Por equipo de El Regionalista
Hace algunas semanas, El Mostrador activó una alarma sobre el uso indebido de recursos por parte de los municipios más ricos del país en los meses inmediatamente posteriores al estallido social. La denuncia, realizada por el concejal de Lo Barnechea, Francisco Madrid, señalaba a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente de Santiago, compuesta por Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura como responsables de realizar labores de seguimiento de dirigentes sociales.
La labor consideró la realización de fichas para cada uno de los dirigentes indagados, fotografías de sus vehículos en lugares públicos y catalogar a quienes fueron rastreados. Por ejemplo, en la ficha de uno de los líderes seguidos decía “es un acérrimo participante de marchas y manifestaciones antes, durante el estallido social y todo tipo de eventos que se realice en la comuna en contra de autoridades comunales y gubernamentales”.
La ficha describía al dirigente Luciano Pardo Ulloa, dirigente vecinal, fundador del sindicato de una distribuidora de combustibles y ex candidato a concejal de la comuna en 2016.
Las tareas de seguimiento se realizaron hasta 2021, según informó una autoridad del Lo Barnechea, cuyo alcalde es Cristóbal Lira, quien fuera subsecretario de Prevención del Delito del Delito en el primer gobierno de Piñera.
El concejal denunciante apuntó a la gravedad que implica que municipios asuman labores de inteligencia, que por cierto no les corresponden y que, además, en ellas participaran al menos cuatro ex funcionarios de Carabineros dados de baja por la institución, uno de ellos condenado por robo con intimidación.
Y aunque desde el municipio de Lo Barnechea, uno de los involucrados, descartaron a El Mostrador que participara en labores de inteligencia (“lo que se hacia era tomar imágenes, se grababan videos y se consultaban patentes…”), para Juan José Lyon, presidente de América Transparente, lo de seguir a personas, hacerles videos y armar fichas de ellas recuerda prácticas de regímenes totalitarios.
Tan grave como lo señalado, son los recursos que los tres municipios destinan a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente de Santiago. Solo el año pasado, esa entidad presidida por ex subsecretario de Prevención del Delito del gobierno de Piñera recibió 10.500 millones de pesos. Una cifra que ya la quisieran comunas como La Estrella y Litueche en Cardenal Caro, San Pedro en la provincia de Melipilla, Región Metropolitana, o Lago Verde en la Región de Aysén. Cada uno de sus municipios, durante 2023 tuvo ingresos entre los 3 mil millones y los 4.800 millones de pesos, entre el 30 y el 45% de lo que los tres municipios ricos de la zona oriente de Santiago destinan solo a seguridad. Y qué seguridad.
Se podrá alegar que la diferencia en población es enorme y claro que lo es. Pero es que las diferencias ya son grandes cuando se calcula la proporción de ingresos por habitante. Y si se piensa que montos tan importantes de dinero son destinados para labores que si no son ilegales están al borde, todo alegato pierde sentido. El concejal Madrid de Lo Barnechea elevó el asunto a la Contraloría. Queda por ver si el máximo organismo supervisor del uso de fondos públicos pone los puntos sobre las íes.
