Un inicio primaveral no tan feliz

Por Rolando Cárdenas

Lo positivo

Hacienda tuvo una importante victoria en el parlamento al lograr la aprobación del proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, lo que permitirá un incremento de US$ 1.200 millones en el presupuesto 2025, recursos que irán a mejorar los principales temas de preocupación de la ciudadanía como pensiones, salud y seguridad.

El proyecto aprobado busca mejorar la fiscalización y modernizar el sistema tributario, combatiendo la evasión y elusión de impuestos, lo que incluye recursos para poner al día al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería, Aduanas y los tribunales tributarios. Considera también mejoras tecnológicas y de personal y el incremento de sanciones para delitos como los promovidos por los Sauer, conocidos por el caso Factop.

Hay avances en el tema del secreto bancario, cuya liberación, debiendo ser autorizada por los jueces, su tramitación tendrá plazos más breves y con causales a las que los contribuyentes no podrán oponerse.

Marcel indicó que “este es un momento que nos permite mostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria”. Punto para la vilipendiada, pero siempre necesaria política de los acuerdos en gobiernos con minoría parlamentaria, si queremos avanzar.

La gira del presidente Boric y sus planteamientos en la ONU han tenido respaldo mayoritario en el país, su posición ante la situación en Venezuela y Gaza, su planteamiento ante la migración, indicando que Chile no tiene capacidad para recibir nuevos migrantes, muestran un presidente que trasmite las ideas del país y no de un sector político.

Además, levantar la candidatura de la expresidenta Bachelet a la secretaría general de la ONU relajó por algunos momentos a los personeros de la oposición y particularmente al comando de Matthei.

Una alianza sin aliados

El caso Hermosilla sigue haciendo estragos incluso de manera indirecta, como es el caso que dio a conocer Iván Weissman en El Semanal del diario El Mostrador, sobre el estratosférico sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.

Es una situación que sigue presente en los medios de comunicación y ha desnudado realidades patéticas bien invisibilizadas, como la que viven cientos de profesionales que, a través de programas del Estado, lograron sacar sus doctorados y hoy no tienen espacio de trabajo en las universidades o los que, aun consiguiéndolo, lo hacen con sueldos muy bajos. La asociación que han formado estos profesionales está catastrando y viendo posibles soluciones al problema, apoyada por la Cámara de Diputados y la Agencia de Investigación del Ministerio de Ciencias, ANID.

Ahora, es interesante observar los efectos de este caso, en términos de su impacto en la candidatura de Cubillos a la alcaldía de Las Condes. Pero eso no sucederá; a lo sumo puede sufrir alguna merma en su votación, pero su postulación no corre riesgos. Sin embargo, para Cubillos la aspiración al sillón de Las Condes era la punta de lanza para su verdadero proyecto, la candidatura presidencial, y ahí sí que esto tiene un efecto bien devastador, lo que explica la virulencia de su reacción al ser interpelada por tener un salario que no se condice con las prestaciones que entregó a su empleador, ni guarda relación con los sueldos que la Universidad San Sebastián paga a su cuerpo académico.

Este caso, además, demuestra el quiebre total que tiene la derecha en su interior. Una muestra de ello es la violenta respuesta de Cubillos ante la solicitud del presidente de la UDI en relación a que la Universidad justifique su alto sueldo. La ex ministra de Educación y Medio Ambiente de Piñera llamó a que también se transparenten los altos salarios de los militantes UDI en diferentes universidades privadas, y ese es un misil potente y bien dirigido, ya que hay varias casas de estudio privadas que se han transformado en espacios para que políticos de derecha capeen el frío que provoca estar sin el resguardo cálido de las prebendas del Estado.

Todo este vendaval, además, está afectando fuertemente a la Universidad San Sebastián, ya que pareciera que estamos en presencia de nuevas formas, irregulares por cierto, de financiar la política, utilizando instituciones que reciben importantes aportes públicos y que, al menos en el papel, no tienen fines de lucro.

Ya aparecieron en los medios de comunicación los nombres de los personeros que fueron parte del gobierno de Piñera y hoy integran el cuerpo académico o directivo de la Universidad San Sebastián. En los próximos días, probablemente conoceremos la situación de otras casas de estudio con realidades similares.

¿Cuáles serán las nuevas derivadas del caso Hermosilla que conoceremos? Habrá que estar atentos.

Sin sacar cuentas alegres

La delincuencia vuelve a tomarse la agenda con un caso que supera los límites de lo imaginable en nuestro país y que nos remite a situaciones de países carcomidos por la industria criminal. La balacera en Puente Alto, con el intento de asesinar a toda una familia, incluyendo la persecución a una ambulancia que trasladaba a un hospital a una menor de edad, tiene un impacto tremendo y vuelve a colocar la necesidad de incorporar a las FF.AA. a combatir la delincuencia común, lo que la experiencia internacional ha demostrado ser un fracaso.

El poder de fuego de las bandas y la incapacidad de Carabineros y la PDI a la hora de enfrentarlas es un problema mayor, a lo que debemos agregar un Poder Judicial desprestigiado, el abandono de territorios en las grandes urbes y también en áreas rurales y un largo ciclo electoral donde todo vale. Lo más preocupante es que la respuesta del Estado es ampliar los mecanismos usados tradicionalmente por las policías para enfrentar el crimen, y hoy la delincuencia es absolutamente distinta por tanto esos mecanismos ya no tienen la misma eficiencia.

Es indispensable que, al igual que Marcel, las autoridades de Interior construyan consensos amplios para avanzar en la respuesta a una crisis que será de muy difícil solución y que demorará largo tiempo.

En otro orden de cosas, el lunes en la Cámara de Diputados se presentaron dos acusaciones constitucionales: la derecha contra la ministra Vivanco y el ministro Muñoz y el oficialismo contra la ministra Vivanco y el ministro Matus. El problema para el oficialismo es que su acusación se puede caer por errores en la presentación, dejando sólo la acusación de la derecha y en los cálculos del oficialismo no estaba apoyar una acusación contra el juez Muñoz. Más allá de estas acusaciones que buscan mostrar a parlamentarios supuestamente activos y preocupados, lo verdaderamente relevante, que es la reforma al sistema judicial, no cautiva la atención de nadie en el Parlamento; no tiene glamur ni cámaras, así que se verá en otro momento.

Es de esperar que tengamos luego un ministerio de seguridad y que de esa forma Monsalve como ministro y sin ser candidato en el corto plazo, pueda asumir la construcción de una política de Estado para enfrentar este problema.

Hace algunas horas el último recurso judicial presentado por el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue rechazado y eso precipitó su renuncia, en la antesala de su formalización la próxima semana. Y ya que hablamos del todo vale en nuestra política, este es un buen ejemplo: la derecha esta intentando que la ciudadanía tome este hecho como una muestra del poco apoyo a Carabineros por parte del gobierno, y en definitiva que nuestras autoridades no combaten la delincuencia.

Sabemos que aun cuando el gobierno asumió con un discurso refundacional, al poco andar entendió las complejidades del tema de seguridad y ha sido la administración que más recursos ha entregado a las fuerzas policiales, que ha respaldado sin ambages el actuar de Carabineros. Sin embargo, en la política del día, lo que importa es cómo soy capaz de destruir al adversario, por tanto, nada de esto importa. La doctrina Tohá puede leerse como parte de una relación normal y sana al interior del gobierno, pero se quiere mostrar como una acción contra el general Yáñez y Carabineros. Con esta lógica, finalmente solo pierde el país, pero qué importa si eso permite un par de votos más en las próximas elecciones.