Municipalidad de Rancagua en llamas

Tras el incendio en el edificio Tomás Guaglén de la municipalidad de Rancagua, han surgido sospechas sobre su intencionalidad. Ello, porque el consistorio de la capital regional acumula investigaciones en curso a varios de sus proyectos, algunos de ellos impulsados por corporaciones, la figura creada principalmente por municipios de Chile Vamos con el fin de evadir el brazo de la Contraloría.

Equipo de El Regionalista

Al amanecer del domingo 19 pasado, “un atentado incendiario” afectó al departamento de Edificaciones de la municipalidad de Rancagua, situado en el edificio Tomás Guaglén. Se trata de un área municipal sensible, que revisa si los proyectos respectivos ameritan los permisos de edificación que emite la Dirección de Obras Municipales (DOM). Para la investigación de los hechos, se interpondría “una querella por incendio en lugar no habitado”.

Según se señala of the record, la situación -por lo menos extraña-, tendría ribetes de autoatentado. Previamente, se conocían acusaciones contra el ex alcalde Eduardo Soto por varias irregularidades en las obras de calle Estado, baños de Independencia y la remodelación del centro histórico, que estaban siendo financiadas por el Programa de Inversión Desarrollo de las Ciudades de la subsecretaría de Desarrollo Regional. Entre los acusadores estaba la Contraloría, los propios funcionarios y el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Hoy, transcurridos varios años del inicio de obras, su conclusión pareciera no ser prioridad, con el consiguiente perjuicio para tod@s l@s rancaguin@sl y para los comerciantes del sector, afectados ya en 2019 por el estallido social.

Larga lista de proyectos objetados

La historia partió a fines de 2016, cuando la consultora Afinex SPA se adjudicó el diseño de las obras por un monto total de $166.250.000, que incluían topografía, arquitectura, paisaje, pavimentación y evacuación de aguas lluvias, poliductos, riego, agua potable, electricidad, gas, ingeniería vial y un proceso de participación ciudadana. Con todo este detalle definido previamente, no se explican los problemas -y sorpresas- que enfrentó Arquivial Ltda., empresa que se adjudicó su ejecución con una oferta 56% menor que la de Cosal S.A.

Y se suman varios otros proyectos y estudios que levantan un manto de dudas sobre la gestión municipal concluida el pasado mes de junio.

Por ejemplo, el proyecto de la techumbre de la Medialuna (una copia del Movistar Arena). El estudio de 2018, que costó la módica suma de $ 250 millones, fue financiado por el Gobierno Regional y se adjudicó por trato directo a una empresa, ligada a asesores del ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Todos ellos desembarcaron en el municipio de Rancagua, ocupando cargos especialmente en la dirección de Gestión Ambiental. Y hay que agregar el cambio de posición de la estatua de Lucho Gatica en el Teatro Regional en 2019, iniciativa que costó varios millones más y que se adjudicó luego de cuatro intentos de licitación.

La cuenta sigue.

La Plaza Elige Vivir Sano, lanzada con bombos y platillos por el ex alcalde Soto para inaugurarla antes de las elecciones, no cuenta con permisos ni recepción de la Dirección de Obras. Y en su desarrollo, se repite como supervisor de las obras el jefe titular de Estudios y Proyectos, cargo de confianza exclusiva, que participaba en todas las evaluaciones de las ofertas de licitación. En dicha responsabilidad, el funcionario tenía exclusividad sobre estos estudios y proyectos; se trata del mismo personaje denunciado por funcionarios del municipio a Contraloría por recibir doble paga desde la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN) y por proyectos realizados por otros profesionales de la Secretaría de Planificación (Secplac). El directivo fue suspendido de su cargo y se encuentra con, a los menos, dos investigaciones sumarias. Claro que la investigación tendrá un obstáculo: la memoria de su computador repentinamente perdió todos sus archivos.

¿Incendio planificado?

Es decir, la oficina quemada podría ser un foco clave para entender un sinnúmero de observaciones a proyectos implementados sin respaldo normativo y sin recepción, que han sido objeto de cuestionamiento y polémica. Un nudo crítico para la anterior gestión y que podría destapar una olla de grillos mayor.

Para añadir enjundia a la revisión, hay quienes observaron un detalle: justo el departamento incendiado colinda con la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), brazo político-social de todo edil, donde podría haber antecedentes sobre ayudas sociales entregadas al margen de todo criterio social y legal. Los mismos que apuntan a este detalle piensan que los pirómanos se equivocaron unos metros de objetivo. Y menos mal que los bomberos llegaron a tiempo…

El antecedente más antiguo de este conjunto de “observaciones” se remonta a 2017, año en que la Contraloría emitió un informe sobre pagos indebidos en la Corporación de Cultura & las Artes, a cargo del Teatro Regional Lucho Gatica. Soto continúa como imputado aunque, como se sabe, la causa fue derivada a Fiscalía Sur, en el contexto del conflicto entre el Fiscal nacional y el persecutor local y el caso de los jueces de la Corte de Rancagua. La formalización de Soto fue luego suspendida.

Se podría pensar que lo sucedido en el teatro fue una lección que obligaba a la transparencia. Pero, durante mucho tiempo, las tres corporaciones creadas por el ex alcalde -Cultura, Deportes y Desarrollo & Innovación no contaron con Portal de Transparencia, ni pasiva ni activa. Funcionarios municipales hicieron la denuncia respectiva ante el Consejo para la Transparencia, que resolvió de modo imperativo que debían contar con el portal.

La cuenta de proyectos o iniciativas con observaciones no se detiene.

Está la piscina temperada cuyo diseño fue supervisado, nuevamente, por Sebastián Díaz (esta vez, como parte de la Cormun, para justificar su doble sueldo). El permiso de la obra fue aprobado por el departamento de Edificaciones, el mismo que resultó incendiado el pasado 19. El diseño costó 34 millones, pero cuando se preparó su perfil para obtener financiamiento del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), el Instituto Nacional del Deporte (IND) lo objetó porque no cumplía con medidas reglamentarias (para piscina olímpica o semi olímpica). La iniciativa, que bordeaba los $ 1.300 millones, se desechó y en su lugar se escogió un prototipo del IND cuyas obras bordean los $ 4 mil millones (cofinanciado entre IND y FNDR). 

Por todo lo anterior, de comprobarse un probable delito de incendio provocado, será imprescindible la aplicación de medidas y sanciones concretas.

Método para burlar controles

El caso del supuesto autoatentado en Rancagua y todas las situaciones que lo preceden, requiere una mirada a la luz de irregularidades y hechos ocurridos precisamente en municipios de ex alcaldes emblemáticos de la derecha como Joaquín Lavín (Las Condes), Raúl Torrealba (Vitacura); Lo Barnechea (Felipe Guevara, actual delegado presidencial metropolitano), Ñuñoa (Andrés Zahri).

En los municipios controlados por el gremialismo, se instalaron instituciones paralelas a las establecidas en la ley orgánica de municipalidades, que permitían incursionar en campos que no requerían del control municipal y de los concejos

En ese proceso, que culminó con las denuncias recién conocidas, parece haber un modus operandi: en especial en los municipios controlados por el gremialismo, se instalaron instituciones paralelas a las establecidas en la ley orgánica de municipalidades, que permitían incursionar en campos que no requerían del control municipal y de los concejos. Se montaron empresas que ganaban la mayoría de las licitaciones de los municipios adscritos y corporaciones que se transformaron en verdaderas cajas pagadoras o de desvíos de recursos. En todos esos municipios, incluyendo el de Rancagua, el propósito fue escapar al control de Contraloría tal como lo señaló Juan José Lyon, director de América Transparente.

Estas prácticas, en las que participan el gremialismo y la antigua Nueva Mayoría, se refuerza con la disponibilidad a nivel nacional de un pool de profesionales y personas de confianza que son movidos de un municipio a otro, cuando a su municipio llegaba una autoridad de otro signo.  Municipios convertidos en una verdadera “huesera” de personal que quedó sin trabajo.

Bajo ese parámetro, hay que poner atención a las denuncias – de mucho menor volumen- contra alcaldes de centro izquierda recién electos como Tomás Vodanovic en Maipú, Emilia Ríos en Ñuñoa, ambos de Revolución Democrática (RD), o las que, en su oportunidad, afectaron a la dirección de Educación de la municipalidad de Valparaíso dirigida por el alcalde Jorge Sharp.

Cirugía mayor para los municipios

Se trata de un panorama con una impronta: estos hechos van socavando la legitimidad democrática de los municipios, en un contexto en que las instituciones están en su punto más alto de ilegitimidad y repudio ciudadano.

Por de pronto se requiere una cirugía mayor a dichas instituciones, que implique resignificarlas como verdaderos gobiernos locales, primer vínculo con los territorios e identidades que organizan, diseñan y gestionan a corto, mediano y largo plazo programas y proyectos para responder a necesidades locales, y que se adaptan a un contexto en cambio permanente. 

El modelo municipal repite a escala local el presidencialismo exacerbado con acaldes que se sienten reyezuelos, en especial cuando los reeligen, al margen de todo control, con concejos municipales con poco peso específico al momento de ejercer las funciones para las que fueron electos. A ello, se suma el escaso interés por conocer y aplicar las pocas atribuciones que tiene.

Es urgente que las gestiones de ediles sean objeto de investigaciones y controles más exhaustivos. Como sabemos, la normativa y potestades de Contraloría no están a la altura de los desafíos de hoy.

Es urgente que las gestiones de ediles sean objeto de investigaciones y controles más exhaustivos que los que existen – a cargo de Contraloría o de las mismas direcciones municipales de Control, por ejemplo–. Como sabemos, la normativa y potestades de estas instituciones no están a la altura de los desafíos de hoy, entre los cuales también está impulsar una ciudadanía más crítica y comprometida que supere el clientelismo instalado.

De lo contrario, el sistema, también, puede reventar en algún momento desde abajo. Casos como el del incendio supuestamente provocado en el edificio Tomás Guaglén de Rancagua indicarían que, también, hay actores públicos que coquetean más con el lumpen que con la democracia y la participación ciudadana.