¿Qué sabe el exalcalde Eduardo Soto que los demás no sabemos?

Bajo la egida de Eduardo Soto el municipio de Rancagua, así como el Teatro Regional fueron víctimas de malversación y desaparición de dinero público por miles de millones de pesos, incluso hasta de un incendio provocado. Hasta ahora, solo hay un solo condenado con pena remitida y una multa que asciende a $ 5.100.000.

EquipoEl Regionalista

Con esta pregunta el concejal en ejercicio Patricio Henríquez evidenciaba su escepticismo respecto al bullado caso Teatro Regional, que es un monumento al manejo arbitrario de la Fiscalía Regional y Metropolitana Sur en relación al actuar del exedil de la ciudad. El concejal Manuel Villagra y su excolega Pedro Hernández, quienes fueron obligados por  Contraloría a devolver el dinero por un viaje que no hicieron en 2015, en que fueron condenados en primera instancia a 300 y 200 días, respectivamente, pero cuya causa la fiscalía local dejó morir hasta que prescribió.

Algo similar sucedió con el caso Teatro Regional, que estalló casi al filo del término de 2016 cuando Eduardo Soto le admite a un exconstituyente socialista, a quien pretendía contratar en Rancagua, que “hay irregularidades en el Teatro Regional” lo que, días después gatilla la presentación de una querella por parte del exintendente y actual gobernador Pablo Silva, armándose el caso de irregularidades de dineros públicos más bullado del último tiempo en el plano local.

Como se sabe, luego de la disputa entre los fiscales Arias y Moya, y de las irregularidades en la fiscalía local, el caso fue divido en dos: la situación de Marcelo Vidal, exdirector del teatro quedó radicada en Rancagua, mientras que la de Soto, extrañamente fue destinada a la Fiscalía Sur Metropolitana, donde el fiscal Raúl Guzmán era uno de los postulantes para ser el secretario del Senado en una solicitud que, también, en la época generó controversia.  Por entonces, Raúl Guzmán, siendo ministro del interior de Piñera, el padre político de Eduardo Soto, Andrés Chadwick, alcanza con los votos de la UDI y RN ese cargo y, antes de abandonarlo, se reúne (revisar agenda pública de ambas autoridades de la época), con el jefe de gabinete de La Moneda – la nota de la sala de prensa de Fiscalía dijo en esa ocasión que, además del caso bombas en el área metropolitana y de la seguridad de los fiscales, en las reuniones “se habían abordado otros temas”. El jueves anterior a que la vocera de la Fiscalía Sur, Sandra Reveco, viernes 18 de mayo de 2019, hiciera el anunció de solicitud de dejar sin efecto la formalización de Soto, quien debía ser imputado ese día, la entonces senadora y presidenta de gremialismo, Jacqueline Van Rysselberghe pone las manos al fuego por la inocencia de Soto y le pide repostularse a la alcaldía de Rancagua, un día antes del anuncio en un viaje relámpago a Rancagua.

Cabe recordar que, hace poco, agosto de 2022, fue condenado el exdirector del teatro, mediante “juicio abreviado” a pena remitida y a cancelar una multa de casi $ 5.100.000, lo que es considerado una mala broma por algunos concejales, dada la cantidad de dinero malversado o que aún no aparece. Hay que recordar que el propio concejal socialista, Patricio Henríquez, en su oportunidad, presentó una querella contra el exalcalde gremialista por “malversación de fondos públicos”, nuevamente en el Teatro Regional, en un proyecto, – “Programación 2017-2018” – por el cual se recibieron más de 90 millones de pesos, 48 de ellos provenientes de aportes privados, iniciativa que nunca se ejecutó y de la cual se rindió una mínima proporción sin que, hasta ahora, se sepa dónde están los dineros y que, sin embargo, la administración actual debe estar pagando. Como se sabe, esta querella fue declarada admisible y está en tramitación.

A su vez, el mismo Henríquez, en julio de este año, participó de una acción legal destinada a evitar que la causa original del teatro prescribiera. La audiencia, inicialmente convocada para el 24 de junio, se suspendió porque Eduardo Soto, 5 minutos antes de la misma, le quitó el patrocinio al abogado que tenía y la audiencia finalmente se realizó en julio, ocasión en que el abogado representante del exedil fue Mario Vargas Cociña, muy conocido en el ambiente de tribunales y quien, además, es el defensor del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.

La audiencia, curiosamente, se desvió del foco y 2 horas 45 minutos de ella estuvo dedicada a analizar la pertinencia o no de la acción querellante del concejal socialista de Rancagua. Aun así, hizo uso de la palabra el fiscal que lleva la causa, Héctor Barros – quien también estuvo en la carrera para ser fiscal nacional. Barros, en su intervención, evidenció que, en tres años, la causa “no se ha movido nada”, de acuerdo a uno de los testigos de la audiencia. La declaración de la admisibilidad de la querella por malversación en el proyecto cultural, más la reanimación del caso original dan, en un contexto de mucha sospecha e incredulidad, cierta esperanza a los querellantes de Soto, respecto de que el caso, por lo menos, siga en tramitación en una Fiscalía que aplica todo el rigor de la ley a los exalcaldes y concejales de San Fernando, pero que en Rancagua ha evidenciado una pereza extrema.

El autogol de Eduardo Soto

Dos meses después de la sentencia aplicada a Marcelo Vidal –irrisoria para muchos–, quien optó por reconocer su delito e ir a juicio abreviado, Eduardo Soto publicitó en sus redes sociales su inocencia y no conforme con ello, como sinónimo de su personalidad megalómana, se presentó con un grupo de fans en el municipio de Rancagua como queriendo decir “aquí estoy yo, y pronto volveré”.

La escena anterior tuvo dos lecturas: o Soto sabe de antemano la decisión judicial que se tomará sobre él, como ocurrió el 20 de mayo de 2019 y que publicó en su oportunidad el periódico digital El Mostrador, o ha desafiado al fiscal Héctor Barros, en el sentido que lo obliga a tener que “mover la causa” para dar muestras de una imparcialidad, que no ha tenido este caso, en una Fiscalía y justicia disparejas.

Epílogo: cuando no hay justicia

En un caso acontecido en Rancagua, febrero de 2022, digno de Los Miserables de Víctor Hugo, un hombre fue condenado a cinco años y un día por el tribunal de juicio oral en lo penal, por robar “tarros con leche, harina tostada, chuchoca y miel”, un hecho acaecido el 9 de noviembre de 2020.

Bajo la egida de Eduardo Soto el municipio de Rancagua, así como el Teatro Regional, fueron víctimas de malversación y desaparición de dinero público por miles de millones de pesos, incluso hasta de un incendio provocado. Hasta ahora, solo hay un único condenado con pena remitida y una multa que asciende a $5.100.000. El principal inculpado, además de habérsele separado de la causa y de ser trasladado a Santiago, lleva tres años sin que se mueva una sola hoja su expediente. Y no contento con ello se auto declara inocente. Es la justicia indolente, que no quiere ver y que, sin embargo, se ensaña cuando se trata de los más débiles.