La Agrupación de Ingenieros (as) Forestales para el Bosque Nativo (AIFBN), formalizó recientemente la propuesta de “Un nuevo modelo forestal para enfrentar la sequía, las inundaciones, los incendios forestales y la desertificación”, que releva propuestas para preparar al territorio nacional frente a los desafíos climáticos, sociales y ambientales, como un aspecto ligado directamente a la “seguridad nacional”, entendiendo a ésta como la protección de la estabilidad y el bienestar del país.
Por Juan Pablo Contreras, Ingeniero Forestal, socio de la Agrupación de Ingenieros (as) Forestales por el Bosque Nativo
Columna tomada de bosquenativo.cl sitio web de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra todos los 17 de junio, tiene como lema para el 2025 «Restaurar la tierra. Generar oportunidades» para el impulso a la seguridad alimentaria e hídrica, la creación de empleos, y el apoyo a la resiliencia económica y la acción climática. Esta conmemoración encuentra a Chile en una situación de (re) definición de parte de su institucionalidad ambiental y marco regulatorio atingente, una baja inversión pública y privada para la gestión ambiental territorial, y una deficiente coordinación interinstitucional en torno a los desafíos nacionales y compromisos frente a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, promulgada como ley de la república a través del Decreto 2065 de 1998.
En Chile, la desertificación y la sequía son problemas graves para la economía y el desarrollo nacional, especialmente en zonas áridas y semiáridas. En ellas la degradación de la tierra como consecuencia de las continuas actividades humanas y la sequía en escenario de cambio climático afectan la productividad de los suelos, los ecosistemas y la biodiversidad, la cobertura vegetal y los ciclos hidrológicos de las cuencas y, en definitiva, la calidad de vida de las comunidades humanas relacionadas. Se considera que 21,7% del territorio continental se encuentra afectado en alguna categoría de degradación, lo que corresponde a 16,4 millones de hectáreas, con una población relacionada de 6,8 millones de habitantes; es decir, 38% de la población distribuida en 156 comunas del país. No obstante, se estima que 79% del país tiene algún grado de “riesgo de degradación”, es decir 59,8 millones de hectáreas, y una población relacionada de 12 millones, equivalentes al 67% de los habitantes del país distribuidos en 292 comunas. Por otra parte, la sequía afecta al 72% de las tierras del país en alguno de sus grados, lo que corresponde a 55 millones de hectáreas, y una población bajo riesgo de sequía de aproximadamente 16 millones de habitantes lo que equivale al 90% de los habitantes del país, distribuidos en 317 de las 345 comunas del país.
Las principales causas de la desertificación en Chile son la deforestación, los incendios forestales, los procesos subsecuentes del cambio de uso de la tierra y la expansión urbana, la sobreexplotación de las aguas superficiales y acuíferos, y el uso agropecuario inapropiado, entre los principales.
En 1997 se elabora el primer Diagnóstico y Plan Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía en Chile, y el 2016 el Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación, la Degradación de la Tierra y la Sequía 2016 – 2030, el que fue alineado con la estrategia decenal de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (CNULD), la Iniciativa de Degradación Neutral de la Tierra y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. No obstante, estos instrumentos de política pública no han logrado incorporarse adecuadamente a las estructuras de gobernanza, articulación multisectorial y participación ciudadana, a nivel de las diferentes regiones y comunas. No se ha establecido la propia estructura institucional propuesta en los instrumentos señalados, en sus tres niveles de coordinación: Comité Nacional, Comités Regionales en las regiones afectadas, y Comités Locales expresados en los diferentes territorios, con participación, roles y responsabilidades específicas de las entidades públicas, sociales (especialmente del mundo campesino e indígena) y productivas atingentes, altamente concientizadas con la problemática de la desertificación.
El fortalecimiento del marco jurídico para una acción más efectiva ha sido lento. Recién se encuentra en instalación el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Ley 21.600/2023), que considera la implementación de “Planes de Manejo para la Conservación de Ecosistemas Amenazados” destinados a preservar, evitar la degradación, restaurar o favorecer el uso sustentable de un ecosistema, y “Planes de Restauración Ecológica” destinados a reponer o reparar un área degradada a una calidad similar a la que tenía con anterioridad a su pérdida, disminución o menoscabo. Se encuentra en implementación la Ley Marco de Cambio Climático (CC) N° 21.455 de 2022, que considera la implementación de los instrumentos de gestión nacional: Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes Sectoriales de Mitigación del CC, y los Planes de Acción Regional y Comunal de CC. Por otra parte, después de décadas de discusión parlamentaria, se aprobó el presente año el proyecto de ley que transforma en un servicio público a la CONAF, cuyo nuevo objetivo es la protección, preservación, fomento, restauración y manejo sustentable de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país, y que establece dentro de sus funciones expresas el “Formular y ejecutar, dentro del ámbito de sus competencias, estrategias y acciones destinadas a promover la sustentabilidad del sector forestal, con énfasis en disminuir la degradación de los suelos, la desertificación y la sequía, así como a potenciar la mitigación y adaptación al cambio climático”.
Están en discusión en el parlamento, la Ley de Incendios Forestales, los proyectos de modificación a la Ley de Bosque Nativo, la Ley Marco de Suelos, la Ley de Protección de Glaciares, y aún no ingresa a discusión el proyecto de la futura Ley de Fomento y Manejo Forestal Sustentable, entre los principales.
Se debe seguir avanzando de forma decidida, en materias de infraestructura multipropósito para la gestión del recurso hídrico, incluyendo plantas desaladoras de agua, así como el desarrollo de la investigación científica, como por ejemplo el mapeo del estado de los acuíferos, el impulso a las prácticas sustentables agrícolas y la tecnificación y adopción correcta del riego por goteo, y la restauración y conservación de humedales y riberas, poniendo énfasis en soluciones basadas en la Naturaleza, entre otros.
Hoy más que nunca se requiere la adopción de políticas de Estado que ayuden a neutralizar el avance de la desertificación en Chile, donde todos los organismos involucrados asuman el compromiso para una acción efectiva. En tal sentido, la Agrupación de Ingenieros (as) Forestales para el Bosque Nativo (AIFBN), formalizó recientemente la propuesta de “Un nuevo modelo forestal para enfrentar la sequía, las inundaciones, los incendios forestales y la desertificación”, como un aporte al debate público, y que releva propuestas para preparar al territorio nacional frente a los desafíos climáticos, sociales y ambientales, como un aspecto ligado directamente a la “seguridad nacional”, entendiendo a ésta como la protección de la estabilidad y el bienestar del país, tanto en términos internos como externos, frente a diversas amenazas, dentro de las cuales debe incluirse el avance de la desertificación y la sequía, y la consecuente afectación de los ecosistemas naturales y recursos económicos del país, de forma de asegurar su disponibilidad y sostenibilidad en el tiempo.