Las conclusiones de la Contraloría sobre la CORMUN de Rancagua: crónica de un informe anunciado

La auditoría que realizó la Contraloría Regional a la gestión de compras de bienes y contratación de personal de la Cormun de Rancagua en 2021, refleja una serie de situaciones que se salen de norma, las cuales fueron notificadas por el organismo contralor también a la Fiscalía Regional y al Consejo de Defensa del Estado, por eventuales alcances delictuales de ellas y eventual daño al patrimonio fiscal.

Equipo El Regionalista

El pasado 23 de diciembre se hizo público el “Informe Final N° 583” de la Contraloría Regional que auditó la adquisición de bienes y la contratación de personal en la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados durante 2021. Desde su página seis, el texto de 199 folios es redundante en reiterar las faltas de la Cormun en torno a los aspectos legales de las decisiones tomadas en esos ámbitos.

Los títulos del índice del documento, aunque no necesariamente incriminan, son elocuentes tratándose de alertas sobre faltas a los procedimientos o dudas sobre la gestión: “incumplimiento de procedimientos de contratación”, “obras pagadas y no ejecutadas”, “multas no aplicadas”, “pago de horas extraordinarias sin haber sido ejecutadas”, “duplicidad en el pago de servicios”, “tratos directos con omisión de proceso de cotización”.

La investigación corresponde a una auditoría de cuentas propia de la tarea del organismo contralor, pero también fue efectuada por las denuncias presentadas por un grupo de concejales de Rancagua.

En el ámbito de la institucionalidad de control de la Cormun, la contraloría indica que hay “una carencia de manuales de procedimiento”, situación que fue luego subsanada por la Cormun, y que “la corporación no cuenta con manuales de funciones y de descripción de cargos, en los cuales se describan las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como también, los requisitos de cada puesto de trabajo, y de procedimientos”.

Sin auditorías en la contratación de personal

En el punto 2 del informe –sobre “Situaciones de riesgo no controladas por el servicio”- se indica que hay “inexistencia de controles internos”, concluyendo que, según los antecedentes aportados por la propia contraloría interna de la Corporación, “durante el período 2021, no se practicaron arqueos de fondos de valores y documentos ni revisiones de manera periódica”. La Contraloría observó “la inexistencia de control por parte de una unidad distinta a la del funcionario responsable de los fondos”, con impacto en la vigilancia de los recursos disponibles y en la determinación de “los eventuales faltantes y/o sobrantes de caja” y la consecuente vulnerabilidad a la hora de “evitar la ocurrencia de errores, omisiones o actos ilícitos”. En esta materia, la Contraloría estimó que los argumentos y antecedentes aportados por la Corporación “no permiten desvirtuar la situación reprochada”, en este caso por los denunciantes, un grupo de concejales de la capital regional.

En cuanto a los procesos de contratación de personal, el informe manifiesta que “en los últimos cinco años no se han efectuado auditorías por parte de la corporación, como tampoco, por parte de la Unidad de Control de la Municipalidad de Rancagua.” E indica que el alcalde Juan Godoy como presidente de la entidad “no ha ejercitado la supervigilancia de todo lo concerniente a la marcha de la institución y la fiel observancia de los estatutos, de las disposiciones legales pertinentes y de los acuerdos de las asambleas generales y del directorio”.

Respecto del proceso de pagos la entidad controladora manifestó que “Se evidenció una debilidad de control en la recepción de las facturas, ya que la entidad no registró en ellas la fecha en que

fueron recepcionados por la entidad para su trámite de pago, situación que podría afectar el cumplimiento del plazo de pago establecido en los respectivos contratos, tal como se ejemplifica en el anexo N° 1. b) De la revisión practicada a la documentación que respalda los egresos de pagos señalados en el anexo N° 2, se constató que las facturas electrónicas, por los servicios allí señalados, carecían de un timbre de inutilización”.

Respecto del “incumplimiento de los procedimientos de contratación”, la Contraloría Regional observa que “la contratación directa constituye una excepción al sistema de licitación pública o privada… que se utilizará en casos de emergencia, urgencia, imprevisto, casos de sismos y catástrofes, calificados mediante resolución fundada solicitada por el/la director(a) de la división contratante. En ese sentido, la entidad constató la “falta de acto administrativo que aprueba las contrataciones directas”.

Por ello el, ente contralor determinó que “a través de los decretos de pago expuestos en el anexo N° 3, la CORMUN autorizó la contratación directa, para el período 2021, por la suma de $401.984.156, para la adquisición de diferentes bienes y servicios, no obstante, en los respectivos expedientes no consta el acto administrativo que autorizó dichas contrataciones bajo la señalada modalidad de contratación”.

Cotizaciones omitidas

Sobre el punto denunciado por algunos concejales sobre “Contrataciones directas bajo la causal de emergencia, urgencia e imprevisto, no acreditada” y donde se advirtió que “por medio de los decretos de pago expuestos en el anexo N° 4, durante el período 2021, la CORMUN autorizó la contratación directa por la suma de $153.656.241, con los proveedores que se indican en la tabla siguiente, para la adquisición de diferentes servicios, utilizando la causal de emergencia, urgencia e imprevisto, sin haber acreditado dicha causal, para proceder a contratar por medio de trato directo”.

Respecto de los “Tratos directos con omisión de proceso de cotización previo” la entidad sostiene que “se constató que esa corporación municipal, para el período 2021, efectuó adquisiciones a 51 proveedores bajo la modalidad de contratación directa, omitiendo efectuar el proceso de cotización previo, respecto de adquisiciones cuya suma asciende a $2.011.387.011. A modo de ejemplo, se resume por los proveedores a quienes en el periodo sujeto a examen se les pagó un monto mayor a $40.000.000, los cuales se indican en la tabla siguiente:

El informe indica que para este tipo de contratación se requerirá un mínimo de tres cotizaciones previas, salvo que concurran las causales de los numerales 4, 5, 6, o 7 del presente artículo, excepciones que no consta que concurrieran en los casos observados”.

Lo mismo se indica para “el procedimiento de Cormun de fragmentar compras”, teniendo el mismo fin como sucedió con la farmacia comunal.

En relación al “sobre precio en adquisiciones de pruebas rápidas de antígeno”, la contraloría observó que “si se considera que por cada prueba de antígeno, la Corporación pagó la suma de $4.900 sin IVA, se observa un sobreprecio aproximado de $1.983, equivalente al 68% sobre el valor de mercado promedio”, tal cual como lo denunciaron concejales de la ciudad.

La situación de “incumplimientos a las bases administrativas”, se reiteran en el “proyecto de pintura de fachadas de los establecimientos”.

Las observaciones continúan sobre diversos ítemes y que van en la línea de ratificar las denuncias de un grupo de concejales respecto de que hubo  “tratos directos, injustificados e improcedentes”, “sobreprecios”, “trabajos pagados y no ejecutados”, “trabajos mal ejecutados”, “multas no cobradas”, tratos con proveedores próximos a la autoridad comunal. Todo ello significará que en el plazo de 30 días, los involucrados deberán devolver a las arcas de la Corporación un poco más de $100 millones por multas no cobradas, obras no realizadas y otras mal hechas. Lo singular es que se exigirá el comprobante del depósito, documento sobre el que cabe preguntarse si el actual presidente de Cormun podrá presentar.  

Es importante relevar que la mayoría de las observaciones del ente contralor son categorizadas como  de “alta complejidad”. Y tan importante como ello es un detalle en las conclusiones: el informe se remite al “Presidente, al Secretario General y a la Unidad de Control Interno, todos de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua; a las personas recurrentes; al Fiscal Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins del Ministerio Público; y a la Abogada Procurador Fiscal de Rancagua, del Consejo de Defensa del Estado, a estos últimos, para los fines que resulten pertinentes”.

La inclusión del Consejo de Defensa y de la Fiscalía Regional entre los destinatarios del Informe tuvo su consecuencia: el último día hábil del año, los concejales denunciantes solicitaron la inmediata intervención de ambos organismos ante los hechos analizados por la Contraloría y respecto de la ampliación del contrato de Recolección de Basura y Aseo, suscritos entre el municipio y la empresa Veolia.

Por todo lo anterior, es pertinente preguntarse lo que acontecerá con la administración Godoy en los dos años y medio que restan de su período y si tiene los días contados. Lo que es seguro, en todo caso, es que el “segundo tiempo” de la administración municipal, partiendo por 2023, no le resultará nada de fácil.