Por Equipo de El Regionalista
El jueves pasado, la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA convocó a su ya tradicional seminario ¿Cómo viene la temporada?, en este caso para el período interanual 2024-2025. La patronal de los empresarios del agro convocó en el salón principal del centro Metropolitan (antigua CasaPiedra) de Santiago, donde puso en escena su pliego de peticiones, en línea con lo que avanzado el año suele plantear en el Encuentro Nacional del Agro, ENAGRO.
Lo que diga la SNA no es poca cosa. Carga con 186 años de vida -está entre las organizaciones más antiguas de América hispana-, la componen 47 organizaciones de propietarios de distintas ramas de la silvoagricultura (productores frutales, hortícolas, ganaderos, lecheros, forestales, etc.) y ha tenido un activo rol opositor a los cambios que se derivaron del estallido social y que venían en el libreto tanto del nuevo gobierno como del proceso constituyente.
Con ese ánimo, la SNA cuestionó los cambios propuestos en el primer proceso constitucional (enarboló el eslogan “con los pies puestos en la tierra”, clara referencia a su juicio sobre las propuestas no aterrizadas de la Convención Constitucional). Y durante la primera ENAGRO realizada en el actual período presidencial, a meses de asumir el nuevo gobierno, las buenas formas no impidieron el asomo de la tensión en un salón abarrotado de empresarios y ejecutivos que escucharon a Boric aunque, por cierto, no habían votado por él.
En el seminario ¿Cómo viene la temporada 2024-2025? el escenario ha sido otro. Preside hoy la SNA el ex ministro de Agricultura del gobierno de Piñera II, Antonio Walker y estamos lejos de lo que los agricultores percibían como amenaza latente de cambios profundos. El nuevo gobierno y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, han procurado sostener una relación fluida con la patronal agrícola. Y las autoridades no solo no han dado la espalda a las exportaciones y a los tratados de libre comercio, que vienen de la mano con agricultura intensiva y extensiva cuyo impacto sobre el medioambiente es muy agresivo, sino que han comprometido esfuerzos para ampliar el mercado para productos silvoagropecuarios sobre todo en Asia.
En su discurso, Walker se refirió a la crisis hídrica y llamó a invertir en desaladoras y embalses (dijo que solo el 16% del agua de escurrimiento se aprovecha), a aplicar tecnología en el riego y a un rol más activo de las juntas de vigilancia de cursos de agua con el fin de enfrentar las consecuencias del cambio climático. Su categórica conclusión “no era saqueo sino sequía”, con la que ya sin timidez su organización busca deconstruir el relato del estallido, hizo recordar las acusaciones que pesaron sobre él, de ser propietario de una cantidad importante de derechos de agua.
En voz de Walker, la SNA planteó varias demandas urgentes: recuperar la seguridad en las zonas rurales, conquistar el interior de China para los productos agrícolas nacionales, acelerar un tratado de libre comercio con India, el país con más población del mundo, tratado cuyas gestiones quedaron congeladas por la pandemia.
Y también pidió más recursos para organizaciones del Estado. Más personal y capacidad fiscalizadora para el SAG y para la Dirección General de Aguas, lo necesario para resolver el atasco permanente de gestiones que implica que esta última tiene 22 mil expedientes aún sin respuesta.
En su tercer año de gobierno, la administración Boric enfrenta un empresariado agrícola menos tenso, que ha desempolvado un libreto preestallido sin detenerse en las demandas que lo apuntaban como protagonista del impacto de la producción de gran escala para exportación en el medio ambiente. Eso sí, al declarar su compromiso con el país como “potencia ecoalimentaria” ha recogido una parte del argumentario de aquel octubre. Al menos en la declaración.
