Modernización y profesionalización del estado, condición para las buenas reformas

En la conformación del nuevo elenco gubernamental a nivel de ministros, subsecretarios y autoridades regionales resultarán claves las señales que puedan entregarse a la ciudadanía que recogió e hizo suyas las demandas por transformaciones estructurales. La designación de personalidades que efectivamente vayan en la línea de las aspiraciones de cambio que se enarbolaron durante la campaña debe ser parte del nuevo libreto.

Por Edison Ortiz

Para celebrar sobran los motivos

Celebra Boric y su entorno tras una carrera meteórica que se inició allá por 2011.  Entonces, disputó la presidencia de la Fech con Camila Vallejos, imponiéndose en segunda vuelta, y posteriormente vinieron su elección y reelección como diputado en 2013 y 2017. Ahora presidente de Chile con apenas 35 años y en un contexto de mucha agitación, el ex líder estudiantil y su entorno celebran con justa razón. 

Han ganado en una batalla épica y en un contexto en el que el clivaje político que marcó la coyuntura oscilaba entre la consolidación de los cambios o la regresión autoritaria.

El año había empezado con un Boric que no explicitaba intenciones de abordar una carrera presidencial. Luego, decidió registrarse como candidato casi al filo del cierre de inscripción para la primaria de Apruebo Dignidad. Y cerró ese hito con un triunfo más que holgado sobre Daniel Jadue, en un proceso con una participación que resultó muy masiva.

Participó a continuación de la primera vuelta y contra todo pronóstico inicial, luego de una irrupción ascendente, concluyó segundo, obteniendo la primera mayoría relativa el candidato oustider de la derecha, José Kast, armado de un discurso que no solo reivindicaba el régimen pinochetista sino que, además, era abiertamente misógino.

Las intervenciones del propio candidato Kast, así como de algunos de sus adherentes -Kaiser, de la Carrera o la doctora Cordero-, asustaron al chileno medio y los días previos a la elección el gobierno (y su candidato) se fueron a pique: la semana empezó con líos entre Kast y el gobierno y la acusación de “traición” de sus más acérrimos partidarios; continuó luego con la muerte de Lucía Hiriart y la necesaria evocación del régimen dictatorial para el común de los chilenos; y concluyó con el desastre del transporte el domingo 19 de diciembre.

Ese contexto, más un trabajo de despliegue territorial impresionante del aspirante vencedor explican la diferencia de casi 12 puntos entre su votación y la de Kast, el aumento porcentual de los votantes y el erigirse como el presidente electo más votado, en términos de sufragios emitidos, en la historia de Chile.

Para celebrar, como diría Sabina, sobraban los motivos.

Después de la resaca, ¿una derecha que negará la sal y el agua?

La noche de la derrota, la comparecencia de Kast tuvo un tono muy razonable, reconoció rápidamente el triunfo de Boric y fue a saludarlo. Se mostró más calmo que en campaña como anunciando, a pesar de todas las dudas que existen sobre su liderazgo, que en tiempos convulsos podría volver a aparecer como alternativa con un discurso mesiánico. Ello, a pesar de que la guerra civil por el liderazgo en el sector ya está desatada. Si no me creen. pregúntenle a Manuel José Ossandón.

El lunes recién pasado, el día de la elección, Iván Moreira señalaba a un medio nacional que ahora “le darán a Boric de su propia medicina”; Carlos Larraín participa iracundo junto al alcalde Sharp de Valparaíso en un debate y el senador Coloma, el martes pasado ya manifiesta que Boric “lo primero que está haciendo es titubear ante la delincuencia”. Son señas que evidencian que, esta vez al parecer, no habrá luna de miel entre el gobierno y la oposición. Lo que se viene es más o menos claro, en particular cuando la nueva administración deberá comprometerse con apoyar a la Convención y su tarea de proponer al país una nueva constitución.

Una derecha derrotada y fragmentada tampoco ayudará mucho a mejorar el clima político en el país. Lo más probable es que tengamos a partir de marzo a ese sector atrincherado en el Senado sin dan tregua, e intentando capturar algún voto DC, sometiendo una y otra vez al nuevo gobierno a una mecánica de acusaciones constitucionales, que no solo enrarecerán aún más el clima político del país, sino que ralentizarán y mermarán la agenda legislativa del ejecutivo.   

Más y mejor estado para impulsar las reformas

En un clima como el descrito anteriormente resultará clave la conformación del nuevo elenco gubernamental a nivel de ministros, subsecretarios y autoridades regionales y las señales que puedan entregarse no solo a la banca, la bolsa y el sistema financiero sino también a la ciudadanía que recogió e hizo suyas las demandas por transformaciones estructurales. La designación de personalidades que efectivamente vayan en la línea de las aspiraciones de cambio que se enarbolaron durante la campaña debe ser parte del nuevo libreto. Revisemos un ejemplo: el nombramiento de Nicolás Eyzaguirre en Educación durante Bachelet II. Eyzaguirre era un hombre que daba confianza al mercado, con la lógica de la transición, pero cuya designación -por no cuadrar con el ímpetu reformista en la principal cartera con compromisos de reformas- fue una nítida señal de que las transformaciones comprometidas iban a ser de “en la medida de lo posible”. En la jerga actual primó el criterio del “pasito, a pasito”, como sucedió con la gratuidad, los servicios locales y el fortalecimiento de la educación pública.  

Parar el asalto periódico al estado

La experiencia de conformaciones de gobierno anteriores llevan a una idea: luego de la designación de secretarios de Estado que dan mucha confianza “al mercado”, pero que hacen dudar de inmediato a los votantes pro reformas sobre las verdaderas intenciones de sus gobernantes, lo que hemos visto  es más bien “el asalto a mano armada del Estado”, muchas veces con la designación de personas que no tienen ni las competencias ni el espíritu de servicio, aunque les sobran las ganas de querer vivir bien con el mínimo esfuerzo a costa del presupuesto fiscal.  

Por eso en la nueva administración que iniciará su ciclo en marzo próximo no pueden repetirse situaciones como las que hemos visto con funcionarios expertos en todo (y a la vez en nada); con gente que trabaja en el servicio público y que literalmente se va cada fin de semana de vacaciones, evidenciando ningún compromiso con el proyecto político de quienes lo pusieron allí. Ocurrió con Bachelet II, funcionarios designados en Educación a cargo de reformas, con 4° Medio, ganando más de 5 millones de pesos mensuales, lo que a ojos de todos los funcionarios públicos era un insulto y atropello a su dignidad. O funcionarios que encabezaron proyectos de reformas mal diseñadas –el Transantiago, por ejemplo– cuyos efectos negativos los paga la población. Ya tuvimos suficiente de esa nueva burguesía fiscal a la que le encantaba vivir muy cerca del presupuesto público y de montar redes con el mundo privado, como sucedió con las empresas de Martelli y cía.

También hemos tenido ya suficiente de la idiocracia de Sebastián Piñera que nos ha colmado la paciencia, una nomenclatura que cobra como si estuviera en la empresa privada, aunque no dé muestras de competencia para el mundo público y que, como lo demostró esta administración en particular en pandemia, toma medidas ideológicas que no tienen fundamento en la realidad. Ícono de este estilo es el actual titular de Educación Raúl Figueroa.

Las funciones estratégicas que el estado chileno debe desempeñar superan a cualquier gobierno de turno y requieren de personal especializado. De ello depende que pueda implementar las promesas y políticas públicas de los gobiernos que han recibido el mandato ciudadano.

Epílogo: poner fin “al ahora nos toca a nosotros”

Un estado como el de los dos últimos gobiernos, entregado a intereses particulares, mezquinos y lógicas clientelares de una y otra parte, no dará el ancho para implementar las grandes promesas cuya realización sigue pendiente. Tal como lo señaló el exsubsecretario Gonzalo Martner, “los funcionarios de carrera deben poder trabajar con gobiernos de un signo u otro, siempre que sean competentes. La consecuencia es que se deben restringir drásticamente en Chile los cargos de confianza política y limitarlos a no más de unas 300 posiciones directivas (con sus respectivos colaboradores directos) en el gobierno central. Habrá que distinguir acuciosamente y con fundamento entre los servicios que definen políticas y los que las ejecutan, cuyo directivo debe tener un compromiso con el programa de gobierno, que deben seguir siendo de confianza presidencial (y periódica rendición de cuenta ante el parlamento), y los de ejecución técnica, que deben ser estrictamente profesionales y no sujetos a la arbitrariedad de las autoridades de turno”. 

Si la administración de Gabriel Boric no hace esa inflexión necesaria, no pone fin a la concepción política imperante que ve al Estado como coto de caza, como un botín a repartir cada cuatro años, la gestión del aparato público, incluso para sus reformas, se tornará cuesta arriba. Y como ya ha pasado tantas veces en nuestra historia reciente, lo que se implemente estará lejos de lo que se prometió, no solo por el necesario acuerdo político en el contexto de un empate legislativo, sino porque el Estado no dispuso de los funcionarios ni de la estructura administrativa para llevarlas a buen puerto. 

Y eso, aumentará la crispación del ambiente político en la que ya llevamos años.