Un nuevo caso de violencia de género en una universidad del sur vuelve a encender las alarmas, evidenciando la persistencia de una problemática que, lejos de ser erradicada, parece continuar horadando nuestras instituciones de educación superior. A pesar de que la aprobación de la Ley 21.369 significó un gran avance en la legislación chilena en materia de violencia de género en el ámbito académico, la impunidad sigue siendo la norma y los mecanismos de protección a las víctimas, lamentablemente, la excepción.
La semana pasada conocimos que, nuevamente, una académica e investigadora, víctima de acoso sexual, se ve enfrentada a la revictimización institucional. La sanción derivada de un sumario administrativo es desestimada y el acosador, en lugar de ser sancionado de manera ejemplar por ejercer violencia de género como determinó la investigación, es protegido por las altas esferas de la universidad. Este no es un caso aislado, sino la manifestación de una realidad sistémica presente en las instituciones de educación superior en Chile y en el mundo.
Cabe recordar que, precisamente, así comenzó el mayo feminista del 2018 y que dio origen a la ley 21.369. En ese entonces, el Rector de la Universidad Austral de Chile decidió no aplicar la medida de desvinculación recomendada tras el sumario que declaró culpable a un académico de acoso sexual. En lugar de sancionar con una medida disciplinaria correspondiente a la gravedad del asunto, se ordenó su traslado a otro campus y la suspensión de sus actividades docentes, una decisión que, más que un castigo, parecía un premio. En pocas semanas, las universidades chilenas se encontraban en toma y el país fue testigo de uno de los movimientos feministas más potentes de la última década, el que con fuerza y convicción denunciaba la violencia de género y la impunidad como flagelo estructural del sistema de educación superior chileno. Hoy, la historia se repite en la Universidad de Los Lagos.
Los hechos mencionados son claros síntomas de un problema mayor que refleja las persistentes dificultades en la implementación efectiva de la ley 21.369, que previene y sanciona el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género. La puesta en marcha de la ley ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo la resistencia al cambio cultural, la falta de protocolos claros y eficientes, y la complicidad de ciertos actores institucionales. La decisión del Rector de la Universidad de Los Lagos de revocar la sanción impuesta a la persona acusada de acoso y, aún más grave, el llamado a la académica afectada a mostrar “compasión” hacia su victimario por las enormes consecuencias que podría tener para su carrera, es una burla no solo a la ley y al debido proceso, sino también a todas las mujeres que han denunciado y siguen denunciando este tipo de abusos. Sus derechos, sus vidas y carreras parecen no merecer la misma compasión.
Es fundamental recordar que la violencia de género no es un asunto privado o “personal”, como sostiene el Equipo Directivo de la Universidad de Los Lagos en un reciente comunicado en respuesta a la carta pública donde la víctima expone esta grave injusticia a la comunidad universitaria. Al sostener esto, la Universidad de Los Lagos o cualquier otra institución contraviene los tratados y compromisos internacionales en DD.HH de las mujeres, entre ellos la Convención de Belén do Pará, que define que la violencia contra las mujeres no es un problema privado, sino público y por lo mismo una violación a los derechos humanos que tiene graves consecuencias para las víctimas, tanto a nivel personal como profesional.
Existe amplia literatura desde la investigación que evidencia que los efectos psicológicos del acoso sexual, la discriminación y la violencia de género pueden ser devastadores, generando ansiedad, depresión, baja autoestima y, en casos extremos, incluso ideación suicida. Además, genera un clima de hostilidad y miedo que afecta a toda la comunidad universitaria, socavando los valores de igualdad y respeto que deben primar en cualquier institución de educación superior.
La impunidad en estos casos no solo perpetúa la violencia de género, sino que también envía un mensaje claro a los potenciales agresores: pueden actuar con impunidad, confiando en que las instituciones los protegerán. En el Chile actual, surge la inquietante pregunta ¿en qué instituciones podemos confiar las mujeres? Parece que, en nuestro país, cualquier ley puede ser torcida si se cuenta con acceso a redes de poder ¡Ni siquiera las universidades están a salvo de la corrupción!
Las universidades chilenas y sus gobiernos universitarios deberían sentir una profunda vergüenza por su sistemático incumplimiento de la ley y la revictimización constante de quienes se atreven a denunciar el acoso sexual. La revocación de sanciones y la solicitud de ‘compasión’ hacia los agresores son actos de una profunda misoginia que no puede ser tolerada. Es hora de que esto cambie. Citando a Gisèle Pelicot, un caso que ha conmovido a toda Europa, es hora de que la vergüenza cambie de bando.
En lugar de ser faros de esperanza y conocimiento, las universidades siguen siendo laberintos oscuros donde se esconde y minimiza el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género. Es hora de que la luz de la justicia traspase en estas sombras y exponga la hipocresía de quienes las dirigen. Proteger a su comunidad es una de sus responsabilidades ineludibles, especialmente a víctimas de violencia de género. Al no cumplir esta tarea, traicionan su misión fundamental y además incumplen los parámetros establecidos por la ley 21.369.
Solicitamos a las máximas autoridades de la Universidad de Los Lagos cumplir con la ley 21.369 y garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria. Asimismo, solicitamos a las universidades y a las instituciones relacionadas al sistema de educación superior a quebrar el silencio cómplice que valida una cultura de la violencia. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la moneda corriente en nuestras instituciones de educación superior. Es necesario fortalecer las entidades que se encargan de conducir los procesos de investigación, entregar información pertinente, detallada y oportuna sobre los protocolos de denuncia, garantizar procesos éticos a las personas afectadas, sancionar de manera ejemplar y justa a los perpetradores, y establecer mecanismos claros de reparación para la persona afectada y la comunidad donde se produce el daño. Por el contrario, sabemos que contribuir a la impunidad de los acosadores es una afrenta a la dignidad humana y una traición a los principios y valores fundamentales de la educación.
Como en 2018, la diversas Asociaciones y Redes feministas, académicas e investigadoras firmantes nos declaramos en alerta, alzamos la voz en repudio por la revictimización de nuestra colega en la Universidad de Los Lagos, solidarizamos con su dolor y nos indignamos frente a la respuesta institucional. Seguiremos trabajando hasta que la violencia de género y la impunidad frente a estos hechos sea erradicada de las universidades chilenas, y no permitiremos que continúen de(s)-generando las instituciones de educación superior. Es hora de decir basta, sin miedo y con la solidaridad de una comunidad que apoya y sostiene, solo así podremos construir un futuro donde el respeto y la igualdad sean la norma.
[1] Título de la declaración pública inspirado por “El género contra sí mismo: de la captura y el vaciamiento a una academia des-generada’, HechoenGénero, XXXV Coloquio internacional “Imaginación Crítica”, 17, Instituto de Estudios Críticos, junio 2023.
Firman:
- Red de Investigadoras
- Red de Historiadoras Feministas
- Equipo de Coordinación de la Red Feminista de Ciencia Sociales
- Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile
- Directiva Asociación Nacional de Investigadoras/es en Postgrado