La Ley de Permisología busca abordar un problema real: la lentitud y descoordinación del aparato estatal. Sin embargo, en medio de una crisis climática y ecológica, Chile no solo necesita rapidez; necesita inteligencia ecológica, justicia ambiental y un nuevo acuerdo con equilibrio entre economía y naturaleza.
Por María Carolina Miranda
En medio del debate nacional sobre cómo reactivar la economía sin agravar la crisis ecológica, el Congreso está discutiendo un proyecto bastante controvertido: la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que se conoce comúnmente como la «Ley de Permisología» (Boletín 16.566-03). Su objetivo declarado es acortar los tiempos de tramitación de permisos para proyectos productivos, pero sus implicaciones podrían cambiar las reglas del juego que regulan la relación entre la eficiencia administrativa y la protección del medio ambiente.
Actualmente, la ley se encuentra en su segundo trámite constitucional y forma parte de un paquete normativo que también incluye reformas a la institucionalidad ambiental y la gestión del borde costero. Juntas, estas medidas buscan facilitar la inversión privada al reducir lo que el gobierno y varios actores del sistema productivo consideran obstáculos burocráticos.
Desde el gobierno declaran que los permisos sectoriales son aquellos permisos no ambientales, necesarios para concretar un proyecto de inversión. En una región como la nuestra, en la que los monocultivos agroindustriales que no requieren permiso ambiental conllevan altas cargas de agrotóxicos, cáncer y depredación ambiental, justo es preguntar si es de fiar esta nueva apuesta por la modernización y agilidad económica. Y a qué precio.
Uno de los aspectos más debatidos de esta ley es la propuesta de reemplazar permisos por «avisos» o «declaraciones juradas», mecanismos que permitirían a los titulares de proyectos llevar a cabo obras sin necesidad de obtener una autorización formal previa del Estado. Solo tendrían que declarar, bajo su propia responsabilidad, que cumplen con la normativa vigente.
En un principio, estas llamadas Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) se proponían únicamente para ciertos permisos de bajo riesgo. Sin embargo, tras las modificaciones del Senado, ahora podrían extenderse a cualquier tipo de permiso sectorial, lo que ha encendido las alarmas entre las organizaciones ambientalistas, ya que esto desplaza el control previo del Estado hacia la autorregulación del sector privado, en un contexto donde la fiscalización ambiental ya es bastante débil.
El que calla, otorga
Con la idea de agilizar la obtención del permiso, la propuesta de esta nueva normativa es que si la autoridad no responde dentro de los plazos establecidos (que van de 25 a 120 días hábiles, dependiendo del tipo de autorización), se asumirá que el permiso ha sido aprobado.
Esta disposición podría dar lugar a situaciones problemáticas: proyectos que no han sido evaluados adecuadamente o que carecen de una evaluación técnica podrían ser aprobados automáticamente sólo porque la administración pública, que a menudo está sobrecargada o descoordinada, no respondió a tiempo.
Además, la ley impone una mayor presión sobre los servicios públicos, obligándolos a cumplir con estos plazos sin proporcionarles nuevas herramientas o recursos que mejoren su capacidad técnica o de supervisión. También establece un mecanismo de «tramitación ágil» para proyectos estratégicos, que reduciría los plazos a la mitad. Originalmente, estos proyectos se seleccionarían a través de un concurso abierto. Sin embargo, con las modificaciones actuales, la decisión recaerá en seis ministros: Economía, Hacienda, Interior, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Fomento, quienes decidirán directamente qué iniciativas se consideran estratégicas.
Esto abre un amplio margen para la discrecionalidad política, lo que permitiría que el gobierno de turno tenga un margen de maniobra para tomar decisiones que consideren la situación particular y los objetivos políticos, sin estar completamente atados a reglas predefinidas, lo que genera preocupación, especialmente en temas como el acceso al agua, los derechos territoriales y la protección de ecosistemas vulnerables.
La nueva Oficina y el lobby institucionalizado
En el proyecto primario se planteaba la creación de un servicio regulatorio para autorizaciones sectoriales, lo que fue desechado y la actual Oficina de Grandes Proyectos cambiará su nombre a Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, y tendrá la responsabilidad de coordinar a los servicios públicos, exigir informes y supervisar los tiempos de respuesta.
Los críticos del proyecto, como la organización Chile Sustentable, advierten que esta oficina ha funcionado históricamente como una plataforma para facilitar inversiones que están al borde de la legalidad ambiental. El temor es que ahora se institucionalice esa lógica, subordinando los criterios técnicos al interés de acelerar las inversiones.
La invariabilidad regulatoria: congelar las normas por 8 años
Uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es la introducción de un régimen de «invariabilidad regulatoria». Esto implica que los proyectos que sean aprobados mantendrán los requisitos que estaban vigentes cuando ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluso si las condiciones ambientales o legales cambian en los siguientes 8 años.
En un momento en que enfrentamos una crisis climática y ecológica, esta rigidez en las normas limita gravemente la capacidad del Estado para reaccionar ante emergencias ambientales, nuevos hallazgos científicos o conflictos territoriales.
Más de 200 organizaciones ambientales se han unido para levantar las alertas que observan frente al proyecto y plantean que no incluye un fortalecimiento de las capacidades de fiscalización del Estado, a pesar de que se prevé un aumento significativo en el número de obras y proyectos en curso. Además, se deja a futuras administraciones la responsabilidad de definir reglamentos clave, sin asegurar que se protejan adecuadamente los intereses ambientales y sociales.
En términos sencillos: la ley flexibiliza sin equilibrar, acelera sin considerar el entorno y desregula sin supervisar.
¿Qué significaría esto para regiones como O’Higgins?
Nuestra región, donde se entrelazan la minería, la agricultura intensiva, la escasez de agua y la biodiversidad amenazada, podría sufrir los mayores efectos. Proyectos extractivos que antes necesitaban autorizaciones ambientales y sociales podrían comenzar sus obras con solo una declaración jurada, ignorando aún más la voz de las comunidades rurales.
En áreas donde ya existen conflictos por el agua y la contaminación del suelo, una aprobación automática de nuevos proyectos podría intensificar las tensiones sociales, degradar los ecosistemas y poner en riesgo la salud pública.
Aunque los parlamentarios de la región han mostrado interés en mejorar la eficiencia administrativa, todavía no hay una postura clara sobre los efectos ambientales locales.
Eficiencia sin conciencia
La Ley de Permisología busca abordar un problema real: la lentitud y descoordinación del aparato estatal. Sin embargo, lo hace a costa de estándares de evaluación, participación y protección ambiental. En medio de una crisis climática y ecológica, Chile no solo necesita rapidez; necesita inteligencia ecológica, justicia ambiental y un nuevo acuerdo con equilibrio entre economía y naturaleza.
Este proyecto puede, efectivamente, acelerar la inversión. Pero también puede acelerar la destrucción, si no se aborda con una visión a futuro.
Para más información de las alertas ambientales que se observan desde el mundo ambiental ver https://permisologia.info/.
Sobre el estado de tramitación en el Congreso, ver https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=17134&prmBOLETIN=16566-03
