Royalty minero, oportunidad para las regiones y para el despegue de la ciencia y la tecnología

El pasado miércoles, el Gobierno se anotó un punto con la ley del Royalty Minero. La iniciativa obliga a tributar a la gran minería por su renta privilegiada obtenida de la naturaleza y distribuirá la recaudación en todas las regiones del país, especialmente entre las comunas donde operan las empresas. Entre otras áreas, estos recursos podrían impactar favorablemente en la inversión en ciencia y tecnología. Pero para ello, será fundamental que el sistema universitario, los gobiernos regionales y el mundo privado generen redes efectivas de innovación e investigación y desarrollo, área en la que aún falta mucho camino por hacer.

Equipo de El Regionalista

El royalty minero, impuesto que gravará a las grandes empresas mineras, fue aprobado por el Congreso el pasado miércoles con dos componentes nuevos para lo que es la tradición tributaria chilena: consagra la tributación especial por la explotación de recursos naturales y sus recursos estarán orientados principalmente a regiones.

Veamos de qué se trata este nuevo impuesto cuya aprobación costó tanto, aunque muchos países mineros lo tienen hace tiempo.

La minería tiene una renta que va más allá de los ingresos habituales de una empresa porque explota recursos que están en la naturaleza, o sea, no tiene que elaborar su producto desde el principio. Y esos recursos son de propiedad de todos los chilenos y chilenas. Este nuevo impuesto, consagra las obligaciones que tiene la gran minería con el país por su impacto en el medio ambiente.

Prioridad a las regiones

El royalty se aplicará a las mineras que produzcan más de 50 mil toneladas métricas de cobre al año y tiene dos componentes: un 1 % sobre sus ventas y una tasa variable sobre su margen de utilidades de entre 6 y 28%, dependiendo de su producción. Estas cifras variaron notablemente en relación con la propuesta original, presentada entre otros por el diputado Jaime Mulet en 2018. El proyecto de entonces establecía un 3% sobre las ventas y un 34% sobre las utilidades.

El impuesto generará 450 millones de dólares anuales que se destinarán principalmente a las regiones. 170 millones serán distribuidos mediante el Fondo para la Equidad Territorial en el 90% de las comunas del país, especialmente entre las que tienen más necesidades. Otros 225 millones se destinarán a un fondo para inversiones productivas e investigación científica y tecnológica con alcance a todas las regiones. Y 55 millones serán distribuidos a través del Fondo de Comunas Mineras en las 32 comunas donde funcionan las empresas mineras que pagarán el impuesto y sus faenas han impactado más el ambiente.

La ley define que las comunas destinatarias del Fondo de Comunas Mineras son aquellas donde están instalados los yacimientos, refinerías, fundiciones, relaves activos o abandonados, estos últimos, próximos a población.

Nuestra región será beneficiaria de los recursos generales del fondo de inversiones productivas y el de equidad territorial. En tanto, el fondo específico para territorios en los que hay impacto minero, beneficiará a 32 comunas en el país. En nuestra región, Machalí y Requínoa, y en la Metropolitana, Alhué, cumplirían con los requisitos para ser beneficiarias; en todas ellas hay o hubo actividad de El Teniente. En Alhué, funciona hoy el embalse Carén, en el que la minera estatal acopia sus relaves. Litueche también entraría en el listado.

Adicionalmente, los recursos de la ley abastecerán un fondo por tres años para la seguridad ciudadana por 350 millones de dólares, algo así como 280 mil millones de pesos anuales.

El informe que Hacienda presentó al Congreso despeja dudas sobre la posición en que quedará la gran minería chilena en relación con sus competidores. Mientras la tributación en Chile alcanzará con el royalty un 40,1%, la de Perú se eleva al 41,4% y la de Queensland en Australia está en 42,3%

Invertir bien en ciencia y tecnología

En los meses que siguen, Hacienda y otras reparticiones públicas deberán generar reglamentos y procedimientos para la distribución y uso de estos recursos. Especial foco tocará hacer respecto de aquellos fondos que impactarán en investigación, ciencia y tecnología.  En la medida que no se apliquen a la generación de dinámicas efectivas que involucren a la academia, los gobiernos regionales, el Estado y el mundo privado, la urgente necesidad de crecimiento de este ámbito en el país podría verse frustrada… Una vez más.