Tergiversaciones y sentido del acuerdo en pensiones

Por Gonzalo Martner

Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno, el oficialismo y la derecha en el Senado, se producirá un aumento previsto de las pensiones actuales de hasta 2,5 UF mensuales, es decir 96 mil pesos al valor de hoy. El acuerdo permitirá, además, una redistribución de una parte de las cotizaciones hacia todas las mujeres que jubilen para compensar las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. 

Los incrementos de pensiones abarcarán a 2,8 millones de personas e implicarán un aumento de entre 14% y 35% de su valor mensual. El conjunto de cambios previstos incrementará sostenidamente la tasa de reemplazo del salario previo por la pensión a un 70% en diversos tramos de ingresos, considerando la pensión garantizada universal. Son avances dignos de ser apoyados, aunque sean insuficientes en diversos aspectos. 

Del 7% adicional previsto por el acuerdo:

– Un 4,5% podrá ir a las AFP, pero abriéndose la opción de que vaya a nuevas entidades de administración de cuentas e inversión en capitalización individual, que podrán funcionar de manera separada, incluyendo de tipo público. 

– Un 1,5% irá a aumentar las pensiones actuales de quienes hayan cotizado al menos 20 años en el caso de los hombres y 13 años en el de las mujeres, aumento que será de 0,1 UF por año cotizado con un máximo de 2,5 UF. En principio durará 30 años, disminuirá porcentualmente en el tiempo y será reintegrado a los que paguen esta cotización bajo la forma de un suplemento del fondo de pensión a través de un bono al llegar al momento de la jubilación. 

– Un 1% irá a igualar las pensiones de hombres y mujeres con un mismo fondo acumulado, hoy distintas por las diferencias en la esperanza de vida. Esta es mayor en el caso de las mujeres, por lo que hoy se disminuye su pensión mensual en comparación a la de los hombres. Habrá un beneficio mínimo de 0,25 UF mensuales.

Se lee en un titular de Emol: «Gremios empresariales advierten efecto negativo del aumento de cotización al 8,5% del acuerdo previsional». Esto no es efectivo, pues el acuerdo señala que habrá una cotización adicional de 7% del salario bruto imponible por parte de los empleadores, que se establecerá de manera progresiva hasta completarse en 9 años. El 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existe y es pagado por los empleadores (1,38% en la actualidad, cifra que resulta de una licitación periódica a compañías de seguros), por lo que en esta presentación de la noticia, ese monto es sumado de manera equívoca. 

El acuerdo alcanzado tiene muchas aristas y será objeto de múltiples interpretaciones, pero es de esperar que al menos no haya tergiversaciones flagrantes. El ángulo de ataque empresarial, y de la prensa que le es dependiente,es ahora lo del 8,5% de cotización del empleador, que seguirá siendo inferior a la actual cotización de 10% de cargo del trabajador. 

La cotización adicional impactará en el costo de contratar, pero tendrá una aplicación gradual y podrá ser absorbida año a año por los aumentos usuales de la productividad del trabajo. La afirmación según la cual «bajarán los salarios líquidos de la clase media» o «bajará el empleo formal» son típicas de los análisis mecánicos del tipo «si todo lo demás permanece constante», lo que no captura una dinámica económica que es mucho más variada y en la que están envueltos otros incentivos expansivos, como subrayan los enfoques neo-schumpeterianos y la simple observación de los hechos. Las dirigencias empresariales están en contra de las nuevas cotizaciones de cargo del empleador, pero cabe subrayar que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones contributivas con una tasa aceptable de reemplazo del salario previo. Es un asunto de aritmética, hoy agravado por las sustanciales utilidades privadas que se sustraen a las pensiones y que alcanzan un tercio del capital invertido por las AFP al año, una cifra a todas luces inaceptable.  La cotización salarial de 10% de 1981 se estableció solo para favorecer el cambio desde las Cajas de Previsión a las nuevas AFP privadas. Las primeras funcionaban con cotizaciones mayores, lo que a la postre redundó comparativamente en menores pensiones de las segundas.

El total cotizado será en el futuro de 18,5% del salario bruto, mientras hoy es de 11,5%. Hay quienes señalan que esto es un ahorro forzoso, y efectivamente lo es en la parte capitalizada individualmente. Y es en su conjunto un aporte obligatorio, que existe desde que se inventó la seguridad social en 1880 en Alemania, del mismo modo como son obligatorios los impuestos. Para los enfoques liberales, los impuestos y contribuciones obligatorias afectan siempre a la economía, en circunstancias que buena parte de las de más alta productividad e ingresos son las de más alta presión tributaria y contributiva (quien quiera constatarlo puede revisar las bases de datos de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial en la materia). Esto se explica porque al aumentar las capacidades humanas mediante una mayor inversión pública en educación, salud e infraestructuras se aumenta la producción en el largo plazo, mientras la protección con seguros sociales ante los principales riesgos, incluyendo el de llegar a la vejez sin ingresos, aumenta la movilidad de los factores de producción hacia sus sectores más dinámicos y mejora la disposición a innovar, lo que aumenta la productividad media de manera sostenida.

En el caso de las pensiones, los impuestos financian la Pensión Garantizada Universal para el 90% de los mayores de 65 años, lo que constituye el grueso de la pensión total para una proporción muy significativa de los jubilados. Esta subirá a 250 mil pesos a partir de febrero de 2025 como parte del acuerdo. Una opción para el futuro es que solo exista el financiamiento tributario obligatorio de esta pensión, y que las contribuciones como porcentaje del salario sean solo complementos de pensión voluntarios, que se ahorren y capitalicen por decisión individual. Pero mientras el ahorro individual sea muy bajo, entre otras cosas porque los salarios son muy bajos, y no se aumenten los impuestos de las personas de alta riqueza e ingresos mediante una reforma que la derecha hasta aquí ha negado pertinazmente, las cotizaciones obligatorias sobre salarios de un monto suficiente son necesarias para mejorar la situación de los pensionados.

Por otro lado, las entidades privadas que reciben cotizaciones para la capitalización competirán más, dada la futura licitación del 10% de las cuentas de ahorro existentes cada dos años y la incorporación de nuevos participantes, como las administradoras generales de fondos y las cajas de compensación. Esto incluirá la gestión de inversiones y se podrá subcontratar las tareas de administración de cuentas, para lo que se habilita la opción del Instituto de Previsión Social (IPS), disminuyendo las barreras de entrada. A su vez, se ingresará en marzo una ley para la creación de un inversor público, que la derecha se negó a incluir en el acuerdo. Este conjunto reducirá las utilidades escandalosas de las AFP por cobro de comisiones, aunque ganarán potencialmente un mercado de 4,5% de cotización obligatoria adicional, salvo que se dirijan por decisión de los cotizantes a los nuevos entes de recaudación e inversión. Por otro lado, se terminará con los multifondos, reemplazados por fondos generacionales, menos riesgosos a medida que avanza la edad de las personas que cotizan. El seguro de cesantía cubrirá las cotizaciones en caso de desempleo para evitar lagunas.

Los bonos reintegrados por la nueva cotización de 1,5%, gestionado por el Seguro Social, son una fórmula un poco retorcida de «reparto», sistema que consiste en que las cotizaciones pagan las pensiones mes a mes, a cambio de que la siguiente generación haga lo mismo con los futuros pensionados, los que entre tanto adquieren y registran derechos de pensión, cotizando en su vida activa. Esta modalidad, calificada de «cáncer» por la derecha porque supone un sistema público, se aplica en casi todas partes, incluyendo en el sistema previsional de Estados Unidos, que se complementa en ese caso con acuerdos de empresa. Por su parte, la compensación de género por diferencia de esperanza de vida es una medida de redistribución, no de «reparto», que algunos asimilan a cualquier forma de solidaridad. En realidad, es una forma de vínculo entre generaciones para financiar pensiones, que suelen combinarse con ahorros (obligatorios o voluntarios con descuento tributario en el impuesto a la renta) que se capitalizan. Casi todos los sistemas de pensiones son mixtos y combinan ambos mecanismos en proporciones y mecanismos variados.

Es un avance institucional importante el que, según el acuerdo, el Instituto de Previsión Social (IPS) pueda administrar en el futuro cuentas previsionales y que se cree un Fondo Autónomo de Protección Previsional para las prestaciones del nuevo Seguro Social Previsional, que serán pagadas por el IPS. El Seguro Social gestionará el 1% para compensación por diferencias en la esperanza vida entre hombres y mujeres y el aporte de 1,5% a las pensiones actuales con bono posterior, junto al 1,5% de las cotizaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existente. Este último es hoy pagado por todos y beneficia («con mi plata sí» y desde 1981) a los que se accidentan o enferman o a las familias de los que fallecen jóvenes. Es una redistribución desde todos los cotizantes a los beneficiarios por contingencias lamentables, que puede sufrir cualquiera, aunque solo terminen afectando a algunos. Es la lógica de la seguridad social («hoy por ti, mañana por mí»), que también se aplica al financiamiento de las atenciones de salud, de los accidentes del trabajo y del desempleo temporal, con sus respectivas cotizaciones que cubren riesgos.

El 2,5% más el 1,5% para financiar los complementos de pensiones por años de cotización que administrará el Fondo de Seguro Social (que recibirá para funcionar de inmediato un préstamo del gobierno de hasta 900 millones de dólares) es una proporción baja de la cotización total de 18,5%, pero es el germen de un nuevo sistema de seguridad social. Este debiera extenderse progresivamente e incluir la opción de gestión de cuentas y de inversión de fondos por el Instituto de Previsión Social y el Banco del Estado. 

El acuerdo sobre pensiones supondrá llevar el gasto total en la materia a una cifra del orden de 7,8% del PIB (con un aporte de los trabajadores de 2,9% del PIB, de los empleadores de 2,4% y el del presupuesto público de 2,5%), todavía inferior al promedio de gasto en pensiones de 10% del PIB en la OCDE. 

Un sistema con más reformas futuras podría dejar la capitalización individual como eventual opción complementaria no obligatoria, y subir gradualmente la pensión estatal universal financiada por impuestos más progresivos hasta un nivel de al menos un 80% del salario mínimo. Pero esas opciones u otras las decidirá la ciudadanía en las próximas y en las sucesivas elecciones: nada de lo que emana de un parlamento de mayoría opositora quedará ahora escrito en piedra, sino que podrá modificarse posteriormente. La oposición de derecha debió, después de más de una década de bloqueo, dar curso a algún tipo de mejoría de las pensiones pues no podía mantenerse solo en la defensa acérrima de la función parasitaria de las AFP, que no obtienen rendimientos de los fondos muy distintos a los de cualquier instrumento de ahorro en el mercado, por lo que son inútiles socialmente, y se apropian de utilidades excesivas que se descuentan de las pensiones.