dicho documento indica que se gastaron $448.332.500 que debieran haber servido para adquirir 7.535 pulseras. No obstante, se estableció que no se recibió la totalidad de pulseras y que tampoco se realizaron los servicios de medición de los parámetros físicos y nutricionales, y no se hizo la escuela de fútbol comprometida en el convenio, lo que terminó en la puesta de los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público por los eventuales ilícitos que se pudieran haber cometido. Este caso aún está en manos de la justicia.

Las acusaciones contra Juan Ramón Godoy comenzaron temprano durante su administración. Un grupo de concejales hizo acusaciones y entregó antecedentes a Contraloría y en marzo de 2023 la PDI allanó la vivienda del alcalde. Recordemos que cuatro concejales de la comuna – tres de Frente Amplio y uno de derecha- pidieron la remoción del alcalde en 2022, acusando “un notable abandono de deberes e infracción a la probidad”. El Tribunal Electoral de O’Higgins terminó rechazando la petición de los concejales que solicitaron la remoción de Juan Ramón Godoy como alcalde de Rancagua.

En cuanto al allanamiento de la PDI de marzo del año pasado, encontraron 6 millones de pesos que en su momento el edil justificó por el tratamiento médico de una hija. También justificó irregularidades encontradas por Contraloría, arguyendo que venían de la administración anterior. Más de un año después Juan Ramón Godoy acaba en prisión preventiva por varios delitos de corrupción, junto a varios otros imputados en la misma causa. La medida cautelar fue aplicada también a los empresarios locales Javier Cornejo, Diego David Barba, Carlos Rodríguez y Daniel Salazar, quienes habrían prestado servicios irregulares al jefe comunal.

Como si esto fuera poco, el SII presentó una querella en contra del alcalde Juan Ramón Godoy por delitos tributarios. Es decir, que además de las acusaciones de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos ocurridos entre 2021 y 2023, se le acusa de delitos tributarios.

Las redes de corrupción edilicia parecen casi sacadas de una película de gánsteres. El mismo Juan Ramón Godoy compró un vehículo de alta gama por 32 millones en 2021 que había pertenecido al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Es casi para una novela tragicómica, titulada “el vehículo de la corrupción”. Aunque parezca sacado de la ficción, esto es la más pura realidad de los corruptos municipios de nuestro país.

Estos casos nos dan una medida de la gravedad del problema. Desde las elecciones anteriores que los alcaldes han tomado protagonismo cuando se trata de elecciones presidenciales. En la última, todo indicaba que Daniel Jadue jugaría un papel central y que corría con buenas chances de llegar a La Moneda. Eso finalmente no ocurrió, gracias a una descriteriada respuesta que dio respecto a la legalización de la pasta base. Veamos dónde está hoy el alcalde Jadue: imputado por cohecho y fraude al fisco. El pasado 2 de abril la fiscal Giovanna Herrera solicitó la formalización para imputarle a Jadue los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Esto se suma a la querella anunciada por el CDE tras observar “figuras ilícitas”. En el marco de la investigación de delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), el Ministerio Público formalizará a Jadue el 9 de mayo en el Tercer Juzgado de Garantía del Centro de Justicia.

Esto debería ser un punto de inflexión respecto a quiénes elegimos de alcaldes y a quiénes postulamos a cargos tan altos como la presidencia. El nombre de Eduardo Soto hoy suena como carta para una nueva postulación al municipio de Rancagua y la que más posibilidades tiene de ser presidenta, según las encuestas, es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.  No hay acusaciones de corrupción contra ella, pero tampoco las había cuando se hablaba de Jadue como candidato presidencial. Hay que poner ojo y vigilancia respecto a nuestras autoridades electas. Hay que reconocer que CIPER Chile ha destapado innumerables casos de corrupción, desde el Ejército, Carabineros, hasta alcaldes. Gracias al periodismo investigativo hoy tenemos conciencia de la corrupción. El asunto es qué hacemos con esa información. Esta significa poder, pero es uno que está determinado por las acciones de los ciudadanos. Por eso, al momento de votar hay que tomar en cuenta estos antecedentes sin importar el color político del candidat@.