En un verano sin descanso en lo político, el presidente electo y su equipo ponen a prueba su capacidad de negociar con el amplio arco de fuerzas progresistas, incluida la ex Concertación, con la mira puesta en no edulcorar sus propuestas de transformación. En tanto, la elección de la nueva mesa en la Convención Constitucional manifestó, otra vez, los caminos diversos del PC y el Frente Amplio, los puntales de Apruebo Dignidad.
Por Rolando Cárdenas
Las acciones del futuro gobierno
- Conformación del Gabinete, ampliando la base de apoyo
Una de las principales tareas de Boric y su equipo político es la conformación del primer gabinete ministerial que, además, es el único gabinete que responderá a una decisión interna del bloque gobernante; los cambios posteriores serán producto de la contingencia política.
Por lo dicho, hay que analizar esa conformación para determinar hacia donde caminará la acción gubernativa pero, particularmente en este caso, porque hay un esfuerzo por ampliar la base de apoyo del futuro gobierno. Falta saber en qué condiciones, pero el esfuerzo se está realizando, lo que seguramente tendrá costos internos, pero contribuirá a una mayor seguridad en la gestión gubernativa.
Boric pareciera tener conciencia que su voto duro es el 25% de la primera vuelta, y el 55% de la segunda vuelta es una mezcla de diferentes intereses: por cierto, el voto de los adherentes a la ex Concertación, mujeres y jóvenes que buscan defender los avances en libertades individuales y, además, un porcentaje de votantes anti Kast. En esto, el gobierno electo no quiere repetir el error del segundo gobierno de Piñera.
- Reforma tributaria ¿la madre de todas las batallas?
El Banco Central ha dado claras señales de que tendremos un 2022 complejo en materia económica, con más inflación, mayor desempleo, falta de liquidez al terminar los retiros y el IFE, un bajo crecimiento económico y un decrecimiento de la inversión. A lo anterior se suma el compromiso de las nuevas autoridades de mantener el equilibrio fiscal y evitar el endeudamiento.
Sin embargo, hay múltiples demandas de la ciudadanía y un programa de gobierno ambicioso, lo que ha movido a diferentes líderes de la futura coalición gobernante a plantear la reforma tributaria como la madre de todas las batallas con una finalidad: permitir ingresos permanentes para gastos permanentes.
Comunicacionalmente es un mensaje que puede terminar pasando la cuenta. Bachelet inició su gestión con una reforma que pretendía recaudar 3 puntos del PIB y sólo llego a la mitad, limitando la capacidad financiera del gobierno.
La pregunta es: sin reforma ¿se deja de gobernar y sólo se administra? ¿O hay grandes áreas de gestión pública que requieren mejora de procesos, modernización, racionalización para enfrentar problemas tales como delincuencia, narcotráfico, conflicto en el Walmapu?
Nadie duda que una reforma tributaria es esencial, tanto como el crecimiento económico. Ambos son ámbitos de la acción gubernativa que deberán manejarse con políticas de mediano y largo plazo, fruto de consensos amplios en la sociedad. No olvidemos que uno de los ideólogos del estado de bienestar nórdico, el danés Gøsta Esping-Andersen, en entrevista de La Tercera del 26 de noviembre de 2021, indicaba “el problema tiene que ver con definir un enfoque de política que legitime, o disminuya las ideas contrarias, a los impuestos” y eso implica generar amplios acuerdos sociales.
- Proyectos puntuales, PGU, licitación del Litio
El gobierno ha planteado un proyecto en el que nunca creyó, la pensión garantizada universal, PGU, y simultáneamente un proyecto complementario para el financiamiento de esta iniciativa.
Diversos economistas de la actual oposición plantearon que el proyecto no tenía financiamiento garantizado, puesto que las exenciones tributarias que se pretenden eliminar y de donde provendrían los recursos que se destinarían a la PGU, sólo aportan un tercio de lo que se requiere. Ayer el Consejo Fiscal Autónomo recomendó buscar nuevas alternativas de financiamiento, una manera elegante de indicar que con lo propuesto no alcanza.
Hay coincidencia en que el proyecto debe ser aprobado, lo que implicará buscar acuerdos para generar los recursos que permitan financiarlo.
Un segundo proyecto que el gobierno quiere dejar resuelto antes de irse es la licitación del litio, que entregará cuotas de producción a oferentes privados. Hay cinco postulantes y la adjudicación se resolverá en los próximos días.
El ministro de Energía se reunió con parte del equipo del presidente electo y es interesante lo planteado por el encargado del tema en este equipo, Willy Kracht, quien en entrevista para radio Biobio planteó al menos tres consideraciones que el mercado deberá interpretar. Una, que en la convocatoria del actual gobierno sólo existe el criterio de rentabilidad económica, también señaló que se adjudicará, descartando modificaciones en los términos de la licitación por lo avanzado del proceso, y que el futuro gobierno incorporaría cláusulas de sustentabilidad, compensación, etc., en la elaboración de los contratos. Además, señaló que ve difícil generar una industria de baterías, por ejemplo.
Cambio en eje de poder y esquirlas varias en elección de la Convención
Mucho se ha escrito y dicho de la elección de la nueva mesa de la Convención Constitucional, pero hay algunos consensos, el primero de ellos que se reconoce que tanto la presidenta como el vicepresidente son cartas valiosas, y por tanto fue una muy buena decisión.
Sin embargo, es necesario dar cuenta de cómo se movieron las fuerzas políticas, mecánica que afecta de manera bastante directa a la coalición gobernante.
La primera mesa (Loncón – Bassa) fue fruto de una alianza política entre el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, dejando fuera a los restantes socios de Apruebo Dignidad, principalmente el PC. Esta alianza levantó una nueva mesa con Ramona Reyes (socialista) en la presidencia y Beatriz Sánchez en la vicepresidencia, alianza que fracasó cuando se dieron a conocer irregularidades en la gestión de Reyes como alcaldesa de Paillaco. De ahí en adelante el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, cuya habilidad política alabamos en la primera mesa, incurrieron en un cúmulo de errores que se hace patético cuando en la novena votación votan por sus propias cartas, aduciendo que el acuerdo era votar por la actual presidente en una décima votación.
Hay que reconocer que en esta pasada el PC y en particular Marcos Barraza, tuvieron la capacidad de articular un amplio abanico que dejó fuera al Frente Amplio, lo que nos recuerda que las cuentas en política se cobran de inmediato.
Más allá de lo anecdótico, lo reseñado representa un problema para el gobierno de Boric y significó que los partidos de Apruebo Dignidad se reunieran especialmente para superar el impasse y lograr sintonizar de mejor manera las futuras decisiones. Entre estas, por ejemplo, se cuenta aquella que flota en el ambiente que es la incorporación de personeros de la ex Concertación a cargos gubernamentales, algo que no es del agrado de todos en la alianza política del presidente electo.