La situación actual de los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, plantea varias opciones: ponerles una pausa para proponer los ajustes necesarios; traspasar pronto dichas dependencias al gobierno regional y/o en su defecto generar una nueva institucionalidad que disminuya la incidencia del factor político –la clientela parlamentaria – en la designación de los cargos.
Por Edison Ortiz
En noviembre de 2015, cuando la línea de flotación del gobierno de Bachelet II mostraba ya varias fallas estructurales, escribí en El Mostrador la columna “proyecto de educación pública, la lápida del Mineduc” en el que insistí en lo inadecuado de la iniciativa dado que en vez de fortalecer el Mineduc se perpetuaba su jibarización. Se consolidaba, así, el carácter del ministerio como un mero banco nacional de educación que otorga recursos y externaliza funciones históricas de esta cartera consagradas tanto por la constitución de 1833 como por la de 1925, un rol que la carta fundamental de 1980 revirtio, dándole un rol meramente subsidiario.
Tal cual lo señaló Sol Serrano en su clásico texto Nación y Universidad resulta irónico que “desde el propio Estado –que había sido clave en la generación de todo el entramado arquitectónico en educación durante el siglo XIX y partes del XX– se impulsa [ahora] esa tendencia para iniciar una nueva fase de modernización, pero esta vez para desembarazarse de sus funciones tradicionales y depositar el impulso modernizador en el mercado”.
La Nueva Educación Pública (NEP) era un paquete de medidas entre las cuales estaba la creación de agencias locales de educación pública cuya publicitada idea buscaba, por lo menos comunicacionalmente, fortalecer la función estatal en el área y responder a la demanda del movimiento estudiantil de la época del “no más lucro” y “educación pública, gratuita y de calidad”. Ya por aquel tiempo el proyecto fue criticado transversalmente. Así, por ejemplo, desde la fundación Nodo XXI, vinculada a lo que más tarde sería el Frente Amplio (FA), que ha apostado por seguir implementando ese modelo, se indicó que “es una renovada administración bajo los mismos principios”. Cristián Bellei, por su parte, señaló en la misma línea que “uno de los desafíos es equilibrar en este proyecto un sistema descentralizado con una responsabilidad nacional sobre la educación pública”. En general había un discurso que aparentemente pretendía fortalecer el rol del estado en educación, pero las medidas que se tomaban iban en la misma lógica neoliberal de continuar dinamitando desde dentro el Mineduc y su rol histórico ya que en vez de dar un giro profundo, que restituyera su “rol rector”, solo se atacaba una parte del problema: la municipalización. Se continuaba con la lógica de obedecer las exigencias del Banco Mundial de seguir jibarizando al ministerio y, al mismo tiempo, extinguir sus funciones históricas para traspasarlas a órganos inconexos, con escasas atribuciones y que perpetuaban el carácter de dependencia política de la nueva entidad.
Los SLEP: ¿una iniciativa con muerte prematura?
Alguna vez, el exministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en Emol reconocería que al hacerse cargo de la cartera “no encontró un solo paper por dónde iniciar las reformas en educación”. Tal vez allí esté la explicación de tanta política cantinflesca implementada en educación durante el último decenio.
Cabe recordar que en el proyecto original se señalaba que “el actual esquema institucional consagra que aspectos relevantes de la calidad, la equidad y el desarrollo de la educación pública en el territorio, dependan fuertemente de la voluntad de las autoridades municipales y de los particulares énfasis que legítimamente cada una de ellas desee otorgarle al sector. Esta dependencia está estrechamente relacionada con una excesiva influencia de los ciclos político-electorales del municipio en la educación pública”. Y si bien se proponía la creación de nuevos servicios (SLEP) que la administren, nada se dijo que habíamos llegado hasta ahí por decisión de las propias autoridades ministeriales a lo largo de 25 años de transición. Tampoco se garantizaba, como se está comprobando hoy, que la crisis de la educación pública podía evolucionar con el aquel proyecto.
Pese a aquella crítica acerca de la influencia de los ciclos políticos electorales sobre la educación municipal, lo cierto es que continua hasta hoy, dado que en la designación de los cargos de los directivos de los nuevos servicios locales ha continuado pesando la política, tal cual como lo señalé en aquella oportunidad “en regiones, pese a que se anuncia el mejor estándar de selección por Alta Dirección Pública, el parlamentario más influyente de la coalición de gobierno será quien terminará instalando a quien él determine en los nuevos servicios creados, llenándolos de adherentes que los pueden llevar al límite mínimo de su funcionamiento”, tal como se ha observado últimamente. Según me lo señaló en alguna oportunidad un director de un emblemático liceo sanfernandino “al SLEP Colchagua solo le falta que le pongan en el frontis las banderas de RN y la UDI”, refiriéndose con ello al carácter político del reclutamiento de funcionarios del nuevo servicio local. Hoy, con otra coalición gobernando, la cosa sigue igual en el SLEP Colchagua. Como, además, lo manifesté en aquella columna “sin funcionarios de carrera, que velen por los intereses permanentes de la nación, y que traspasan a los gobiernos de turno, el servicio de desvirtuará aún más en función de los ciclos políticos electorales en los feudos regionales”.
De Barrancas a Magallanes: Crónica de una crisis permanente.
Barrancas, Licancabur, Atacama, Colchagua y ahora Magallanes, entre otros, son la evidencia empírica de las fallas estructurales de la nueva institucionalidad educativa. Y ello se manifiesta en el retraso en el proceso de creación, instalación, implementación y traspaso de los servicios, así como la duda instalada en un amplio abanico del arco político que, sumado, a la escasez presupuestaria, han ido retardando el proceso. Además, diversos municipios han ido sumándose a las críticas. Así Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea se articularon y postergaron la creación del servicio local Manquehue. En nuestra región comunas como Requínoa y ahora Rengo, esta última con un claro sesgo político dado el cambio de autoridad comunal, también han intentado suspender su ingreso al SLEP Valle de Cachapoal que ya está retrasado en su implementación, que debió haber estado funcionando en regla a partir de este año y se pospuso para 2026 y que aún no tiene a su director/a ejecutivo/a designado. Y que, por lo demás, tienen buenos resultados en pruebas estandarizadas, así como números azules en su gestión.
Se suman a las críticas, las de actores y expertos en políticas públicas como el ex subsecretario de Desarrollo Regional, Gonzalo Martner – creador de los gobiernos regionales y de la reforma municipal de 1992 – quien en diversas oportunidades ha manifestado que dichos servicios locales debieron haber sido traspasados a los gobiernos regionales, a través de la figura del gobernador para que se cumpliera el mandato democrático de la responsabilidad política y la rendición de cuentas. Esto, porque así como se designan actualmente, los directivos, en especial de aquellos servicios que han entrado en crisis no responden ante la ciudadanía y dado el modelo centralista-político en su designación, el asunto de cualquier manera concluye reventando en los pasillos del Ministerio de Educación en Alameda 1371, a un costado de La Moneda, como hemos tenido oportunidad de verlo en Atacama, Colchagua y ahora en Magallanes.
Tal como me lo manifestó off the record un sostenedor municipal que gestiona bastante bien y que conoce el asunto desde dentro “el cambio de modelo, con el trasfondo permanente del principio del estado subsidiario, no ha mejorado ni la gestión, ni los resultados de los nuevos servicios locales de educación”.
Epílogo: ¿por qué seguir cuando el modelo tiene ya fallas estructurales?
Es la pregunta del millón, porque tal cual lo han señalado el sentido común y diversos protagonistas, como la senadora Yasna Provoste – ex ministra de Educación y conocedora del área- se hace necesario poner una pausa a la creación, preparación, implementación y traspaso de los nuevos servicios locales, observar con calma los que ya están en funcionamiento y en base a la evidencia empírica proponer los ajustes necesarios, como los que ya están acordados. Otra opción es, simplemente, traspasar pronto dichas dependencias al gobierno regional y/o en su defecto generar una nueva institucionalidad que disminuya la incidencia del factor político –la clientela parlamentaria – en la designación de los cargos y que se establezca una carrera profesional pública que traspase el horizonte de los gobiernos de turno. Ello, a menos que solo se quiera implementarlos con la lógica de copamiento del Estado que tiene a la función pública desprestigiada y sin rumbo.
El modelo de municipalización de la educación ya presentaba fallas estructurales a inicios de los 90’ pero, sea por la coincidencia ideológica en torno al modelo entre actores de la Concertación y los neoliberales de Pinochet, tal cual lo señaló Boeninger, sea por la necesaria política del consenso de aquellos años, la municipalización de la educación continuó y se siguió inyectando toneladas de recursos sin que los ajustes cambiarán la calidad de la educación y la pérdida de matrícula del sector público municipal. Vale recordar que la tendencia se invirtió, pasando de 65% del total a inicios de los 90’, al escuálido 35% que posee en la actualidad, incluidos los servicios locales, mientras el sector particular subvencionado y particular se aproxima hoy al 64%.
Las cifras y reflexiones tienen que servir para algo. Por ejemplo, para que de una vez por todas, dejemos de tropezar nuevamente con la misma piedra.