La investigación de la Fiscalía inculpa al alcalde de Rancagua

Por equipo de El Regionalista

Aún no terminaba el primer semestre de desempeño del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, cuando se iniciaron cuestionamientos a su gestión, específicamente dirigidas contra la Corporación Municipal de Educación que preside, sobre la cual había denuncias de pagos de sueldos elevados para su equipo directivo y de adjudicaciones directas a un contratista amigo del edil.

Los zarandeos no cesaron, liderados por los concejales de la municipalidad de Rancagua.

Esta semana, en dos hechos que anticipan un verano nada de apacible para la primera autoridad comunal, nuevamente surgieron antecedentes que acusan irregularidades graves en el municipio de la capital regional.

El viernes pasado, cuatro concejales de Rancagua presentaron tres denuncias en Contraloría por presuntas irregularidades nuevamente en la Corporación Municipal. Una se relaciona con adjudicaciones sin licitación a la empresa Inversiones Santa Elena por reparaciones en el cementerio y en establecimientos educacionales, otra corresponde a la licitación del transporte escolar en la que denuncian una diferencia de 400 millones de pesos entre el presupuesto disponible y lo que se pagó, y la última sobre la adquisición de la propiedad del Complejo Deportivo Los Laureles, que no habría contado con la autorización del Concejo.

Lo que reveló CIPER

Sin embargo, los antecedentes acerca de las investigaciones que ha desarrollado Fiscalía en el caso, complican aún más la situación del alcalde Godoy.

Según CIPER, la indagatoria de la Fiscalía cuenta con información acerca de la compra de un automóvil por 32 millones de pesos para el alcalde que habría realizado la empresa de guardias de seguridad, Bod Seguridad, en la conocida automotriz Anfruns Motors de Rancagua. El rol de ambas empresas no es inocuo: mientras Bod Seguridad prestaba servicios para el municipio, Anfruns se adjudicó posteriormente la licitación de compra de vehículos para el gobierno local.

Un dato curioso que arroja la investigación lo proporcionó un ejecutivo de Anfruns: el auto que fue comprado para el alcalde era un Mazda CX9 del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en prisión por corrupción y quien lo había colocado en consignación en la automotora.

Pero Ciper reveló más, a partir de los datos de la carpeta de la Fiscalía.

Dos empresarios de la zona, Oscar Martínez y Demetrio Paiva, habrían declarado que colaboraron con la campaña del entonces candidato Godoy, con el compromiso del futuro edil de adjudicación de contratos por parte del municipio. No solo eso. Los empresarios habrían testificado que apodaban al edil de Rancagua como “el pastorcito”, porque exigía un 10% del monto de los contratos adjudicados.

Si todo lo anterior son solo antecedentes que pudieron ser conocidos una vez que concluyó el secreto en la indagatoria de la Fiscalía, los pasos que siguen serán determinados por el Ministerio Público, incluyendo la opción de llevar a la primera autoridad de Rancagua a juicio.

Los hechos que se investigan en nuestra capital regional son, como todos saben, bastante frecuentes: en 135 municipios del país, un 40% del total, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas por delitos de corrupción.

El presidente de América Transparente, Juan José Lyon, entidad que sigue la pista a casos emblemáticos de corrupción municipal, como el de Las Condes, afirma que la ocurrencia de estos hechos se relaciona al menos con dos factores. Uno de ellos, es que las potestades de la primera autoridad comunal le permiten comportarse como un rey, manejando con bastante arbitrio recursos que son multimillonarios. Los contrapesos legales para evitar este tipo de situaciones o no existen o son muy débiles. Y ahí está el segundo factor: las atribuciones del concejo municipal son muy restringidas y no le permiten ejercer en plenitud el rol de fiscalización que le confiere la ley.

Frente a estos hechos y cifras, abundan las voces que urgen cambios en la normativa de control y fiscalización, en lo que tienen un rol preponderante los poderes Legislativo y Ejecutivo, aunque también corresponde a la Contraloría ejercer funciones rigurosas en los gobiernos comunales. De hecho, una de las propuestas que han planteado analistas del tema, es que la Dirección de Control que tiene cada municipio, dependa directamente de Contraloría y no del alcalde, replicando la figura de las Direcciones de Obras municipales que tienen un grado de dependencia del ministerio del área.

Mientras no se produzcan estos cambios, casos como el de Viña del Mar, Algarrobo, Rancagua, Las Condes, Vitacura o Santiago seguirán repitiéndose en una espiral oscura que impacta directamente en la población, porque el gobierno local es la instancia que se relaciona directamente con el vecindario y sus organizaciones.