Sistema eléctrico, un modelo que no da para más

Por Gonzalo Martner (Substack)

Miles de personas se congregan en las calles ante la falta de metro. Crédito: Reuters.

El apagón eléctrico general del 25 de febrero se produjo por la caída de suministro en una parte del sistema de transmisión, a cargo de la empresa de propiedad de ISA, con participación estatal mayoritaria colombiana, que derivó en una grave y prolongada suspensión del servicio desde la frontera norte hasta la región de Los Lagos. La línea afectada por una falla interna de operación está ubicada entre Vallenar y Coquimbo, lo que provocó la desconexión de la línea de transmisión Cardones-Polpaico y luego un corte masivo en todo el sistema interconectado.

La responsabilidad directa es de la filial de una empresa estatal petrolera colombiana, Ecopetrol, la que, dicho sea de paso, había demandado recientemente al Estado de Chile ante el sistema de resolución de controversias por inversiones extranjeras (CIADI), a raíz de la no aceptación por la autoridad reguladora de nuevos plazos para completar la inversión comprometida en el sistema de transmisión. Esto deja a esta empresa en entredicho. Además, falló tres veces el software de reposición del servicio eléctrico, lo que es otro incidente grave y altamente lesivo para la población, responsabilidad que deja en entredicho a la empresa Transelec, de propiedad de fondos de pensiones canadienses y de una empresa pública china (China Southern Power Greed), que la operan.

Entre tanto, la posición de Evelyn Matthei de situar la responsabilidad en «el gobierno y sus funcionarios», «la permisología», «el fundamentalismo ambiental» y «una hostilidad permanente contra los privados» que «bloquea las inversiones» es no solo simplemente ridícula, sino grave, pues revela una opción por una regulación permisiva de empresas monopólicas que solo buscan maximizar sus utilidades, y contraria al interés público.

La responsabilidad indirecta es, a la postre, del diseño de operación de los servicios básicos privatizados o bajo concesión a terceros y de regulación laxa, acompañado de altas tarifas para supuestamente atraer inversión y asegurar su continuidad. Este modelo ya no da para más.

La intervención pública racional debe acentuarse a la brevedad, en especial si se considera la paradoja que a la postre los operadores que compiten por las concesiones en diversos servicios básicos suelen ser empresas estatales de otros países.

Tiene sentido proceder en esta materia a:

1) Realizar una reevaluación por el gobierno, con amplia participación ciudadana y de las asociaciones de consumidores, de las cláusulas de prestación del servicio y de las obligaciones de inversión;

2) Aumentar drásticamente las sanciones por interrupción de la continuidad del suministro, incluyendo la pérdida más rápida de la concesión;

3) Rediseñar la fijación de tarifas, pues el modelo de “empresa eficiente” es francamente insuficiente sin una cláusula de tope de utilidades sobre la inversión;

4) Habilitar una gradual incorporación de actores públicos nacionales en las áreas críticas en materia de seguridad del suministro;

5) Acentuar en el sistema eléctrico el uso de energía distribuida, en base a energías renovables locales, para de ese modo disminuir la vulnerabilidad de la red y del sistema de transmisión y aumentar su sostenibilidad.

Fortalecer la regulación e incorporar actores públicos en los servicios públicos de prestación monopólica no es una panacea que todo lo solucione, pues la acción pública siempre estará sujeta al riesgo de captura por intereses particulares y expuesta a ineficiencias burocráticas. Pero su contrapartida es que sus responsables y operadores deben responder directamente al interés ciudadano nacional, y a su sistema democrático, y no al de accionistas situados en cualquier parte lejana del mundo o, en este caso, de empresas públicas o mixtas colombianas y chinas. La situación es tan ridícula como que un reclamo a Transelec, que opera el sistema interconectado central, se transforma en un reclamo a una contraparte bajo tuición de Xi Yinping. De paso, señalemos que los reclamos contra ENEL, empresa con participación pública italiana, terminó con intervenciones diplomáticas frente a una manifiesta falla en la prestación y reposición del servicio en la Región Metropolitana en medio de temporales, con muertes incluidas.

¿No es acaso de sentido común preferir una fórmula con empresas estatales chilenas antes que extranjeras para mejorar sustancialmente el sistema actual, cuyo resultado conocemos: servicios caros, vulnerables y sin continuidad del servicio suficientemente garantizada?