Las isapres, un problema con consecuencias políticas mayores

Con toda la debilidad de este gobierno, las isapres requieren de este para poder seguir subsistiendo y de su disposición para generar una salida, sin la cual no hay posibilidades para esta industria. Además, deben darse cuenta de que la pelea comunicacional ya la perdieron y su actitud de o me salvan o sobreviene el caos no les ayuda precisamente, porque no han planteado ninguna salida a su situación, solo la exigencia de ser salvados. Este caso, nos hace ver de manera palmaria hasta qué punto en un área esencial para la vida de las personas, no es tan simple dejar todo a las fuerzas del mercado, creando industrias que simplemente se resisten a ser reguladas y además no respetan los fallos de la justicia

Por Rolando Cárdenas

La Corte Suprema condenó a las Isapres a reintegrar a sus afiliados recursos mal cobrados, incluso habiendo perdido miles de juicios individuales y habiendo fallado en contra de ellas el Tribunal Constitucional. De acuerdo con cálculos del superintendente del ramo, estos recursos ascenderían a la friolera de mil cuatrocientos millones de dólares, que por cierto no desean pagar.

Largo sería explicar el entramado legal de este proceso, además que nos interesa analizar sus consecuencias políticas; consideremos solo las palabras de la vocera de la Corte Suprema, la jueza Angela Vivanco, quien recordó lo que es obvio en una democracia: todos podemos tener nuestra propia opinión sobre los fallos de la justicia, pero estos se cumplen.

Las isapres a través de la prensa tradicional han realizado una campaña que busca instalar la idea que la cifra es inabordable, que representa decenas de años de utilidad del sistema y que hacerles pagar, los llevaría a la quiebra, arrastrando a muchos prestadores privados y 3,5 millones de personas pasarían al sistema público, colapsándolo y multiplicando las listas de espera entre otros males dantescos.

El gobierno ha presentado un proyecto de ley, la ley corta de isapres que, en síntesis, indica que las isapres deben pagar y lo negociable es el plazo. A la vez, los senadores Ximena Rincón, Javier Macaya junto a otros parlamentarios de derecha presentaron un proyecto alternativo que, previo a una reforma constitucional, permita a las isapres subir los planes y generar un sistema de pagos asociado a prestaciones, es decir, seguirían ganando y no pagarían a los cotizantes.

La opinión pública

Vivimos en un clima de completa desconfianza hacía las instituciones y, tal como demuestra la última encuesta de Tú Influyes, mayoritariamente la gente está de acuerdo con que las isapres deben devolver los recursos mal cobrados a los cotizantes. A lo más, se entiende que el gobierno debe facilitar ese proceso.

Está instalada hace mucho tiempo la imagen de que los poderosos abusan y el gobierno, en este caso, sintoniza perfectamente con la opinión ciudadana, parte de lo cual aparece reflejado en las encuestas. Por ello, desde el punto de vista ético, desde el respeto a los poderes independientes del Estado, así como desde el punto de vista político, el gobierno debe persistir en su proyecto de ley, con flexibilidad, pero sin alterar lo esencial del fallo de la Corte Suprema: las isapres deben pagar.

No está de más recordar que tanto Ricardo Lagos, cuando fue presidente de la república, como Jaime Mañalich en el gobierno de Piñera I, advirtieron que de no haber reformas al sistema, las isapres terminarían en el despeñadero en que están hoy. La respuesta de esta industria fue oponerse a toda posible reforma, con un lobby descarado que se pudo conocer a través del caso Penta, en que la UDI fue la punta de lanza en la defensa de los intereses de estas empresas.

La legitimidad de la justicia

El no cumplimiento de un fallo como resultado del lobby de la industria, deja en un pie muy precario la legitimidad del Poder Judicial, una imagen que ya existe con fuerza en la opinión pública. El aserto de que existen dos tipos de justicia, una para el ciudadano común y otra para las élites, simplemente se confirmaría con este caso, lo que haría aumentar aún más la desconfianza en la institucionalidad del Estado. Un escenario como ese, esterilizaría los esfuerzos que han realizado varios presidentes de la Corte Suprema por que la justicia tenga prácticas jurídicas y de transparencia pública que ayuden a superar la brecha que provocan las desigualdades sociales. No cumplir el fallo sería un golpe a la línea de flotación del sistema, algo que deben sopesar muy bien las autoridades por las implicancias que esto tiene.

La judicialización de la política

La judicialización de la política es un fenómeno que se da hace bastantes años. Basta recordar a Cherie Blair, esposa del ex primer ministro británico Tony Blair, destacada abogada laboralista, que nos demostró que era más importante para la defensa de los intereses de los sindicatos el sistema judicial que el sistema político.

La incapacidad del sistema político, ya no de adelantarse a los tiempos, sino de acompañarlos para adaptarse a las nuevas realidades y responder adecuadamente, al final nos llevan a este escenario.

El juez Muñoz, ex presidente de la Corte Suprema, hace varios años le reclamaba al sistema político que, ante su incapacidad de responder a las demandas ciudadanas, inevitablemente la gente terminaba recurriendo a la justicia, y los jueces terminarían fallando temas que debieran haberse resuelto en el parlamento. El caso de la isapres es un buen ejemplo de ello. Quejarse hoy de la judicialización de la política es, por ello, un acto de bastante cinismo.

El principio de subsidiariedad

Cuando reclamamos que el actuar del gobierno debe ser pragmático, también debemos hacer este mismo reclamo a la oposición, ya que se han levantado voces entre los grupos más extremos de la derecha, pregonando que el principio de subsidiariedad del Estado es intransable. Lo dicho no nos exime de reconocer que la UDI presentó un proyecto de acuerdo para que todos los partidos presentes en el Congreso, entre ellos republicanos, se comprometieran a respetar los principios que se establecieron para el diseño de nuestra nueva institucionalidad, entre los que está el estado democrático y social de derechos.

El caso Isapres nos hace ver de manera palmaria hasta qué punto en un área esencial para la vida de las personas, no es tan simple dejar todo a las fuerzas del mercado, creando industrias que simplemente se resisten a ser reguladas y además no respetan los fallos de la justicia que les afectan.

Los problemas en áreas sensibles para la población son de antigua data: recordemos, por ejemplo, la falta de inversión comprometida por las empresas sanitarias, que pudimos apreciar al producirse el desastre ambiental en julio de 2019 en la ciudad de Osorno, por la falta de mejoras en el sistema de agua potable por parte de la empresa Essal.

Ni todo al Estado, ni todo al mercado, ambas visiones ideológicas han demostrado su limitación en la capacidad de generar desarrollo.

Toda crisis representa una oportunidad

El viejo mantra de los gurús de la autoayuda efectivamente es aplicable a esta crisis. Con toda la debilidad de este gobierno, las isapres requieren de este para poder seguir subsistiendo, porque sin la disposición del gobierno de generar una salida, no hay posibilidades para esta industria.

Además, deben darse cuenta de que la pelea comunicacional ya la perdieron y su actitud de o me salvan o sobreviene el caos no les ayuda precisamente, porque no han planteado ninguna salida a su situación, solo la exigencia de ser salvados.

La derecha está en un gran problema. Buscar el borrón y cuenta nueva, como planteaban Rincón y Walker, mientras saca las castañas con la mano del gato, les traería costos políticos enormes, y si el sistema se cae no hay dos escenarios: su modelo económico se desfonda.

Entonces el gobierno tiene en sus manos un arma poderosa que le puede permitir negociar un acuerdo mayor, una salida a la crisis de las isapres que, sí o sí, debe contemplar el pago de lo adeudado. Lo discutible será el cómo, junto a una reforma al sistema de salud y, por otra parte, tiene la opción de abrir la puerta para acordar pensiones y reforma tributaria. Si el gobierno logra estas reformas, sería un segundo aire para iniciar su tercer año de gestión que pudiera cambiar todo lo que parecía inevitable.

Los ministros Marcel, Aguilera y Jara tienen competencias técnicas y capacidad de diálogo transversal para avanzar en este camino, bajo la conducción de la jefa de gabinete, Carolina Tohá, a quien la interpelación le ha venido muy bien para reafirmarse como la conductora política la administración Boric.