Por equipo de El Regionalista
En los últimos años, ha surgido un concepto que es el de la justicia medioambiental, que pone ojo en quienes resultan afectados por el uso irresponsable de los recursos naturales, por ejemplo, en relación con la actividad minera.
El tema es relevante en un país como el nuestro que lleva años con el ojo puesto en las inequidades propias de un modelo de concentración de la riqueza, al que debe sumarse el incremento de la distancia entre comunidades de mayores y menores ingresos, cuando se trata de analizar los efectos del deterioro ambiental producido por la minería.
Según el estudio “Vertederos de relaves de la minería e inequidades socio-territoriales en Chile: un estudio exploratorio” (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2023.2217514), Chile vive una “paradoja territorial” puesto que, por un lado, obtiene enormes recursos de la minería del cobre, con lo que ha conseguido financiar importantes programas sociales e infraestructura, mientras que por otro lado la actividad ha generado un significativo impacto en los ecosistemas, flora y fauna y comunidades vecinas.
Los autores (Iván Ojeda-Pereira, Hernán Pezoa-Quevedo y Fernando Campos-Medina) apuntan en su investigación a los depósitos de relaves mineros que en Chile totalizan 757, lo que sitúa al país en tercer lugar a nivel mundial con este tipo de infraestructura minera. Como se sabe, el relave es el líquido con sedimentos que resulta del proceso minero (casi un 99% de líquido y mineral participante en la producción es descartado) y que es transportado a puntos de acopio, usualmente a considerable distancia del punto de producción. Por ejemplo, en el caso de la minera El Teniente de nuestra región, su relave activo está en la comuna de Alhué, adonde llega tras un recorrido de casi 50 kilómetros a través de un canal. Mineras del tamaño y antigüedad de El Teniente suelen tener también tranques de relave inactivos, entre estos últimos están Coligües y Barahona.
El riesgo ambiental que implican estos relaves es muy importante: contaminación aérea por el polvo minero o drenaje ácido, cuando el material del relave entra en contacto con agua y contamina cursos superficiales o subterráneos.
Agreguemos que, en un país sísmico, si los tranques de relave fueron construidos con estándares inadecuados o no han recibido mantención, un terremoto puede ocasionar tragedias ambientales mayores como las que acontecieron con el tranque Barahona de nuestra región en la década del 20 del siglo pasado, otro en Nogales región de Valparaíso para el terremoto de 1965 y el tranque Las Palmas en Pencahue para el último gran terremoto de 2010.
En su estudio, Ojeda-Pereira, Pezoa-Quevedo y Campos-Medina indagan en la relación entre pobreza multidimensional y presencia de depósitos de relave. Es decir, focalizan su estudio en los riesgos e impactos de la actividad minera en especial en comunas pobres.
Para su análisis, se concentraron en 68 de las 346 comunas del país. Y describen que de esas 68, casi un 30% concentra 4 de cada 5 tranques de relave, es decir, 20 comunas tienen 618 de 757 tranques en sus territorios. Entre esas 20 comunas, destacan Andacollo, La Higuera e Illapel en la región de Coquimbo y Copiapó en la región de Atacama que albergan 42% del total de depósitos, 321 de 757.
¿Y qué hay respecto de la pobreza multidimensional? De los 68 municipios estudiados, 3 de cada 4 presentan índices mayores que el promedio del país. Como las cifras demuestran tendencias, hay que descartar la coincidencia: el territorio donde viven los más pobres es el elegido para los desechos de la actividad minera. Y no hace falta mucha imaginación para pensar que la mayoría de los más de 170 relaves mineros abandonados en el país, precisamente están en esas comunas.
Los puntos destacados sobre la presencia de estos tranques orientan la mirada a la Patagonia, donde hay relaves abandonados en Coyhaique y Chile Chico. En la región de Coquimbo, en tanto, sus quince comunas tienen al menos un tranque y trece de ellas superan el nivel promedio de pobreza multidimensional del país.
Se puede alegar que los relaves están en los sitios donde hay actividad minera y nadie podría discutir eso. De igual forma, lo que nadie podría discutir es que la persistencia de relaves sin gestión ni aplicación de la ley se da también en comunas pobres. Y esto tampoco es coincidencia ni casualidad; es otra más de las inequidades territoriales y ambientales que afecta a los más pobres de Chile.
