¿Se le viene la noche al ex alcalde de Rancagua?

Tras una fallida defensa ante Contraloría por el incumplimiento del ya renombrado programa de pulseras inteligentes, el ex alcalde de Rancagua Eduardo Soto y el ex secretario general de la Cormun, César Ríos, enfrentan un juicio de cuentas que podría obligarlos a devolver al fisco casi 500 millones de pesos.

Por Claudio Urtubia C.

La Contraloría General de la República anunció que realizará un juicio de cuentas contra el ex alcalde de la capital regional, Eduardo Soto, y el ex secretario general de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, Cormun, César Ríos.

Lo anterior, por incumplimiento de un servicio contratado en 2018 entre la Corporación y la empresa Natural Phone, por un monto de 448 millones de pesos, destinado a medir los parámetros físicos y nutricionales de 7.535 estudiantes de las escuelas que administra.

Con el juicio de cuentas, la Contraloría cumple con la facultad que le confiere la constitución de examinar y juzgar el manejo de bienes fiscales. El organismo concluyó la etapa de examen de las cuentas relacionadas con el mencionado servicio y emitió el Informe Final de Investigación N° 405 en mayo de 2020. La Cormun, por su parte, presentó sus descargos y el 29 de noviembre pasado, la Contraloría respondió con contundencia: no acogió la argumentación del ex alcalde y del ex secretario general, manteniendo la conclusión del informe final. Es decir, no está acreditada la prestación del servicio, aunque el pago se hizo de todas maneras a Natural Phone.

Un programa cuestionado

¿Cuál era la propuesta del programa de la Cormun cuyos servicios, según la Contraloría, no fueron acreditados?

La idea era que 7.535 estudiantes de colegios municipales de Rancagua contaran con un mecanismo de control de sus parámetros físicos y nutricionales, finalidad plenamente coincidente con las metas de vida saludable que hoy son prioridad. La financiación fue realizada con recursos de la Subvención Escolar Preferencial, destinada por norma a alumn@s vulnerables.

En el desarrollo del programa, se combinaban varios elementos: acceso a la plataforma digital IVEIS, que proporciona servicios para una vida saludable a nivel escolar, uso de pulseras electrónicas, elementos necesarios para la conectividad como tarjetas SIM y smartphones y, a nivel práctico, la realización de una clínica de fútbol.

El programa debía realizarse entre octubre de 2018 y octubre de 2019.

La Contraloría, sin embargo, reiteró lo que ya había concluido: que no se acreditó la realización del servicio contratado.

Año sombrío para Soto

En el juicio de cuentas iniciado, la Contraloría juzgará la responsabilidad del ex alcalde Soto y del ex secretario general César Ríos en dos instancias. En la primera, el juicio se realiza ante el subcontralor y en la segunda, ante un tribunal colegiado integrado por el contralor y dos jueces. Los acusados solo podrán acudir a la Corte Suprema por la vía del recurso de queja. En última instancia, las ex autoridades comunales deberán restituir el fondo, bajo la presunción de que los recursos del programa fueron sustraídos o, al menos, no fueron usados en el objetivo para el que estaban destinados.

La actual etapa de investigación de la Contraloría es un nuevo revés para el ex alcalde rancagüino. En el ámbito político, 2021 fue también un mal año para Soto y no sólo por los cuestionamientos a su gestión. En mayo, su candidato a alcalde, Raimundo Agliati, resultó derrotado y en octubre su candidato a senador, Ramón Barros corrió igual suerte.

Es decir, si 2021 fue un año sombrío para el ex alcalde Soto, el nuevo 2022 podría ser su pesadilla.