Una ayuda inesperada

Por Rolando Cárdenas

El gran empresariado y su diagnóstico equivocado

El año 2019, en pleno estallido social, muchos grandes empresarios manifestaron que era el momento de acortar las grandes desigualdades de nuestra sociedad. Empresas que se comprometían a no tener una diferencia de sueldo superior a diez veces entre los trabajadores y la plana ejecutiva, un sueldo mínimo de quinientos mil pesos, fueron algunas de las iniciativas que surgieron.

En otro ámbito, al descubrirse los casos de colusión para fijar precios o controlar la oferta, las declaraciones que escuchamos eran de rechazo total a tales prácticas delictuales, que además provocaban el daño mayor a las personas de menores recursos. Junto al rechazo, se indicaba el apoyo a medidas que sancionaran con cárcel a los culpables.

Sin embargo, las condiciones cambiaron y el Rechazo en el plebiscito de septiembre triunfó de manera contundente ante la propuesta de cambio constitucional emanada de la Convención y, posteriormente, la derecha volvió a triunfar de manera significativa en la elección de consejeros constitucionales, alzándose en particular republicanos como la primera fuerza, con gran distancia del resto de las demás agrupaciones políticas.

Para poder cumplir con las demandas sociales y avanzar en reformas que no han podido realizarse en varios gobiernos, tales como previsión y salud, el gobierno requiere aumentar la carga tributaria, y en esto el ministro Marcel ha tenido toda la flexibilidad posible, y ha propuesto avanzar en un pacto fiscal que busca un esfuerzo compartido entre el Estado y los privados. Este pacto impositivo incluso es indispensable si la derecha insiste que para llevar a cabo la reforma previsional no se apele a recursos de solidaridad en la cotización extra que se discute, por lo que debería ser financiada con el presupuesto corriente de la nación. La Confederación de la Producción y el Comercio, sin embargo, simplemente rechazó de plano cualquier acuerdo que aumente los impuestos.

A lo anterior debemos sumar que ante la aprobación de la ley que endurecía las penas para los delitos de “cuello y corbata”, los empresarios recurrieron al Tribunal Constitucional para tratar de revertirla.

Si se equivocó la izquierda cuando interpretó el estallido social como un momento proto revolucionario, lo que pensó se consolidaba en la elección de la Convención Constitucional, también se equivoca gravemente la derecha y los empresarios al creer que por arte de magia los ciudadanos se volvieron neoliberales tras sus últimos triunfos electorales, y por tanto que todo puede continuar sin cambios.

Un ministro sorprendente

Esta semana, además, fracasó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hecho en el que distinguimos varios elementos destacables. En primer lugar, un ministro que en cada cambio de gabinete se ha mencionado como carta segura para dejar su cargo y que por circunstancias azarosas no ha sido removido. Bien decía Napoleón “sé que es un buen general, pero ¿tiene suerte?”.

La derecha, asumiendo que el ministro iba a ser removido, quiso apuntarse una victoria política al sacarlo por medio de una acusación constitucional, sin embargo la derecha cometió el error de utilizar la condición sexual del ministro como el real fundamento de la acusación. La participación de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, y las posteriores declaraciones de la diputada Cordero, demostraron que ese era el fondo de la acusación al ministro, lo que dejó en incómoda posición a quienes se dicen liberales dentro de las filas opositoras.

Finalmente, dos diputados de Evópoli votaron en contra, lo mismo que el diputado UDI Joaquín Lavín. Además, la diputada Jiles voto a favor de la acusación, lo que ya no sorprende dado su errático comportamiento.

La bancada DC voto en contra, y veremos en los próximos días si la negociación llevada por Elizalde y el voto de los falangistas se relaciona con la testera de la Cámara de Diputados.

Con este resultado, la derecha vivió un intento de pugilato con algunas destempladas declaraciones, aunque sabemos que la sangre no llegará al río.

Lo complejo para la derecha, como apuntaba el analista UDI, Gonzalo Muller, es que la señal de ingobernabilidad en la oposición le baja puntos quizás no para que pierda la próxima elección presidencial, pero sí para generar una duda plausible.

Este resultado blinda al ministro para un futuro cambio de gabinete, lo que puede ser finalmente malo para el gobierno, si es que no es capaz de enfrentar los graves problemas del sistema educacional. No olvidemos que la gran meta de nuestra educación es que los niños que terminan cuarto básico lo hagan sabiendo leer, lo que junto con mostrar el grave problema que vive el sistema educativo, recuerda un desafío no resuelto para una generación política que transformó la educación en el gran tema del país. Si no logra avanzar en esta área, sumará una gran derrota en un ámbito que es el corazón de su programa.

Un gobierno débil que recibe un salvavidas inesperado, ¿podrá aprovecharlo adecuadamente? Veremos en los próximos días.

Fundaciones, todos involucrados

Ya decíamos que el tema fundaciones va a acompañarnos largo tiempo. Ya se dice que los montos entregados de manera discrecional a fundaciones sin trayectoria y de manera cuestionable, ya superan los veinte mil millones de pesos, y en varias regiones ya las fiscalías han iniciado investigaciones de oficio.

La figura que más relaciona la gente con este problema es al ministro Jackson, y claramente el daño político principal lo pagara Revolución Democrática que es un partido con pocas posibilidades de recomponerse, lo que también dañará al gobierno.

El error más grande que puede cometer la oposición es intentar aprovechar este momento y centrar en este tema todo su esfuerzo, porque hoy hay varias instituciones vinculadas a distintos sectores políticos que están siendo investigadas. En nuestra región, Arquiduc vinculada a personeros del gobierno de Piñera, en la Araucanía otro tanto, y también hay que decir que entre ellas también está cuestionada la fundación de la expresidenta Bachelet. Es decir, en el arco político todos están involucrados.

Y cuando todos son culpables finalmente nadie es culpable. A esto debemos agregar las sorpresivas declaraciones del contralor Jorge Bermúdez, quien indicó que aun cuando desde el punto de vista ético la mayor parte de estas situaciones son cuestionables, probablemente no todas revisten ilegalidades.

Esto sólo reforzará la idea de la ciudadanía que todos son iguales, y eso abrirá posibilidades a populismos de distinto signo.

Nuestra clase política, otra vez disparándose en los pies.

[1] Las menciones a Napoleón se relacionan con el día en que escribimos la columna, 14 de julio.