Por Rolando Cárdenas
Crisis en el Ejército
Lo sucedido en la fatídica marcha de una unidad de conscriptos del Ejército en Putre, tiene varias dimensiones. La primera, por cierto, es dilucidar que pasó ese día, dado que, a la muerte de Franco Vargas, se sumaron dos soldados graves, uno de los cuales debió sufrir la amputación de una de sus manos, y un importante número de soldados enfermos, la segunda, y muy grave también, es el intento de ocultar los hechos por parte de las autoridades militares de la zona, engañando incluso al comandante en jefe del Ejército. En tercer lugar, una gestión más bien lejana por parte del ministerio del ramo y, en cuarto lugar, y muy en concordancia con la discusión sobre la competencia de los tribunales militares a partir de la ley RUF (Reglas de Uso de la Fuerza), es qué tribunales tienen la competencia en este caso.
La gestión del presidente Boric ha estado acertada y el llamado al general Iturriaga a informar a La Moneda es adecuada, puesto que el alto mando del Ejército cometió un error al no dimensionar el impacto de lo sucedido.
El problema político del gobierno sigue radicando en sus dos almas. Por una parte, un sector de inmediato pidió la renuncia de Iturriaga y otro sector manifiesta la inconveniencia de esa medida.
Isapres
A horas de cumplirse el fallo de la Corte Suprema que obliga a estas empresas a devolver a sus usuarios dineros mal cobrados, se logra concordar una ley, la llamada ley corta, que en lo fundamental establece un largo plazo, 13 años, para devolver estos recursos. Como en todo acuerdo nadie queda plenamente conforme ni tampoco nadie completamente disconforme.
Esta situación se remonta a un fallo del Tribunal Constitucional de 2010 que establece la ilegalidad de esos cobros y que las isapres simplemente se negaron a cumplir hasta que finalmente intervino la Corte Suprema. Catorce años, cuatro gobiernos y otros tantos períodos parlamentarios fueron incapaces de enfrentar el problema, para no tener que pagar costos de decisiones a veces difíciles. Irresponsabilidad, incompetencia, llámelo como usted quiera, finalmente son las personas las que pagan las consecuencias.
Este acuerdo que salva momentáneamente una situación, terminará con los usuarios pagando la cuenta, dado que viene un alza fuerte de los planes. El impacto de estos mayores cosos hará que un importante número de afiliados al sistema privado migren a Fonasa, mientras el mercado ya se está preparando: las clínicas están ajustando sus planes y las aseguradoras ya están ofreciendo seguros complementarios a Fonasa. Es de esperar que el sistema público esté tomando las medidas para proveerse de la capacidad para atender a estos nuevos usuarios.
No hay dudas de que, respecto de la aprobación de esta ley corta, nuevamente hay sectores del oficialismo que están por rechazarla y otros por aprobarla.
Colusión del gas
Las empresas de gases industriales y medicinales Indura y Linde están bajo investigación de la Fiscalía Nacional Económica, FNE, por colusión. En plena pandemia, estas empresas subieron los precios en a lo menos un 41%, dato en el que debe considerarse que en conjunto controlan casi el 80% del mercado de los gases.
En una de las grabaciones de las llamadas interceptadas en la investigación se escucha a uno de los ejecutivos decir “hay que subir los precios … sin compasión, sin piedad”. La bajeza de estas palabras hace descender aún más la credibilidad de nuestras élites empresariales.
Los ejecutivos de la empresa Linde involucrados se acogieron al sistema de delación compensada y los de Indura están negando las acusaciones. Todos esperamos ver cómo funcionará la nueva legislación que en estos casos establece penas más draconianas que los cursos de ética lo que incluye cárcel.
Gestión de la crisis de los incendios en la región de Valparaíso
Un nuevo foco de conflicto se le abre al gobierno con la lenta entrega de ayuda a las familias víctimas de los incendios en la región de Valparaíso y la mala calidad de las pocas viviendas de emergencia entregadas. Esto ha repercutido en la ministra Vallejos que fue la ministra designada para ser enlace entre gobierno central y la región. Recordemos que esto sucedió tras tres días en que la ministra de Defensa ejerció ese cargo.
En tiempos electorales, en que los ediles de las comunas afectadas pertenecientes al FA, van a la reelección no puede esperar el gobierno que ellos defiendan su gestión y más bien han sido fuertes críticos de lo realizado por el gobierno.
El déficit de gestión sigue penando a nuestras autoridades.
El Negro
Un hecho que puede haberse pensado como menor, en este caso la manifestación de rechazo al perro matapacos, que en realidad se llamaba Negro, por parte del presidente en una conferencia de prensa en que la pregunta ni siquiera se la habían formulado, ha tenido efectos fuertes en su base de apoyo. De hecho, el diputado Winter salió de inmediato con una postura contraria a la opinión presidencial.
El perro matapacos fue en la práctica una figura simbólica que catalizó el estallido social y esa incomprensión del fenómeno por parte de Boric trae consecuencias sobre todo en su base de apoyo más joven que es donde tiene su mayor fortaleza.
Esto se entronca además con otra discusión que nace de la opinión del expresidente español Felipe González quien en entrevista realizada por Carlos Peña indicó que a su juicio Boric era un socialdemócrata. Esto agitó las aguas y algunos acusaron a González de ser un neoliberal, mientras otros indicaron que Boric no es un socialdemócrata sino una persona que entendió que gobernar implica ser pragmático y, por tanto, el renegar del perro matapacos había sido una muy bien pensada señal hacía la oposición en el sentido que en función de llegar a acuerdos beneficiosos para el país no tiene intransables para dialogar. A lo menos no podemos negar que los analistas de la plaza son creativos.
Rancagua otra vez
Mucho se ha dicho que uno de los efectos más perniciosos del crimen organizado y que es uno de los elementos que más daña la democracia es su capacidad de corromper la institucionalidad de los países.
Ya habíamos conocido situaciones de corrupción en la fiscalía de Los Ángeles y en la defensoría pública de esa zona, hace unos días radio Biobío denunció los supuestos vínculos del fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena, con abogados defensores de narcos. La denuncia consideró las salidas alternativas que permitieron que traficantes no estuvieran un día en la cárcel, sin además haber cooperado en nada con las respectivas investigaciones, narcos que además eran defendidos por ciertos abogados de la plaza.
Esta denuncia significó que el fiscal nacional suspendió al fiscal y designo al fiscal Marcos Pastén de la Fiscalía Metropolitana Occidente para realizar la investigación correspondiente.
Es de esperar que aun estemos a tiempo de impedir que este flagelo se extienda aún más.