Mientras la seguridad ocupa todas las portadas, la elección de consejeros constitucionales está a la vuelta de la esquina casi sin que se le advierta. El voto obligatorio convocará otra vez en mayo el sufragio de personas que desconfían de la política, son conservadoras y hasta el plebiscito de septiembre pasado, no concurrían a las urnas. Con esa música de fondo, avanza el trabajo de los expertos en la redacción del texto que se propondrá a plebiscito, mientras la economía sigue dando buenas señas y se apronta el lanzamiento de la política nacional del litio.
Por Rolando Cárdenas
En el peor de los mundos
Hay momentos en que todo parece concatenarse para bien o para mal. Y algo de eso afecta hoy al gobierno, en este caso para mal.
La derrota del 4S fue demoledora y al gobierno, que apostó todas las fichas a la opción apruebo, lo dejó sin piso para un programa que se entendía convertiría a Chile en la tumba del neoliberalismo. Es en ese punto de inflexión en que la incorporación del Socialismo Democrático en la primera línea del gobierno se transformó en una señal de moderación y un mensaje que apuntó a retomar un camino de acuerdo en las reformas que el país requiere.
Sin embargo, los errores no forzados y la contingencia han transformado el tema de seguridad en una variable que está provocando no sólo bajas en la aprobación del presidente y el gobierno, sino que fisuras mayores en las coaliciones oficialistas.
En el horizonte próximo, sumemos la elección del 7 de mayo, que será con voto obligatorio y los estudios realizados para conocer al votante que no participa de la política y las elecciones, demuestran que se trata de un votante que desconfía de la política y los políticos y es, además, conservador. Por tanto, la derecha seguirá apuntando a la seguridad como tema central y sacando réditos de errores como los indultos presidenciales. El deleznable asesinato de carabineros y la debilidad del gobierno están llevándonos a un populismo legislativo en que lo único que importa es conectar con las pulsiones ciudadanas expresadas en los matinales. Un escenario en que paradójicamente pareciera que el gobierno pretende adelantar a la oposición por la derecha.
La ley Naín-Retamal, texto refundido y rápidamente aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados, ha tenido una pausa en el Senado, y veremos si efectivamente esta parte del Congreso cumple ese rol de mirar los efectos legislativos con mesura y a mediano plazo, que tanto valoraban quienes defendían al Senado tras la amenaza de eliminación que contenía la propuesta constitucional derrotada el año pasado.
La luz al final del túnel
Como ha sido la tónica hasta ahora, es desde el área que dirige Mario Marcel de donde proceden las buenas noticias. Tal como siempre se ha indicado, un economista es quien predice un escenario futuro y después debe tener la capacidad de explicar por qué no sucedió, en este caso los economistas de la plaza mayoritariamente predijeron un 2023 catastrófico en lo económico, y todo indica que la conducción de Hacienda permitirá un aterrizaje suave a nuestra economía, al tiempo que el país ha recuperado buena imagen internacional y por tanto su capacidad de convocar inversión extranjera.
En los próximos días se espera la política nacional del litio, que de acuerdo con los trascendidos será pragmática con el fin de aprovechar el boom de este mineral cuyas proyecciones de alto precio son acotadas en el tiempo. Probablemente, como indicaba Bitran, tal vez políticamente no sea lo más adecuado negociar con Soquimich y muchos han manifestado que este es el momento de sacar esta empresa del mercado, pero lo prioritario son los resultados que el país requiere, en este caso recursos que permitan a este y futuros gobierno acometer las tareas que el desarrollo demanda.
Y la propuesta constitucional avanza
El comité de expertos está avanzando en una propuesta constitucional que será la base en la que trabajarán los consejeros constituyentes que se elijan el 7 de mayo, y la comisión de sistema político, que es el punto neurálgico de toda constitución, ya ha esbozado sus propuestas: el periodo presidencial será de cuatro años, y el presidente no podrá reelegirse en el período siguiente ni podrá ejercer el cargo más de dos veces. Para tener diputados, obligatoriamente los partidos deberán tener más del cinco por ciento de los votos, y si un diputado renuncia a su cargo pierde su escaño y el partido nombrará su reemplazo. Respecto de la participación ciudadana, se recoge una de las iniciativas de la anterior propuesta constitucional y se establece que el dos por ciento de los electores podrá presentar iniciativas legislativas y un tres por ciento podrá solicitar derogar una ley recién aprobada, entre otras propuestas.
En la definición de Chile como un estado democrático y social de derechos, todo indica que se buscará un punto intermedio entre quienes quieren sólo participación pública y quienes sólo creen en la iniciativa privada. Hay quienes plantean que debiese haber áreas esenciales para las personas, como salud y educación, las que debieran tener la conducción desde el estado.
Todo indica que habrá amplios acuerdos, entendiendo que en definitiva quienes sean electos el siete de mayo serán quienes finalmente determinarán la propuesta final de nueva constitución.
Será interesante ver como se reestructura el sistema político, ya que la fragmentación no es sólo una tendencia política, es parte de nuestra realidad social, y en este sentido la gran cantidad de partidos nuevos o en formación deberán apuntar a nichos electorales más que a ideologías globales, que son ya parte del acervo de los partidos con historia y raigambre en nuestra sociedad, más allá de sus avatares electorales.