Los cuatro juicios contra Donald Trump

David Allen Harvey

Los casi ochenta años de vida del expresidente norteamericano Donald Trump parecen refutar el principio general de que todas las acciones tienen consecuencias. En las cuatro décadas de su carrera de empresario de bienes raíces neoyorkinos, tanto como en sus cuatro años en la Casa Blanca, siempre logró escapar a las consecuencias de sus actos: rompió contratos, estafó tanto a proveedores como a compradores, evitó impuestos y se burló de todas las normas. Como candidato presidencial no convencional en 2016, todos se rieron de su candidatura, hasta que (con la sorpresa de casi todos, tal vez incluso de sí mismo), logró una victoria estrecha por el Colegio Electoral (la suma de las elecciones locales en los cincuenta estados más el distrito federal), a pesar de perder la preferencia popular nacional por más de tres millones de votos. Luego, como presidente, sobrevivió a dos acusaciones constitucionales (la primera, por los contactos ilegales de su campaña presidencial con el gobierno ruso y la segunda, por su intento de autogolpe tras perder la reelección), porque la mayoría de los senadores republicanos votaron a su favor. Incluso ahora, sigue siendo el gran favorito por la nominación de su partido en las elecciones del 2024. Todo parece comprobar su declaración polémica de que podría matar una persona en la Quinta Avenida de Manhattan y salir impune.

Sin embargo, la posición legal del exmandatario se ve más peligrosa que nunca, dado que enfrenta acusaciones criminales en cuatro tribunales distintos, lo que podría implicar que los fiscales tendrán que sacar número para esperar su turno a presentar sus acusaciones. El primero en la fila fue el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, quien presentó cargos contra el expresidente por fraude al fisco relacionado con el dinero pagado a su examante, la vedette porno Stormy Daniels, para comprar su silencio, pero declarado falsamente como un gasto de campaña electoral. Por muy farandulero que sea el caso, es el menos serio de los cuatro procesos, puesto que, de ser comprobado, el castigo más probable sería una multa.

Hay dos juicios más en las manos de Jack Smith, el “special counsel” (fiscal especial) nombrado por el Departamento de Justicia para investigar los casos federales en contra del expresidente. El cargo de fiscal especial fue creado después del escándalo de Watergate para minimizar la influencia de la política sobre las operaciones de la justicia. Smith es un abogado experto, con experiencia en la Corte Criminal Internacional, donde presentó casos contra criminales de guerra. Smith ha formulado dos casos separados contra Trump. El primero, que se trata de la posesión y difusión ilegal de documentos clasificados, se presentará en el estado de Florida, donde los documentos secretos fueron encontrados en su club de golf, Mar a Lago. El segundo, sobre los intentos de falsificar los resultados de la elección presidencial de 2020, se presentará en la ciudad capital de Washington, el lugar de los hechos. La segunda acusación fue formulada con precisión de cirujano para evitar atentar contra la libertad de expresión del expresidente: tiene el derecho de criticar el manejo de la elección e incluso de decir (falsamente) que fue defraudado, pero no tiene el derecho de falsificar resultados o de descartar votos legalmente emitidos.

Aunque el cargo del fiscal especial fue creado para evitar la influencia de la política en materia judicial, las diferencias políticas entre las juezas que presidirán los dos casos que maneja Smith ya son notorias. La jueza de la Florida, Aileen Cannon, fue nominada a su puesto por el expresidente Trump y, según muchos observadores, ha demostrado demasiada parcialidad a su favor, dando su aprobación a las tácticas de los abogados de Trump para postergar el caso.  Al contrario, la jueza de Washington, Tanya Chutkan, nominada por el expresidente Barack Obama, se ha hecho conocida por las duras penas que ha pronunciado contra algunos participantes del fallido golpe del 6 de enero y ya ha advertido a Trump que no tolerará que revele información privilegiada del caso a la prensa, ni que use su poder para amenazar a los posibles testigos en su contra. Los jueces, por supuesto, son seres humanos y tienen sus creencias políticas como cualquier ciudadano, pero la politización de la justicia en los dos casos da muchas razones de dudar de la imparcialidad del sistema judicial.

El cuarto caso, presentado el lunes pasado en la ciudad de Atlanta, se enfoca en los intentos de la campaña de Trump de revertir los resultados de la elección presidencial en el estado de Georgia. Este caso fue presentado por la fiscal de Atlanta, Fani Willis, quien se sirvió de la ley RICO (Racketeering Influenced Corrupt Organizations/Asociación ilícita de organizaciones corruptas), originalmente promulgada a mediados del siglo pasado para enfrentar a la mafia, para alegar que la campaña de Trump era una organización criminal. Por lo tanto, presenta acusaciones no solamente contra el expresidente, sino también contra sus abogados y asesores. Irónicamente, un miembro del círculo más cercano de Trump, el exalcalde Rudy Giuliani, saltó a la fama en los años ochenta como fiscal de Nueva York presentando casos RICO contra los mafiosos, y ahora tendrá que responder a la misma clase de acusaciones. El documento de la acusación que presentó la fiscal Willis, de casi cien páginas, cuenta con lujo de detalle la historia de cómo Trump, Giuliani, y los otros imputados conspiraron para invalidar los votos legalmente emitidos, formular y presentar resultados falsos, e intimidar a funcionarios públicos para facilitar el robo de la elección. Una parte no menor de la estrategia legal de la fiscal es de presionar, con amenaza de cárcel, a los colaborades del expresidente a dar testimonio en su contra.

Por supuesto, es importante recordar que Trump, como cualquier ciudadano, debe ser presumido inocente hasta que se comprueben las acusaciones en su contra. En un país que sigue altamente polarizado, también hay razón para dudar si los casos tendrán un impacto sobre la próxima elección presidencial. Trump sigue como el gran favorito para ganar las elecciones primarias del Partido Republicano, tanto porque sus fanáticos aún creen en su inocencia y en el supuesto complot en su contra, como porque sus rivales, como el gobernador Ron De Santis, el senador Tim Scott, y la exgobernadora Nikki Haley, no se atreven a criticarle (el único rival importante que sí ha denunciado la conducta de Trump es el exgobernador Chris Christie). La estrategia legal evidente del expresidente Trump es tratar de postergar los procesos en su contra lo más que pueda, de convertirlos en batallas abiertamente políticas, y finalmente de ganar la elección presidencial de 2024, lo cual le podría hacer inimputable, por lo menos mientras sigue en la Casa Blanca.

¿Podrá Donald Trump salir otra vez con la suya? No es imposible, pero hay razones para pensar que, esta vez, se hará justicia. Por mucho que la jueza Cannon abuse de su autoridad para ayudar al exmandatario, los otros casos avanzarán sin impedimento, y ni el fiscal Smith, la fiscal Willis, ni la jueza Chutkan se dejarán intimidar por las presiones ejercidas en su contra (las cuales, en el caso de la jueza de Washington, ya incluyen amenazas de muerte de parte de los fanáticos de Trump). El caso RICO de Georgia, el más amplio de todos, puede demorar, a causa del gran número (19) de acusados, pero el caso que lleva Smith en Washington está estrechamente definido, y el fiscal lo quiere presentar lo antes posible. Es bien probable que Donald Trump tendrá que comparecer ante los tribunales durante la contienda electoral. Ya hay mucha evidencia que los casos en su contra están debilitando su campaña electoral y gran parte del dinero que recauda para su candidatura se gasta en pagar a sus abogados.

¿Podría Trump ganar la elección presidencial como imputado criminal? Después de la gran sorpresa de 2016, pocos se atreverían a decir que es imposible. Sin embargo, hay razones para dudarlo. Por mucho que los fanáticos del expresidente siguen fieles, sus tasas de desaprobación son altísimas, y la mayoría de los norteamericanos, según las encuestas, creen en su culpabilidad. Creo que es imposible que gane la mayoría de los votos al nivel nacional. Es importante recordar que las elecciones presidenciales norteamericanas son indirectas; efectivamente, hay elecciones locales en cada estado, los estados tienen peso diferente (los “votos electorales”) basados en su población, y técnicamente, son los electores, nombrados después de las elecciones estatales, quienes confirman el resultado de la elección. Es un sistema anticuado que data del siglo dieciocho y los procesos más serios contra Trump se tratan precisamente de sus intentos de subvertir este proceso nombrando electores falsos. Si sale impune, es de esperar que intente defraudar el proceso electoral de nuevo.

Hay cincuenta estados (más el distrito federal), pero hay solo una docena donde las fuerzas de los dos partidos principales están equilibradas, y que decidirán el resultado nacional.  En 2024, los estados claves serán los cinco que dieron sus votos a Trump en 2016 y a Biden en 2020: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, y Georgia. Los primeros cuatro tienen gobernadores del Partido Demócrata, que vigilarán para proteger la integridad de los comicios, y en Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp ya ha denunciado el intento de fraude electoral de Trump en su estado en 2020. Felizmente, se puede descartar la posibilidad de que Trump pueda robar la próxima elección. ¿La podría ganar limpiamente? Tal vez, pero las encuestas no le son favorables, y si las noticias del año 2024 son dominadas por los varios procesos en su contra, lo más probable es que su popularidad siga en caída. La justicia demora, pero, a fin de cuentas, llega.