La crisis de los SLEPs: crónica de una muerte anunciada

Por Edison Ortiz

El director suspendido del recién creado Servicio Local de Educación de Colchagua (Slep) arengó a sus huestes al momento de instalarse la nueva institucionalidad en San Fernando: pronosticó que serían el mejor Slep de Chile. Ese director, Leonardo Fuentes, estuvo lejos de cumplir esa promesa puesto que a tres años de su puesta en escena, el servicio está hoy literalmente quebrado y Fuentes, suspendido de su cargo y con un proceso de remoción en curso como lo reconoció el director nacional, el socialista Jaime Veas, antiguo conocido en el Ministerio de Educación, donde ha ocupado distintos cargos.

La crisis del Slep Colchagua, se suma a la de otros servicios cuyo emblema en lo que a mala gestión se refiere es el de Atacama. Como se sabe, el Slep de Atacama tiene a sus profesores con más de dos meses con clases suspendidas sin mínimas condiciones de infraestructura y sanidad para poder funcionar, y con la amenaza para sus estudiantes de no finalizar su año escolar. La situación ha hecho que este viernes 17 de noviembre, las autoridades del Mineduc se desplegaran por la región para dar señas de preocupación y regreso a la normalidad. Una presencia que, según los críticos, se echó en falta en todo este tiempo de paralización.

A lo señalado, se suman los problemas de siempre, gobierne la derecha o la centro izquierda: excesos de dotación, malversación de caudales públicos, mala gestión (aunque son generosos en repartirse bonos por desempeño) y la cultura de la pitutocracia en la cual la derecha y la izquierda unida jamás han sido vencidas.

Hace muchos años cuando se prometió, con Bachelet II, una Nueva Educación Pública varios observamos que se estaba repitiendo la cultura política de siempre, aunque con otros nombres, se continuaba jibarizando al Estado, en especial al Mineduc que de ‘órgano rector’, hoy no es nada más que un banco nacional de educación.

Recuerdo que escribí en 2015, en una columna que fue muy leída y comentada en el periódico electrónico El Mostrador – Proyecto, Nueva Educación Pública, la lápida del Mineduc– que estos servicios locales serían un fracaso por las razones que cito y repito a continuación: “Y si bien se propone la creación de nuevos servicios que la administren, nada se dice de que llegamos hasta aquí por decisión de las propias autoridades ministeriales a lo largo de 25 años, ni tampoco se garantiza que la crisis de la educación pública pueda mejorarse con el actual proyecto… Por de pronto, se vuelve a proponer un ciclo de mejora –la dirección del Servicio tendrá un plazo de seis años para establecer metas y objetivos–, pero cuyo mandato estará cortado por elecciones parlamentarias y presidenciales que harán una vez más inviable el logro de sus objetivos en el período propuesto. Y se repetirá el fenómeno que se observa hoy, en que prácticamente cada dos años (elecciones municipales y luego legislativas y ejecutivas) se tensiona la administración… Y si en particular hay cambio de autoridades pese a que se anuncia el mejor estándar de selección por Alta Dirección Pública, lo cierto es que será el parlamentario más influyente de la coalición de Gobierno el que –sobre todo en regiones– terminará instalando a quien él determine en los nuevos servicios creados, llenándolos de adherentes que los pueden llevar al límite mínimo de su funcionamiento, como se ha observado últimamente”. Esas palabras son de 2015, no de 2023.

En Colchagua la situación seguramente se agravará cuando se descubran nuevas irregularidades como el uso de recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial) en gastos que debían solventarse con  subvención normal, como lo determinó el dictamen 41 de la Superintendencia de Educación (Supereduc) y el dictamen N° 56.373 de Contraloría General de la República. Este último, determinó que “no puede imputarse a la SEP el pago de remuneraciones y/o asignaciones del personal docente y asistentes de la educación que cumple labores del currículum y no desempeña funciones SEP”.

El pasado 15 de noviembre, la Cámara de Diputados y Diputadas avanzó en su análisis de la partida de Educación del presupuesto 2024 pero “con restricciones a fondos para los servicios locales” al punto que el ‘infalible’ Mario Marcel llegó a reconocer que “es evidente que existen dificultades y errores, así como situaciones que no se previeron cuando se legisló sobre esta materia”.

La oposición, así como hoy la senadora Yasna Provoste, tan responsables la una como los otros en la creación de este engendro, rasgan vestiduras y critican a un oficialismo que literalmente está en el suelo. 

Los servicios locales están en entredicho al punto que cada cierto tiempo su implementación se ha ido postergando y hoy, quienes serían parte del servicio local valle de Cachapoal ya no quieren ser parte de esta mala política pública.

¿No será el tiempo de parar la violencia institucional derivada de políticas públicas que rondan siempre en torno a las malas leyes que se crean?

Tal como lo plantee hace siete años en El Mostrador, ¿no será mejor dar un paso atrás para dar luego dos adelante y detener políticas públicas que solo cambian de nombre pero que repiten la lógica de los brokers en regiones, es decir, los parlamentarios locales, y que tienen al Ministerio de Educación solo como caja pagadora?