Equipo de El Regionalista
A 40 kilómetros de Rancagua, pero ya en la Metropolitana, el Paine del 73 se extendía principalmente entre predios rurales con una población que acaso superaba los 5 mil habitantes, poco menos de los que hoy tiene la localidad de Rosario en la comuna de Rengo.
En semanas, sin embargo, la calma tensa del pueblo se rompió en mil pedazos, sacudida por los asesinatos o desapariciones de 70 de sus habitantes. Tensa porque la zona, surcada por latifundios históricos, vivía desde la década del 60 la pelea que lideraba la nueva generación de campesinos por socializar las tierras. El antecedente no es azaroso: después del golpe del 11 de septiembre, 63 de las 70 víctimas fueron campesinos directamente comprometidos con sindicatos y asentamientos.
El estreno de la dictadura cívico-militar en Paine llegó con la enseña de la revancha. Carabineros del pueblo asociados a civiles prominentes de derecha, que acumulaban furor por las expropiaciones de fundos, recorrieron por semanas los asentamientos del entorno rural, en una leva de sangre que dejó decenas de hogares sin padres ni hijos. Veintiuna de esas personas pertenecían a siete grupos de parientes que fueron secuestrados en una operación que más tarde sumó a los militares de San Bernardo. La mayoría eran menores de 30 años.
Civiles cómplices activos
Los civiles que participaron en la persecución, entre quienes había personalidades de derecha, un dirigente de los camioneros, terratenientes y empresarios, concurrieron prestos a la subcomisaría de Carabineros de Paine a partir del mismo 11 de septiembre. En el recinto policial, Francisco Luzoro, Christian Kast, los Tagle, Claudio Oregón, Luis Moncada, Luis Guerrero entre otros, junto con los carabineros organizaron asados de celebración. Sin dudarlo, varios de ellos comprometieron el aporte de recursos a los carabineros, como en el caso de Christian Kast, hermano del líder republicano, que contribuyó con alimentos de la empresa familiar a la subcomisaría que transportó en un auto de la familia y, en el caso de su padre, Michael, el préstamo de un camión Mercedes Benz rojo con chofer.
La complicidad fraguada cristalizó en un plan que desplegaron a partir de los días que siguieron inmediatamente al golpe de Estado.
Entre el 13 de septiembre y el 20 de noviembre, las patrullas de civiles y uniformados, inicialmente solo con carabineros y luego integradas por militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo, realizaron batidas en los asentamientos de Paine. Iban a la caza de dirigentes de sindicatos y jóvenes trabajadores de los asentamientos, la organización que se dio el campo reformado desde 1967.
El 13, el 16 y el 17 de septiembre secuestraron a seis obreros del asentamiento Paula Jaraquemada.
Entre el 15 y el 18 de septiembre, uno de La Estrella de Huelquén, uno de Estrella de Cardonal y cinco del asentamiento Huiticalán.
El 24 y 25 de septiembre y el 10 de octubre, secuestraron a 14 obreros agrícolas del asentamiento El Escorial.
El 2 y el 13 de octubre los victimarios se llevaron a un trabajador del asentamiento El Condor de Águila Norte, uno de Campo Lindo, uno de Mansel Alto y dos de Rangue.
El 13 y el 20 de octubre, capturaron a tres obreros del asentamiento El Patagual.
El 16 de octubre continuaron con siete obreros de Nuevo Sendero, trece del asentamiento 24 de abril y uno de El Tránsito.
El 20 de octubre, corrió igual suerte un trabajador de El Vínculo.
Y, por fin, el 29 de noviembre el itinerario delictual cerró con un obrero del asentamiento Arcoiris, Manuel Silva Carreño, tío del actual ministro de Justicia.
Más de la mitad de estas víctimas permanecen desaparecidas. La mayor parte de ellos sufrieron torturas brutales previas a sus asesinatos y las ejecuciones fueron acompañadas de ensañamiento con los cadáveres. El itinerario del horror partía la mayor parte de las veces en la subcomisaría donde se las torturaba y seguía con la ruta hacia los lugares de los asesinatos. Veinticuatro de las víctimas fueron trasladadas hasta Quebrada Los Arrayanes en Litueche, otras a Pirque, Puente Maipo, cuesta Chada, río Collipeumo.
Los orígenes de la venganza
Uno de los latifundios de Paine simboliza la tensión entre patrón e inquilinos, desatadas incluso un poco antes de la dictación de las leyes de sindicalización campesina y reforma agraria.
El fundo El Tránsito se había transformado en el ícono de la reivindicación de los obreros agrícolas enfrentada a la tozudez de su dueño, el latifundista Carlos Errázuriz Eyzaguirre, empeñado en incumplir la ley de reforma agraria. En 1967, se constituyó el sindicato campesino Nuevo Horizonte y al año siguiente, cuando aún no estaba expropiado el fundo, su directiva envió carta al presidente de la república, Eduardo Frei Montalva, acusando la persecución de la que eran víctimas. El patrón despidió a nueve peones, entre ellos los hermanos Silvestre, Jorge y Mario Muñoz Peñaloza y a su cuñado, Basilio Valenzuela, quienes después, en 1970, se reinstalaron en el fundo ya expropiado y transformado en asentamiento “24 de abril”.
La revancha para el futre llegó poco más de un mes después del golpe de Estado: el 16 de octubre los hermanos Muñoz Peñaloza y Basilio Valenzuela fueron secuestrados y hasta hoy permanecen desaparecidos. Los victimarios sumaron a otros dos miembros de la familia, el hermano mayor Ramiro y uno de los sobrinos, Rosalindo Herrera.
Otro caso conocido de vuelta de mano es el de Pedro Vargas, quien trabajó en el local que precedió al Bavaria, propiedad de la familia Kast, hasta poco antes del golpe. Tras su intento de formar un sindicato en la empresa de los Kast, fue rebajado de funciones y renunció. Siguiendo el modelo del desquite, el 13 de septiembre fue detenido, fecha desde la cual se perdió su rastro para siempre.
Daniel Navarro, el Conejo, confirma la tendencia aunque vivió para contarla. Hasta antes del golpe, trabajó en la reserva del Fundo San Rafael, el espacio no expropiado que podían conservar los latifundistas, pero fue despedido por su patrona. El trabajador la demandó por no pago de la indemnización y, luego del golpe, se mantuvo escondido temiendo represalias que llegaron el 29 de noviembre, día de la última incursión de las patrullas de asesinos. Ese día, se lo llevaron junto con Manuel Silva Carreño, el mencionado tío del actual ministro de Justicia, aunque Navarro logró huir de sus captores, librándose de la ejecución.
La imprescindible memoria
La historia de la represión en Paine es quizás de las más escalofriantes de la crónica post golpe de Estado de 1973. Combinó activo compromiso de civiles, participación de carabineros y militares, sesiones de tortura indescriptibles, ensañamiento con las víctimas y puso a la comuna en un trágico record: tiene la mayor proporción de ejecutados y desparecidos del país en relación con la población comunal.
Según Andrés Aylwin, ex diputado y ya fallecido, conocido defensor de los derechos humanos, la reacción contra los campesinos de Paine tuvo poco que ver con su mirada política, pues muchos de ellos ni siquiera militaban. Tampoco se relacionó con transgresiones a la ley, puesto que en la generalidad, los procesos de reforma se hicieron con apego a la normativa. La vendetta de los poderosos solo tuvo que ver con que sintieron amenazados sus intereses y, tras el golpe, corrieron a recuperar lo que por ley habían tenido que ceder, haciendo pagar con su vida a quienes osaron intentar poner su dignidad de personas por encima de toda otra condición.
Las viudas, hijos y nietos de los 70 asesinados y desparecidos han mantenido la memoria de sus parientes en una porfía que este año les mereció el reconocimiento del Premio Siembra del Ministerio de Agricultura. Esa perseverancia, contra toda amenaza y atentados a las huellas de memoria que han dejado en distintos puntos, es un mensaje para los chilenos y chilenas: solo se puede construir futuro, mirando de frente el pasado, sobre todo cuando se trata de superar un período tan oscuro de la historia de Chile.
Esta nota fue preparada con información del libro A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura de Javier Rebolledo; El callejón de las viudas de Ruby Weitzel y el documento Cambio generacional y radicalización campesina. Evolución del proceso de Reforma Agraria en Paine (1967-1973) de Tamara Carrasco Leichtle)