Por Rolando Cárdenas
Chile es un país de memes, qué duda cabe, y esta semana vimos uno que decía “yo creía que la constitución era la casa común y era la casa de Zalaquett”.
Ya la semana pasada explotó esta bomba en momentos en que el gobierno había logrado un mayor control de la agenda, la derecha seguía ajustando cuentas y republicanos continuaba su desangre. El gobierno equivocó en toda la línea la forma de enfrentar la crisis; primero, optó por negar la existencia de lobby, después, el presidente indicó que dio instrucción a los ministros para dialogar con miras a avanzar en las reformas que el país requiere, y los ministros han dado variadas respuestas: desde que olvidaron la identidad de los asistentes a los encuentros hasta que fueron invitados a exponer los programas que llevan adelante.
Zalaquett puso de su parte, indicando que se trató de una gestión inspirada en puro altruismo, no remunerada, y con la intención de ayudar al gobierno.
En un ambiente de desconfianza total hacia la institucionalidad, la política y los políticos, el resultado era más que previsible. Parafraseando al exfiscal Gajardo somos tontos hasta las 12.
Esto demuestra la total asimetría en que vive el país, no sólo entre empresarios y ciudadanía, sino entre los propios empresarios.
Que los actores deben reunirse no hay duda, pero tiene que ser de manera abierta y transparente porque esa es la única manera de poder avanzar.
Ahora Interior (Tohá), Relaciones Exteriores (Van Klaveren), Trabajo y Previsión Social (Jara), Economía (Grau), Agricultura (Valenzuela) y Medio Ambiente (Rojas), han recibidos oficios de Contraloría para informar sobre estos maridajes de cheese and wine ofrecidos por Zalaquett a sus invitados.
Así como el caso fundaciones sigue penando al gobierno, el affaire divina comida será otro tema permanente en el futuro cercano, más si ya estamos entrando al super ciclo electoral chileno.
El drama de Ecuador
La prensa nos ha permitido ser testigos en directo del drama que vive el país hermano de Ecuador. Desde hace algún tiempo se estaba alertando sobre la fuerte presencia del crimen organizado en ese país, cuyo punto cúlmine había sido el asesinato en agosto pasado del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien había sido el que mayor fuerza había mostrado para combatir este flagelo.
Por supuesto que de inmediato volvieron a salir autoridades electas de distintos niveles que han insistido en la necesidad de tener a los militares en la calle combatiendo a la delincuencia en nuestro país.
La irresponsabilidad de nuestra clase política para buscar soluciones para la galería y que les den caudal electoral ahora sin importar las consecuencias posteriores es impresionante. Hagamos un breve resumen del porqué esta es una mala idea:
Formación y enfoque diferente
Las FF.AA. están entrenadas para la defensa nacional y el combate en conflictos armados, no para operaciones de seguridad ciudadana. Si aplican sus técnicas de combate al interior de un área urbana para reprimir a grupos delictuales, deberían bombardear la población, algo de lo que ya nos alertaba la alcaldesa de La Pintana.
Riesgo de violaciones a los Derechos Humanos
El uso de las FF.AA. en tareas de seguridad interna puede aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos, por el previsible uso excesivo de la fuerza en contextos civiles.
Militarización de la seguridad pública
La dependencia de las FF.AA. para el control del crimen puede conducir a una militarización de la seguridad pública. Esto alteraría la percepción pública sobre la seguridad y fomentaría un enfoque más agresivo y menos preventivo.
Legalidad y marco constitucional
Su despliegue para combatir el crimen organizado puede requerir cambios legales y enfrentar desafíos judiciales.
Efectividad a largo plazo
Mientras las FF.AA. pueden ser efectivas en operaciones específicas y a corto plazo, no necesariamente abordan las causas subyacentes del crimen organizado como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades.
Presión y desgaste de los recursos militares El uso constante de las FF.AA. en la lucha contra el crimen puede llevar a un desgaste de sus recursos y capacidades, desviándolos de su función principal de defensa nacional.
