El índice de actividad económica: el mal dato de agosto y su contexto

Por Gonzalo Martner

El Índice Mensual de Actividad Económica, corregido de efectos estacionales, disminuyó en -0,5% en agosto, después de aumentos de 0,3% en julio y 0,4% en junio. Esta reversión de la positiva tendencia de los dos meses previos, luego de un primer semestre que registró una leve caída, se explica por una disminución de la producción de bienes y también de la de servicios.

En términos de promedios trimestrales, en junio-agosto se registró un aumento de la actividad económica de 0,06%, es decir un 0,2% anualizado.

En nuestros análisis no privilegiamos el seguimiento de la coyuntura con la comparación del Imacec en 12 meses, lo que resalta la prensa, pues se puede tratar de dos datos puntuales alejados de la tendencia, mientras doce meses son un lapso demasiado amplio para apreciar adecuadamente las fluctuaciones de corto plazo. Consideramos, en cambio, el dato desestacionalizado que provee el Banco Central (aunque agrega el dato desestacionalizado en doce meses, que carece de sentido) promediado en trimestres móviles y comparados con el período inmediatamente anterior, y agregamos su ritmo anual. En este sentido, el mal dato de agosto se inserta en una tendencia que promedia una leve alza respecto al trimestre móvil previo. Esto representa una mejora, dado que el segundo trimestre se había registrado una caída de -0,4%, siempre en términos desestacionalizados, lo que contrastó con el crecimiento de 0,3% en el primer trimestre de este año.

No obstante, la economía chilena se sitúa ahora en una perspectiva anual recesiva, o a lo más de estancamiento en un escenario optimista, si consideramos que el Imacec promedio de los primeros ocho meses del año 2023 es un -0,6% inferior al del mismo período de 2022.

Esta evolución coyuntural se explica por la secuencia de aumentos de la tasa de interés de política monetaria del Banco Central desde 2021, que tiene efectos contractivos en la inversión y el consumo de las familias. La nueva presidenta y el consejo de la autoridad monetaria llevaron mes a mes la tasa desde el 5,5% vigente en marzo de 2022 a un muy alto 11,25% en octubre de 2022, nivel mantenido hasta julio de 2023. El consejo empezó a bajar la tasa recién en agosto de este año, a 10,25%, y en septiembre, a 9,5%.

La «propensión al shock recesivo» de los economistas chilenos promedio (con el récord de haber provocado grandes depresiones en 1975, bajo la directa recomendación de Milton Friedman, y en 1982-83, bajo el dogma del enfoque monetario de la balanza de pagos y del ajuste automático con tipo de cambio fijo, y recesiones evitables en 1999 y 2009) llevó a un también muy amplio ajuste fiscal después de la fuerte expansión de 2021. Su brusquedad fue inusitada, con una caída de -22,5% del gasto público presupuestado para 2022 por el gobierno de Sebastián Piñera, llevado a -23,0% por el nuevo gobierno. El resultado es que en 2022 se produjo en Chile un superávit fiscal de 1,1% del PIB (a comparar con el déficit de -5,4% del PIB de los países del G7), en parte explicado por ingresos extraordinarios del cobre y el litio, luego de un déficit fiscal de -7,7% en 2021 y de -7,1% en 2020 (y de -2,3% en 2019, antes de la pandemia).

Este shock presupuestario no tuvo mayor sentido en una situación de salida de crisis. No hubo nada similar en prácticamente ninguna otra parte del mundo en el mismo período. Las autoridades económicas de los grandes países son más bien proclives a los «aterrizajes suaves», pero para los economistas chilenos promedio esto sería erróneo, sin otro fundamento analítico que no sea una ortodoxia neoclásica primaria, su universo conceptual, o con mucho esfuerzo neo-keynesiana, y utilizando una relación lineal inversamente proporcional entre inflación y empleo-consumo con rigidez analítica y parámetros extemporáneos (ver https://www.piie.com/…/25-years-excess-unemployment…).

La vuelta a un déficit fiscal menor debió, al menos, ser mucho más gradual, especialmente en una economía que mantiene amplios espacios de acceso a los mercados de capitales, dada su relación deuda/PIB considerablemente más baja (38%) que la existente en las economías de altos ingresos (67% en Alemania, 122% en Estados Unidos y 261% en Japón, según los datos del FMI para 2022) o en los países de América Latina (61% en Uruguay, 83% en Bolivia, 85% en Argentina, 86% en Brasil, 158% en Venezuela, según la misma fuente).

El argumento utilizado fue contribuir a disminuir el alto consumo privado y sus efectos en la inflación y en la cuenta corriente. Este alto consumo tuvo causas con un efecto por una sola vez (retiros de cuentas de pensiones), mientras la atribución de un efecto inflacionario permanente subestimó, además, la capacidad de respuesta de la oferta, sin que se produjera una «brecha de producto» sustancial ni presiones inflacionarias por rigidez de la oferta sino temporales. El déficit en cuenta corriente fue financiado sin sobresaltos y fue disminuyendo conforme caían las importaciones ligadas al consumo.

El bajo desempeño de 2022 y 2023 podría haberse evitado con una política monetaria y fiscal de «aterrizaje suave» y no de «shock», pero eso suponía alejarse del «mantra ortodoxo» prevaleciente, al que al parecer todo gobierno entrante procura rendirle homenaje. Hoy se están viendo las consecuencias en materia de producción y empleo. Mientras, la inflación sigue un curso fuertemente asociado a la inflación externa, más que a las políticas recesivas internas, por la naturaleza del brote inflacionario de 2021 y 2022 (ver https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/03/blog-post.html).

En medio de este panorama poco alentador en materia de política macroeconómica, es una buena noticia que, al menos, el gasto público vaya a crecer en 3,5% en 2024, por sobre el PIB, según se establece en el proyecto de ley de presupuestos enviado al parlamento por el gobierno. Se vuelve, al parecer, a un enfoque con más énfasis contra-cíclico que pro-cíclico, como corresponde a una adecuada política macroeconómica, en un marco general de responsabilidad fiscal razonable.