La situación de Chile y los temas programáticos

Desde un ángulo progresista, sigue vigente la aspiración a construir y legar colectivamente a las nuevas generaciones un país más libre, más justo, más solidario y sustentable. A la hora de confeccionar un programa progresista para un próximo gobierno, será necesario debatir propuestas principales en reforma de instituciones, fortalecimiento de la seguridad pública, reactivar la economía y fortalecer la protección social

Por Gonzalo Martner (Substack)

En una elección presidencial se discute sobre el estado del país y sus opciones hacia el futuro. Se contrastan liderazgos, sus valores e ideas y las emociones que suscitan. Y también sus programas de gobierno.

Se puede sostener que Chile ha tenido logros significativos en temas fundamentales en las últimas décadas, como la baja de la mortalidad infantil, que refleja en buena medida el grado de pobreza (se pasó de 19 por mil en 1990 a menos de 6 por mil en la actualidad, a comparar con 16 promedio en América Latina y el Caribe, 6 en Estados Unidos y 4 en la Unión Europea, según el Banco Mundial) y en el aumento de la esperanza de vida al nacer (se pasó de 73 años a 82 años, la más alta de América Latina y mayor que la de Estados Unidos desde el año 2000), lo que refleja en buena medida el progreso en el bienestar promedio de la población. En materia distributiva, la participación del 10% más rico en el ingreso nacional antes de impuestos pasó de 62,2% en 1990 a 59% en 2022 (según el World Inequality Lab) y pasó de 47,0 a 34,5% después de impuestos (según el Banco Mundial) en los mismos años. Por su parte, el 20% de menos ingresos pasó de obtener el 3,4% de los ingresos totales a un 5,9%. La distribución del ingreso, aunque ha mejorado, sigue siendo inaceptablemente desigual. La tasa de desocupación pasó de 10,5% de la fuerza de trabajo en 2000 a 8,5% en 2024, muy lejos del pleno empleo. A su vez, un 26% del empleo sigue siendo informal y la diferencia en la tasa de participación en el empleo de hombres y mujeres sigue siendo muy alta. La tasa de homicidios por cien mil habitantes pasó de 3 en 2002 a 5 en 2020 y a 4 en 2021, según el Banco Mundial, y entre 3,5 y 4 en 2024 según las estimaciones preliminares.

Por su parte, se han evidenciado de modo recurrente graves episodios de corrupción en diversas instituciones, incluyendo las encargadas de administrar justicia y de garantizar la igualdad ante la ley, las que se han deteriorado visiblemente con una fiscalía cada vez más politizada y el accionar de grupos de poder que interfieren ilegítimamente en las sentencias y en las nominaciones en el Poder Judicial y constitucional.

Estos factores entremezclados explican la persistencia de un malestar social y un sentimiento de inseguridad, especialmente agudo en algunas franjas de la población, que se vuelcan hacia representaciones políticas extremas y estridentes que propugnan políticas altisonantes de popularidad fácil, pero sin diagnóstico adecuado ni posibilidad de ponerlas en práctica. Reivindican la polarización del país, la defensa de los privilegios económicos, disminuir la capacidad protectora del Estado con motosierras y podadoras y validan la persecución política y la represión como parte de sus impulsos autoritarios ante sus adversarios, mientras justifican los crímenes y horrores cometidos en el pasado.

Por eso tiene sentido recalcar lo que está en juego en 2025.

Desde un ángulo progresista, más allá de la contingencia, sigue vigente la aspiración a construir y legar colectivamente a las nuevas generaciones un país más libre, más justo, más solidario y sustentable, en el que nadie obligue a nadie en lo que deba pensar u opinar o bien imponga proyectos de vida a otros, en el que se respete cabalmente el estado de derecho y las libertades fundamentales en el marco del respeto de la libertad de los demás y de los derechos de las nuevas generaciones. La aspiración es la de vivir en un Estado democrático en el que la libertad individual se combine con el interés general y se respete la ley legítima y la igualdad ante esa ley, de modo de impedir situaciones de opresión o abuso por poderes institucionales o económicos e impedir toda discriminación arbitraria contra los derechos fundamentales de toda persona por el solo hecho de serlo. Eso requiere construir un mejor futuro para el país respetando la diversidad, pero procurando que prevalezca el interés general en las orientaciones de política pública y, a la vez, exista una suficiente conducta solidaria hacia quienes necesitan apoyos de la colectividad en unos u otros momentos y circunstancias de sus vidas.

Infografía: ¿dónde ir?

Con un horizonte de este tipo en mente, a la hora de confeccionar un programa progresista para un próximo gobierno, será necesario debatir propuestas principales factibles, la mayoría de las cuales requerirá de reformas constitucionales (4/7 de los escaños) o bien de leyes específicas o su inclusión en la ley de presupuestos (mayoría de los escaños o de los presentes en la sala según los casos), y por tanto de una mayoría parlamentaria, como eventualmente las siguientes:

1. Reformar selectivamente las instituciones

• Realizar una reforma general para la profesionalización y descentralización del servicio público;
• traducir en la constitución el acuerdo transversal de 12 puntos de diciembre de 2022, en especial el Estado democrático y social de derecho;
• establecer la paridad de género en todas las representaciones públicas y privadas;
• disminuir sustancialmente la desigualdad del voto en el Senado y disminuir el período de ejercicio a 4 años para que refleje la voluntad popular periódica;
• terminar con los pactos electorales, establecer la pérdida del escaño por cambio de partido o expulsión y un límite mínimo de votos de 3% y de 5 parlamentarios electos para entrar al Poder Legislativo, así como restringir el aporte privado a las campañas electorales, establecer topes al aporte público y la pérdida del escaño por incumplimiento de la norma para disminuir el peso del dinero en la política democrática;
• restringir la revisión de las leyes por el Tribunal Constitucional a requerimientos específicos de constitucionalidad y a materias de derechos fundamentales para evitar que sea una tercera cámara legislativa;
• aumentar las exigencias en el sistema de nominación de fiscales, de miembros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional con una pérdida automática de la nominación en casos verificados de manipulación por grupos de poder y por intereses económicos;
• establecer el voto de confianza al ministro del Interior por las dos cámaras legislativas y terminar con las acusaciones constitucionales a los otros ministros y
• establecer la limitación temporal obligatoria de las concesiones a privados y la primacía del interés público sobre la propiedad particular en caso de litigios.

2. Fortalecer la seguridad pública

• Reformar y ampliar la operatividad y formación profesional de las policías para aumentar su proximidad con la población y su capacidad de protegerla;
• ampliar la seguridad basada en la solidaridad comunitaria y vecinal en alianza con las policías;
• fortalecer el sistema de prisiones para controlar las bandas organizadas y en especial aumentar las cárceles de alta seguridad, favoreciendo las penas alternativas para los delitos menores;
• crear una policía de fronteras;
• crear un cuerpo especializado contra el crimen organizado dotado de todas las tecnologías de punta disponibles;
• levantar el secreto bancario para seguir la ruta del dinero.

3. Reactivar la economía y el empleo

• Seguir fortaleciendo la inversión pública sostenible de interés nacional, regional y local y en materia de redes estructurantes de transporte, incluyendo el ferrocarril y la electromovilidad;
• establecer para la política monetaria autónoma la obligación de promoción del pleno empleo, además del control de la inflación;
• insistir en reformar la tributación para hacerla más progresiva en materia de ingresos, patrimonios y herencias y en ampliar sustancialmente el aporte de la minería privada en los períodos de precios altos, de modo de financiar los nuevos programas públicos sin aumentos de la deuda pública;
• redefinir con un sentido pro-consumidor y de seguridad de suministro las tarifas públicas de servicios básicos monopólicos;
• fortalecer la gestión de las empresas públicas en minería, ampliar su presencia en los servicios básicos y mejorar el apoyo a la economía social y solidaria y a la pequeña empresa innovadora y creadora de empleo;
• aumentar la competencia en los mercados y la protección del consumidor en los precios y en las condiciones de los contratos y seguros privados;
• fortalecer el financiamiento público y privado de proyectos de innovación, en especial los que diversifiquen la producción en las cadenas tecnológicas, aceleren la transición a las energías renovables, incluyendo las fuera de red, sostengan la alimentación saludable (en base a la agricultura y pesca sostenible) y aumenten el valor agregado nacional, con programas en distritos productivos territoriales priorizados en todas las regiones;
• reactivar la construcción sostenible, facilitando el acceso al crédito hipotecario, agilizando la disposición de suelo público, avanzando en la erradicación de asentamientos precarios, ampliando el ritmo de construcción de vivienda social, facilitando el acceso a ella a las familias jóvenes y los grupos vulnerables y acelerando el equipamiento y saneamiento urbano y establecer un amplio plan de subsidio a la incorporación de energías renovables en las viviendas, disminuyendo a la par su vulnerabilidad térmica.
• ampliar los derechos a la negociación colectiva de los salarios que garanticen una mayor participación en el ingreso, así como de las condiciones de trabajo;
• establecer un fuerte programa público de formación e inserción de los jóvenes que no estudian ni trabajan y ampliar los vínculos entre educación y trabajo.

4. Fortalecer la protección social

• Ampliar la cobertura de la seguridad social en salud a través de una cotización unificada para las prestaciones universales garantizadas, terminar con los abusos de las isapres y mejorar la capacidad de atención y la productividad en los hospitales y servicios de urgencia, orientando más recursos a la disminución drástica de las listas de espera y a la ampliación de los centros de salud familiar y su cobertura;
• poner en aplicación la reforma de pensiones y fortalecer sus dimensiones de seguridad social con una aceleración del aumento de la pensión garantizada y de las pensiones contributivas;
• ampliar el seguro de desempleo y sus prestaciones;
• ampliar sustancialmente el sistema nacional de cuidados de la infancia y de las personas de edad avanzada;
• ampliar las mejorías en la calidad de la educación pública y en el acceso a la cultura;
• fortalecer la lucha contra todas las discriminaciones